La familia del soldado ahogado en Cerro Muriano denuncia que el capitán sigue al mando del batallón

La familia de Carlos León Rico, el soldado ahogado en el lago de la base de Cerro Muriano (Córdoba) junto al cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, ha alertado de que hasta el despacho de su representación letrada han llegado informaciones de miembros del Ejército que apuntan a que el capitán investigado en la causa seguiría «parcialmente al mando» y dirigiendo aún maniobras pese a que le fue retirado el mando de la brigada Guzmán el Bueno X.

El abogado Luis Romero, que representa a la familia del soldado fallecido el pasado 21 de diciembre, ha celebrado este lunes una rueda de prensa para actualizar la información relativa al caso, explicando que varios militares le han comunicado «por videoconferencia» que el capitán Ignacio Zúñiga, investigado en esta causa que sigue el Juzgado Togado Militar nº 21 de Sevilla, continuaría «parcialmente al mando» y aún «dirigiendo maniobras», a pesar de que tras los acontecimientos se anunció su retirada del mando de la citada brigada.

Según el letrado, la información trasladada por estos militares aludiría a que el capitán incluso habría dirigido ejercicios en los que participaban efectivos que tomaron parte en la fatal maniobra saldada con dos militares ahogados.

El abogado ha manifestado que, de ser cierto, tal extremo sería «una vergüenza», explicando que la representación de la familia del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar ha solicitado ya «comprobar» si el capitán Zúñiga está verdaderamente apartado de todo mando de manera «absoluta» o si está aún dirigiendo ejercicios, una petición a la que se ha adherido en nombre de los padres del soldado Carlos León Rico. De este modo, el letrado ha avisado de que las autoridades militares deben reaccionar ante estos «rumores».

Pruebas periciales y comparecencias

La defensa del soldado ha recordado que las partes del procedimiento judicial están citadas este martes en la base de Cerro Muriano para una «prueba pericial sobre la flotabilidad de las mochilas» que acarreaban los efectivos que participaron en la trágica y polémica maniobra.

Igualmente, el abogado Luis Romero ha asegurado que le han sido notificadas «las medidas de seguridad» que reglamentariamente corresponderían a un ejercicio como el de los hechos en cuestión, señalando supuestos incumplimientos como la ausencia de una «instrucción específica» a los efectivos, la falta de «señalización en la orilla opuesta» del lago que habían de cruzar los militares o la presencia de personal especial «de seguridad y rescate».

También ha insistido en reclamar que además del capitán, el teniente y el sargento, sean investigados en la causa el resto de la cadena de mando, es decir, el general de la Brigada Guzmán el Bueno X del Ejército de Tierra, dos coroneles -el que aprobó las maniobras y el que estaba al mando aquel día-, el teniente coronel y el comandante.

La viuda del cabo pide abrir un sobre

Por su parte, el abogado de la viuda del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar ha solicitado al Tribunal Militar Territorial Segundo la apertura de un sobre que entregó el capitán investigado -en calidad de testigo cuando lo aportó- en relación a esta causa y que incluiría nombres y detalles inéditos de lo ocurrido.

Según ha expuesto el letrado Antonio Granados en un recurso de queja, «el contenido de dicha prueba debe de ser comunicado a las partes de manera inmediata, incluso, suspendiendo el curso de las actuaciones hasta el conocimiento del mismo, por si de su contenido se pudiera conocer si existen otras personas implicadas, o detalles del ejercicio que hasta el momento no se conocen y que pudieran cambiar el rumbo de esta instrucción».

Así lo remarca el abogado después de que el juez togado militar expresara hace unos días que será él «quien determinará el momento procesal oportuno en orden, y en su caso, realizar trámite alguno respecto del citado informe, previa valoración de los derechos y garantías de defensa que le asisten, a quien en este momento procesal ostenta la condición de investigado».

En opinión de Granados, la resolución emitida por el juez togado ante la petición «no se ajusta a derecho, ya que, discrecionalmente -algo que está prohibido por nuestro ordenamiento jurídico-, decidirá cuándo dar a conocer a las partes -las cuales tenemos derecho a conocer- una prueba aportada por un testigo que puede influir en la instrucción del procedimiento», por lo que «esta circunstancia de discrecionalidad está produciendo una manifiesta indefensión en las partes personadas en este asunto», subraya.

Al respecto, el letrado enfatiza en su recurso que no se puede olvidar que «el origen de este sumario radica en la muerte de dos personas, de las que también se deben de salvaguardar y garantizar sus derechos -en este caso a través de las acusaciones particulares- en igualdad de condiciones que con respecto a los investigados».

De este modo, «siendo el informe -presentado en sobre cerrado por el capitán- una prueba documental aportada por un testigo -ahora investigado-, no habiéndose decretado el secreto de sumario y estando delimitado el juzgado competente para el conocimiento y esclarecimiento de los hechos», considera que el contenido del mismo debe ser comunicado «de manera inmediata, incluso suspendiendo el curso de las actuaciones».

Por ello, suplica al Tribunal Militar Territorial Segundo que dicte la resolución oportuna por la que ordene al Juzgado Togado Militar Territorial nº 21 de Sevilla que, «de manera inmediata y sin demora, abra el contenido del sobre cerrado aportado por el capitán, en presencia del secretario relator para dar fe del contenido y dé traslado testimonial del mismo a las partes personadas para su conocimiento».