Un sindicalista de CCOO que vio cómo el PSOE-A daba prejubilaciones a intrusos: «No le dimos importancia»

La Audiencia de Sevilla ha celebrado este miércoles una nueva sesión del juicio de la pieza separada de la macrocausa de los ERE por las ayudas irregulares de 2,3 millones de euros de la Junta socialista de Andalucía a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica. Un acusado por su papel como responsable de CCOO involucrado en el proceso se ha desvinculado de los dos presuntos intrusos que cobraron prejubilaciones pese a no trabajar jamás en dichas empresas. Las indemnizaciones por despido pasaron sospechosamente de 24 a 26 beneficiarios, pero el procesado ha atribuido el desvío fraudulento de fondos públicos a una «confusión» a la que no dieron más «importancia».

En esta nueva sesión del juicio ha comparecido como acusado, entre otros, José Hurtado Quirós por su papel como entonces responsable de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO Sevilla.

La retahíla de inculpados la completan dos intrusos prejubilados en el ERE de Surcolor que no pertenecían a la plantilla; el ex consejero de Empleo Antonio Fernández; el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá; los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas; el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas; Juan Francisco Algarín Lamela como presunto testaferro de la trama fraudulenta de los ERE; los ex trabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo; el abogado Carlos Leal y los responsables de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León.

Según la Fiscalía, a principios de 2006, los responsables de Surcolor y Surcolor Óptica contactaron con el letrado «para iniciar la tramitación» de un ERE y con el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas «como persona que le pudiera facilitar la búsqueda de fondos públicos de la Junta para atender los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de las empresas».

La lista pasó de 24 a 26 beneficiarios

Para conseguir los fondos públicos, según la Fiscalía, Juan Lanzas contactó con Rivas y con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -condenado en la sentencia principal sobre el procedimiento específico de financiación de los ERE, acusado además en esta causa pero fallecido en octubre de 2020-, facilitando a este último datos de «los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción». Tras ello, la consultora Vitalia elaboró dos estudios de renta con una cuota total a pagar de 2,7 millones. La Junta de Manuel Chaves pagaría 2,3 millones.

A partir de ahí, según el Ministerio Público, Rivas, «con el conocimiento y consentimiento» de Guerrero, «instó» a los ex trabajadores de Vitalia procesados a introducir como beneficiarias a dos personas que «no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas», tras lo que el 28 de junio de 2006, Guerrero, «con el conocimiento y consentimiento» de Fernández y de Barberá, suscribió una carta dirigida a Apra Leven en la que se comprometió a abonar 2,3 millones para las prejubilaciones de 26 ex trabajadores de Surcolor.

Ayudas «sin justificación»

Para el Ministerio público, los encausados «conocían que no se había seguido procedimiento alguno, tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores, además de los costes de las dos personas ajenas a la plantilla, sin que se formulara solicitud, sin la más mínima tramitación administrativa, sin que se dictara resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna».

En ese marco, el sindicalista José Hurtado Quirós ha defendido que por la información con la que contaba CCOO, el ERE incluía a 24 trabajadores y todos quedaron «extrañados» al descubrir en los documentos que en total figuraban 26 afectados por el procedimiento, según ha asegurado, remarcando que le constaban «rellenadas 24» solicitudes personales de adhesión al ERE.

No obstante, Quirós ha explicado que, en ese momento, los representantes sindicales involucrados en la negociación pensaron que podría tratarse de algún «delegado o comercial» de Surcolor que finalmente había sido incluido. Es más, ha añadido que en una consulta en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social les fue dicho que si finalmente figuraban 26 personas incluidas en el ERE sería porque la empresa, o sea Surcolor, se habría «confundido» a la hora de redactar los documentos. «No le dimos importancia», se ha encogido de hombros.

Facturas sin relación

Quirós se ha desligado además de una factura esgrimida por el fiscal del caso en el que una «consultora vinculada a CCOO» cargaría a Vitalia una comisión del 1% por el ERE de Surcolor, según el representante del Ministerio Público.

«No tengo ningún tipo de relación», ha aseverado, afirmado que desconoce «totalmente» la factura y que la estructura provincial de CCOO «no cobraba a ninguna empresa» por participar en negociaciones, sino que sólo insistía a los trabajadores afectados para que se afiliasen. «Esos son los únicos ingresos que me constan», ha recalcado.