Los policías que protestaron ante el casoplón de Iglesias ganan el pulso: Interior archiva sus expedientes

Los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil que el 6 de marzo de 2020 se manifestaron a las puertas del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero han doblado el pulso al Gobierno. El Ministerio del Interior ha archivado finalmente los expedientes disciplinarios que había abierto a los agentes de policía. Previamente ya se había dado carpetazo a las diligencias judiciales y a los expedientes a los guardias civiles que también participaron en la protesta.

Ahora, tal como consta en un documento de la Dirección General de la Policía que desvela OKDIARIO, se ha acordado «el archivo de las actuaciones sin declaración de responsabilidad disciplinaria para» los tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía que tomaron parte en la manifestación por la igualdad salarial.

La resolución que firma el director general de la Policía, Francisco Pardo, y la inspectora coordinadora de expedientes disciplinarios, Laura Matesanz, expone que «debe advertirse que la reunión transcurrió sin incidencia alguna, por un breve espacio de tiempo y sus integrantes se mostraron en todo momento con una actitud pacífica, tranquila y colaboradora (folio 69 y 71)».

Se resuelve que los agentes «se limitaron a ejercer un derecho constitucional que, por sí solo, no implica la comisión de una infracción disciplinaria porque no consta que se profirieran frases descalificadoras, insultos o amenazas, ni quebrantaran el perímetro de seguridad señalizado en la vivienda».

Así, consideran «probado» que «los inculpados como participantes de la concentración no superaron los límites permitidos, esto es, únicamente adoptaron una posición pacífica de protesta carente de relevancia disciplinaria y, por ello, procede exonerar de responsabilidad disciplinaria a los funcionarios aquí expedientados por los hechos que se dilucidan».

Desde Jusapol aplauden la decisión. «Hace un año compañeros que pedían equiparación ya e igualdad en Galapagar usaron el famoso jarabe democrático, que no sienta igual de bien cuando lo das que cuando lo recibes», expresan. «Les imputaron delitos y abrieron expedientes. Hoy gracias a nuestro trabajo y servicios jurídicos están archivados», agregan.

Así, recuerdan que los agentes «pancarta en mano quisieron mostrar su indignación por el veto del Gobierno a nuestra Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en Galapagar. Sólo se pedía igualdad haciendo uso de lo que tantas veces se dijo y que era válido, el jarabe democrático». Subrayan que se «cumplió de forma escrupulosa y respetuosa» pero «aún así fueron identificados por la Guardia Civil que era la encargada de la seguridad en esa calle y sin poner impedimentos y atendiendo a sus indicaciones se puso fin a la concentración con la sensación de que alguien se había molestado mucho».

Falta grave y muy grave

«A pesar de que se cumplieron las exigencias de la Ley, el jarabe democrático se convirtió en un largo y amargo trago autoritario. Se abrieron diligencias judiciales contra los compañeros y por parte de las dos direcciones generales expedientes disciplinarios por falta grave y muy grave», recuerdan.

«Un año de persecución para quienes lucharon por la igualdad de todo un colectivo. No tenemos gracias suficientes para compensaros este año», esgrimen. «Durante estos largos meses hemos tenido muy presentes nuestros lemas porque en esta familia nadie lucha solo, tenemos prohibido rendirnos y la unión de los policías nacionales y guardias civiles es nuestra fuerza», concluyen desde Jusapol.

Como recogió OKDIARIO hace un año, este grupo de policías y guardias civiles de la asociación Jusapol protestaron el viernes 6 de marzo frente al chalet del vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad, Pablo Iglesias e Irene Montero, respectivamente, para reclamar la equiparación salarial que Podemos prometió.

Bajo una pancarta con el lema ‘A igual trabajo igual sueldo. Justicia Salarial’, una decena de manifestantes protagonizaron un escrache frente a la casa de los dirigentes de Podemos. Tras unos minutos de protesta, efectivos de la Benemérita con uniforme oficial acudieron al lugar tras el aviso de los agentes que trabajan en la garita fija frente al célebre chalet y procedieron a identificar a sus compañeros.

Estos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lamentaban con su protesta que Podemos siempre les había apoyado a través de su ex diputado y guardia civil Juan Antonio Delgado Ramos. Este ex parlamentario, que no faltaba a ninguna manifestación, llevaba semanas sin mostrar apoyo público a sus compañeros.

La gota que colmaba la paciencia de los agentes había sido el veto de PSOE y Podemos a la Iniciativa Legislativa Popular de subir el sueldo a Policía y Guardia Civil en el Congreso de los Diputados. Seis diputados socialistas y morados bloqueron esa semana el debate sobre esta petición que ha recogido 550.000 firmas.

«Estamos aquí para decirle a Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, que queremos igualdad salarial con los Mossos d’Esquadra, y que es un problema que llevamos arrastrando desde hace 30 años», señaló ese día la portavoz de Jusapol. Corearon diferentes consignas, megáfono en mano, a favor de la igualdad salarial entre cuerpos policiales. A continuación, se quejaron por ser identificados, según ellos, por una orden del Ministerio del Interior. Denunciaron que una persona les grabó las caras mientras protestaban.

Este colectivo reclamaba igualdad salarial «real» de Policía y Guardia Civil con otros cuerpos autonómicos. Una circunstancia que afecta a 88.000 agentes y a 150.000 personas, incluyendo a sus familias. Los agentes se manifestaron delante de las puertas de las Cortes en señal de protesta.

A pesar de esa protesta, 6 votos frente a 3 tumbaron la iniciativa por suponer un «aumento del gasto presupuestario», una prerrogativa que contempla la Constitución cuando la medida afecta a los PGE, pero que su aplicación en este caso es más que cuestionable porque el Ejecutivo seguía gobernando en ese momento con los Presupuestos prorrogados de 2018. De hecho, Vox, que se opuso junto al PP al veto de esta iniciativa y que reclamó su debate, anunció que iba a llevar esta decisión del Gobierno al Tribunal Constitucional.

Así, los diputados que vetaron el debate de la ILP fueron la propia presidenta, Meritxell Batet (PSOE), el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), la vicepresidenta tercera, Gloria Elizo (Unidas Podemos), el secretario primero, Gerardo Pisarello (Unidas Podemos), la secretaria segunda, Sofía Hernanz (PSOE), y el secretario tercero y Javier Sánchez Serna (Unidas Podemos).