Todo lo que sabemos sobre la muerte de los dos militares en Cerro Muriano

Han pasado 36 días desde que el 21 de diciembre fallecieran dos militares ahogados en el lago artificial de la base de Cerro Muriano, en Córdoba, durante la ejecución de unas maniobras acuáticas. El caso ha recaído en el Juzgado Togado Militar nº 21 de Sevilla. Hasta que concluya la investigación y se depuren responsabilidades, lo que se sabe hasta el momento es lo siguiente:

Aquel jueves, los militares se habían levantado a las 5:00 horas. Era el último día de instrucción antes de las vacaciones de Navidad y acumulaban jornadas previas muy duras, con poco descanso y varios ejercicios a sus espaldas. A las 9:00 horas, un pelotón de 60 soldados debía afrontar un entrenamiento militar denominado cruce de paso de río, esto es, vadear el lago, de 109 metros de ancho y tres de profundidad, de orilla a orilla.

Las condiciones climatológicas no eran las idóneas: frío intenso, unos 2-3 ºC, y poca visibilidad. El agua, muy turbia y casi helada, tenía bastante fango aquella mañana. El grupo advirtió al capitán de que la maniobra iba a ser muy complicada y que quizá era mejor posponerla. El oficial dio la orden de seguir adelante. Según un testigo, dijo: «Me suda la polla todo, todo el mundo para adentro».

Las instrucciones eran claras: no cogerse a la cuerda salvo en «caso extremo de vida o muerte» y, si hay problemas, «patalead agarrados a las mochilas» para mantenerse a flote. «Esto es como en la guerra, se corren riesgos», manifestó el capitán.

El fatal ejercicio

Se lanzaron al agua 15 de los 60 soldados. El resto se quedaron en tierra esperando su turno. Al uniforme, el casco, las botas militares, el fusil y una mochila de ocho kilos, hay que sumar la mina simulada de 3,5 kilos que una veintena de militares llevaban en el macuto como castigo por no ejecutar correctamente algunos ejercicios en los días anteriores. Más, huelga decirlo, el peso extra que supone empaparse.

Se tiraron los 15 a la vez, situación difícil de gestionar, según recalcan los testigos. Poco después de zambullirse empezó el caos. Las mochilas, que debían servir de flotador, resultaron no ser estancas y se llenaron de agua. Además, según la acusación particular, no había línea de vida (una cuerda de acero a la que pueden asirse con un mosquetón o similar en caso de necesidad), sino una cuerda que, sujeta a dos árboles, hacía de guía, pero no estaba tensa y se hundió aún más cuando los soldados recurrieron a ella. Fue instalada por dos sargentos que reconocieron que no tenían formación para ello.

Los militares en la orilla observaban cómo a la mayoría de sus compañeros les costaba mantenerse a flote. Se comenzaron a oír los primeros gritos pidiendo socorro. Los testigos relataron a la Guardia Civil unos segundos de incertidumbre que rápidamente se tornaron en pánico. «¡El Cabo Jiménez se está ahogando!». «¿Cómo se va a estar ahogando?», replicó un teniente. Cuando se dieron cuenta de la gravedad de la situación, ya había poco margen de reacción. No se contaba con un plan de riesgo. El capitán ordenó soltar un extremo de la cuerda para, desde la orilla, intentar tirar de los hombres bajo el agua, pero les dejó sin el poco apoyo que tenían y se hundieron aún más hacia el fango.

Algunos de los soldados en tierra se lanzaron al agua para auxiliar a sus compañeros. Cuentan que la sensación de frió fue tal que se quedaron sin respiración, con la mandíbula entumecida y sin poder articular palabra. Uno de los que se tiró al lago fue el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar. Murió tratando de salvar vidas. La otra víctima fue el soldado Carlos León Rico, uno de los 15 que formaban el primer grupo. Los testigos relatan que el capitán saltó al agua «sólo al final», cuando se percataron de que no estaba el cabo Jiménez. Dos personas se dieron por desaparecidas. Sus cadáveres fueron localizados ya por la tarde por efectivos del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), el primero pasadas las 15:00 y el segundo poco antes de las 17:00 horas.

Justicia civil o militar

Miguel Ángel Jiménez Andújar estaba casado y esperaba un bebé. Había ingresado en el Ejército en 2011 y tenía dos condecoraciones al mérito tras haber participado en las misiones de Líbano y Letonia. Era natural de Adamuz y vivía en Villafranca de Córdoba. Tenía 34 años.

Carlos León Rico, de 24 años, era soltero y natural de El Viso (Sevilla). Ingresó como soldado en el Ejército de Tierra el pasado 8 de mayo y estaba destinado en el Regimiento de Infantería La Reina 2.

Además de las dos víctimas, un soldado fue rescatado en parada cardiorrespiratoria y reanimado a tiempo por otro militar. Otros cinco entraron en hipotermia, uno de ellos de manera grave. Este último y el militar que sufrió el paro cardíaco fueron evacuados al hospital Reina Sofía de Córdoba.

Las familias de las víctimas denuncian que aquel día estuvo repleto de negligencias: no había medidas de seguridad ni salvamento en el entorno del lago, como tampoco personal sanitario o facultativos de emergencia. Es decir, ni socorristas ni médicos ni enfermeros ni salvavidas ni flotadores ni lanchas. La ambulancia de la base tardó 15 minutos en llegar.

El Ejército de Tierra reaccionó apartando al capitán de sus funciones. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Córdoba, que poco después dio un paso al lado para inhibirse en favor de la jurisdicción militar, que ha imputado al capitán al mando de las maniobras, a un teniente y a un sargento.

El abogado de la familia del soldado sevillano, que ejerce también como acusación particular, ha ampliado la denuncia al general de brigada, dos coroneles (el que aprobó las maniobras y el que estaba al mando aquel día), el teniente coronel, el comandante y otro teniente más (unos como autores y otros como cooperadores necesarios), extendiendo la misma al Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario.

El letrado Luis Romero Santos, defensa de Carlos León Rico, considera los hechos como dos homicidios dolosos eventuales, delito que recoge el Código Penal pero no el Código Militar, más laxo, por lo que intentará que la investigación vuelva a la justicia ordinaria para que las sanciones sean más duras.