Las monjas excomulgadas de Belorado pierden la batalla contra el arzobispo de Burgos: serán desahuciadas

La juez ha dado la razón al Arzobispado de Burgos en la batalla judicial que enfrentaba a la Iglesia con las 8 monjas clarisas excomulgadas de Belorado, contra las que el arzobispo Mario Iceta presentó una demanda de desahucio. Las partes prestaron declaración el pasado martes, cuando quedó pendiente que la magistrada del Juzgado de Instancia de Briviesca decidiera si seguir adelante con el lanzamiento, previsto para el próximo 12 de septiembre, o si paralizarlo. El juicio quedó visto para sentencia. Este viernes, la decisión ha sido clara: ha ordenado que sean desahuciadas del Monasterio de Santa Clara de Belorado.

Ha lugar al desahucio «de la parte demandada de la referida finca, cuya posesión deberá entregar a la actora», recoge la sentencia del juzgado de la Plaza nº1 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Briviesca. El fallo dicta que se «condena a la parte demandada a que desaloje, deje libre y expedita y a disposición de la parte actora la referida finca, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hiciere voluntariamente». Ahora, tendrán que ponerlo a disposición del Monasterio cuyo Superior Mayor es el Comisario Pontificio, es decir, el arzobispo Mario Iceta.

Antes de entrar en dependencias judiciales el pasado martes, las ex monjas dedicaron unas palabras a Mario Iceta, al que tacharon de «cobarde» por mantenerse «escondido», dado que el arzobispo de Burgos no se personó. Sus abogados fueron en su representación. Los pasos del también comisario pontificio de los monasterios de Orduña y Derio, aseguraron, responden a «su propia ambición para quedarse con el monasterio». En ese mismo discurso dijeron encomendarse a la «justicia divina». «Nos sometemos a este juicio, pero vivimos del juicio de Dios», aseguraron.

Las declaraciones se produjeron después de dos señalamientos que fueron suspendidos. Además, la Justicia no ha sido tampoco favorable con las ex monjas en ocasiones previas, dado que la recusación que presentaron las clarisas en el procedimiento de desahucio fue rechazada por la Audiencia Provincial de Burgos, el pasado mes de julio.

También el Tribunal Superior de Justicia de Madrid inadmitió un recurso con el que pretendían hacer de las entidades monásticas de la Católica de Derio y Belorado «asociaciones civiles culturales». Éste lo presentó la ex abadesa Laura García de Viedma. Sí que se les reconoció el derecho a separarse de la Iglesia Católica.

Por otro lado, solicitaron la impugnación del nombramiento de Mario Iceta como comisario pontificio y administrador y representante legal de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio. Los tribunales han rechazado en todo momento que se haya vulnerado el principio de igualdad o de asociación.

Hace ya más de un año el arzobispo decidió echar a las monjas de la Iglesia por su negativa a comparecer ante el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Burgos, al que no reconocían su autoridad, con el fin de ratificar su deseo de abandonar la institución católica. Fue entonces cuando también confirmó que iniciaría un proceso judicial para ejecutar el desalojo de las hermanas, y así sacarlas del convento que se resisten a abandonar.

El arzobispado creó una comisión gestora para asumir el pago urgente de las deudas de las monjas, que ascendía a 20.000 euros, y desembolsó 11.000 euros para cubrir facturas de la luz, ingredientes que las religiosas usaron para sus recetas de repostería y gastos en cartonería; con los 9.800 euros restantes se pagaron los once salarios y cuotas de la Seguridad Social pendientes.

Las ya ex clarisas estaban bajo la tutoría del falso obispo Rojas y su portavoz Ceacero, a los que expulsaron del convento cuando conocieron que el Arzobispado asumiría la deuda. Se les consideraba, desde el momento en el que las monjas se amotinaron, como los cerebros del conflicto y como los líderes de una secta, por incitar a las religiosas a romper con la Iglesia católica por intereses inmobiliarios.