Los militares de Cerro Muriano «tienen miedo» y denuncian «presiones» del Gobierno para guardar silencio

Los compañeros de los militares ahogados durante unas maniobras en un lago de la base de Cerro Muriano (Córdoba) «tienen miedo» de hablar y están recibiendo «presiones» del Ministerio de Defensa para guardar silencio sobre lo ocurrido el pasado 21 de diciembre en la sede de la Brigada Guzmán el Bueno X.

Así lo ha denunciado este miércoles el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), Marco Antonio Gómez, que ha recalcado que los castigos en el Ejército son «ilegales y están prohibidos». Recordemos que además del uniforme, el casco, las botas, el fusil y una mochila de ocho kilos, 20 de los 60 militares cargaban con peso extra -una mina inerte de 3,5 kilos- como castigo por no ejecutar correctamente ejercicios previos. En las maniobras fallecieron el soldado Carlos León Rico, de 24 años, y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, que se lanzó al agua para socorrer a sus compañeros. El cabo, de 34 años, estaba esperando un hijo.

El abogado de Carlos León Rico denunció que el ejercicio no contaba con un plan de seguridad en previsión de problemas, que no había personal sanitario y que la ambulancia tardó 15 minutos en llegar al lugar de los hechos. «Todo fue un cúmulo de negligencias», lamentó.

Este jueves, en una entrevista en Canal Sur Radio, el presidente de ATME ha trasladado sus «condolencias a las familias» y ha defendido que «el caso se quede en la justicia civil», porque «presuntamente, y ya se han dado casos, como pasó lamentablemente con un compañero de Almería, existe un corporativismo dentro de la justicia militar y las sanciones suelen ser más benévolas». «Para evitar eso, somos partidarios de que vaya a la justicia civil. Mientras estemos en zona nacional y no en zona de operaciones, que es más complicado, tenemos que ser juzgados como cualquier ciudadano», ha expuesto, insistiendo en que el caso debe recaer en un juzgado civil «para que lo que tenga que ocurrir ocurra sin ningún tipo de injerencia por parte de cuadros de mando que juzgan a propios militares».

Tras enfatizar que «hay que andar con mucha precaución y respetar siempre la investigación», Gómez ha apuntado a una presunta «serie de fallos en cadena que propiciaron el grave desenlace de los dos compañeros», como el hecho de que «la línea de vida no era la adecuada, sino una cuerda mal puesta, cuando una línea de vida tiene que ir con un montaje especializado por personal especializado», que «no hubiese una zodiac o balsas para que en un momento alguien se pudiese agarrar si no podía terminar de nadar o flotar», o que «la ambulancia no estuviese a una distancia adecuada para socorrer al personal en ese momento».

Además, «el cúmulo de situaciones que se dieron agravó la situación»: «Si el capitán vio en ese momento que las condiciones no eran las idóneas, si las inclemencias del tiempo y la situación del personal no eran las adecuadas, podía perfectamente haber suspendido el ejercicio, informando a su cadena de mando orgánica», ha remarcado.

La defensa del soldado ahogado precisó este miércoles que la mochila utilizada en el ejercicio no era estanca, por lo que se llenó de agua y no sirvió de salvavidas, que la cuerda de seguridad extendida para marcar la ruta no aguantó el peso de quienes intentaron agarrarse a ella y que cuando el capitán dio la orden de soltar la cuerda de uno de sus extremos para intentar tirar de los militares que estaban sumergidos bajo el agua, provocó el resultado contrario, un efecto látigo que los hundió aún más. Previamente, el capitán había dado la orden de no agarrarse a la cuerda, ya que el ejercicio consistía en cruzar el lago, unos 100 metros de orilla a orilla, sin usar las manos, y «sólo al final» decidió lanzarse al agua para ayudar a los soldados. El abogado ampliará su denuncia contra el capitán y extenderá la misma a toda la cadena de mando y al Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario de dos delitos de homicidio «por dolo eventual y omisión».

Al respecto, el presidente de ATME ha explicado que «los programas de instrucción vienen por la cadena orgánica de la Unidad a nivel Brigada, que aprueba una serie de protocolos de actuación en las maniobras y luego se desarrollan dentro de las unidades», pero «no pueden entrar desde arriba al mínimo detalle de lo que se pueda hacer en ese tipo de ejercicios». «Son las unidades orgánicas las dependientes de ese ejercicio en ese programa de instrucción las que desarrollan dentro de lo ya marcado, y cuando uno va de maniobras puede haber pequeños detalles que se pueden modificar sobre la marcha, pero no se puede modificar sustancialmente el ejercicio en sí», ha precisado el dirigente de ATME.

Así, Gómez ha declarado que «en ese momento, el máximo responsable es el capitán», puntualizando que «el mando no se delega y es responsabilidad del mando para lo bueno y para lo malo», de manera que «si allí no había ningún mando superior, el jefe era el capitán y no puede haber otra línea de actuación».

Ministerio de Defensa

En concreto, la ATME ha elevado una serie de preguntas al Ministerio de Defensa, «que se van a ampliar», y quieren hacer suyas «las palabras que dijo la ministra», Margarita Robles, para que «nadie tenga miedo de decir la verdad» y para que «el Ministerio de Defensa conteste con la verdad».

Gómez ha avanzado que representantes de la ATME estarán este jueves en Córdoba para «dar una charla» con un grupo de asesoramiento jurídico y abogados. «Ya estamos recibiendo mensajes de soldados de Cerro Muriano diciendo que les están presionando para que no acudan y sepan cuáles son sus derechos. Y eso no es dar la libertad a los soldados para que puedan hablar libremente», ha advertido.

Después de asegurar que han contactado con los compañeros de los dos militares que murieron en Cerro Muriano, Gómez ha relatado que «hay muchísimo miedo» y les han transmitido que «la cosa está muy mal, hay muy mal ambiente y tienen mucho miedo con las presiones que están recibiendo en la unidad».

En cualquier caso, ha indicado que confían en que «Defensa haga las cosas como tiene que hacerlas, que no ocurra como en otras ocasiones, que al final cuando se ha sabido la verdad y la investigación ha salido a la luz se ha visto que Defensa se ha puesto un poco de perfil». Así, espera que «vaya de frente, que las cosas se hagan bien, que se deje trabajar a la justicia, que la investigación vaya adelante, pero, sobre todo, que no haya ningún tipo de injerencia, que no les metan miedo a los soldados y que los dejen hablar».

En definitiva, el presidente de ATME ha defendido que «hay que dejar que la verdad salga adelante, porque se han perdido dos vidas humanas y hay dos familias rotas para toda la vida».

Los castigos

Preguntado por si hubo castigo en estas maniobras, el dirigente de ATME ha señalado que «hay que ser muy cautelosos» al respecto, aunque sí ha aclarado que «los castigos físicos dentro de las Fuerzas Armadas son ilegales y están terminantemente prohibidos». «Partiendo de esa base, hay una línea muy delgada y muy complicada de demostrar, que es separar la instrucción de un castigo físico», ha añadido.

Como ejemplo, ha citado que han tenido «denuncias en casos de compañeros donde han tenido abuso de autoridad, con abuso de ejercicio físico», pero «es muy complicado», ya que «la mayoría de los soldados aceptan castigos, entre comillas, no implícitos en la orden, porque no quieren que les arresten por miedo».

En este sentido, si hubo un lastre en la mochila de los soldados que realizaron las maniobras en el lago de Cerro Muriano «lo tendrá que determinar la investigación», pero «si fue un castigo, eso está terminantemente prohibido y es ilegal», ha incidido.

Jurisdicción militar

En este caso, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Córdoba, que investigaba la causa, ha dictado un auto en el que acuerda su inhibición en favor de la jurisdicción militar al considerar que ésta es la competente para ello, según informó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La Fiscalía Provincial considera que la jurisdicción militar debe «continuar con la investigación», según comunicó el Ministerio Público en un informe remitido al juzgado cordobés. Las familias de ambos militares, recordemos, están personadas en las diligencias.