El capitán de Cerro Muriano no hizo caso a sus militares: «No se dan las condiciones para el ejercicio»

Varios militares advirtieron al capitán de Cerro Muriano de que no se daban las condiciones idóneas para realizar el ejercicio en el que fallecieron ahogados un soldado y un cabo, e incidieron en que lo mejor era dejarlo para otro día, según ha denunciado el abogado de la familia de Carlos León Rico, una de las víctimas. Aquella mañana, los militares se habían levantado a las 5:00 horas y el oficial dio la orden de ejecutar las maniobras a pesar del intenso frío, unos 2-3 ºC, y la escasa visibilidad en el lago. Aun con circunstancias adversas, el capitán siguió adelante: «Esto es como en la guerra, se corren riesgos».

En un comunicado difundido a los medios de comunicación, el abogado Luis Romero ha detallado toda la información recabada a raíz de los hechos. En primer lugar, que «no se cumplieron las normas de seguridad e higiene en el trabajo ni hubo ni se respetó un plan de prevención de riesgo», ya que no había línea de vida -una cuerda de sujeción que les uniese a todos, fijada a su vez en un elemento fuera del lago-, sino una cuerda guía que fue instalada por dos sargentos que reconocieron que «no estaban cualificados para ello». Tampoco había personal sanitario en el entorno del lago.

A la finalización de las maniobras, los nuevos militares incorporados al centro de formación recibirían la tradicional boina de la unidad. Para ello debían de cruzar el lago, unos 100 metros de orilla a orilla, sin usar las manos. Además del uniforme, el casco, las botas y el fusil, llevaban consigo una mochila de ocho kilos, y algunos de ellos una mina inerte como castigo por no ejecutar correctamente ejercicios previos, elevando el peso del macuto hasta los 12 kilos.

El capitán ordenó no agarrarse a la cuerda que marcaba la ruta salvo «en caso extremo de vida o muerte», y cuando varios militares intentaron asirse a ella no aguantó el peso y se hundieron, por lo que el oficial pidió soltar uno de sus extremos con el objetivo de tirar de los hombres ya sumergidos bajo el agua. El resultado fue justo el contrario, provocando un efecto látigo que los hundió aún más hacia el fango.

El abogado ha indicado que el agua del lago, con una profundidad de algo más de tres metros, estaba turbia y próxima a congelarse. Varios militares han confesado que tenían las mandíbulas bloqueadas, no podían ni hablar y se les hacía muy difícil nadar (algunos de ellos fueron evacuados al hospital con síntomas de hipotermia), lo que se suma a la escasa visibilidad que reinaba aquella fatídica jornada.

El letrado también ha hecho hincapié en que las mochilas no eran estancas, por lo que no flotaban si se llenaban de agua, a pesar de que se había informado a los soldados de que debían llevarla a modo de flotador. Diversos testimonios aseguran que poco después de saltar al agua los 15 soldados más los cabos, sargentos y tenientes, se comenzaron a oír gritos de «¡socorro!» y «¡me ahogo!».

Una vez desatado el caos, la reacción fue tardía. No había medidas de seguridad ni salvamento: ni ambulancias ni médicos ni enfermeros ni lanchas en la zona. El abogado recalca que «el capitán no entró en el lago en un primer momento ni cuando surgieron los primeros problemas» y sólo se «lanzó al agua para ayudar una vez se constató que el cabo había desaparecido». Fue el oficial quien llamó al 112, pero la ambulancia tardó 15 minutos en llegar al lago.

La defensa de la víctima remarca la «falta de diligencia debida tanto por parte del capitán como de los tenientes y los jefes de la cadena de mando» que autorizaron los ejercicios en dichas circunstancias. La denuncia al capitán se ha ampliado para que se investigue también al coronel, al teniente coronel y al general de brigada por dos presuntos delitos de homicidio «por dolo eventual y omisión», extendiendo la misma al Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario.

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Córdoba que investigaba la causa se inhibió este martes a favor del Juzgado Togado Militar nº 21 de Sevilla, si bien el abogado Luis Romero ya ha anunciado que interpondrá recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, ya que los delitos citados no se pueden juzgar en un tribunal militar. Al respecto, la Asociación de Tropa y Marinería Española ha advertido de que en la justicia militar «hay corporativismo y las sanciones son más benévolas».