La Audiencia absuelve a cuatro policías acusados por el hijo del ex ministro socialista Cosculluela

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los cuatro agentes de la Policía Nacional acusados de detención ilegal por dos hijos del ex ministro socialista Javier Sáenz de Cosculluela. La sentencia, de 46 páginas, rechaza íntegramente la querella presentada por la familia y concluye que las detenciones fueron «un acto justificado». En un giro procesal, condena a uno de los hijos por un delito de resistencia a dos meses de prisión, sustituidos por multa de 720 euros, y le obliga a indemnizar con 200 euros a dos agentes heridos.

De esta forma, la defensa de los cuatro policías, ejercida por los letrados Juan Antonio Frago, Jorge Álvarez y Luis P. Garcés, ha obtenido una victoria judicial tras cuatro años de proceso. Los agentes quedan absueltos de todos los cargos y sin responsabilidad civil alguna.

El caso se remonta a la noche del 20 de marzo de 2021, en pleno toque de queda por la pandemia, cuando los hermanos fueron agredidos a la salida de un bar en la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid. Uno de ellos recibió un fuerte golpe en la cabeza con el casco de su hermano Lucas, causándole una herida sangrante que requirió sutura hospitalaria.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al primero «fuera de sí, vociferando» y con «gestos exagerados con los brazos», según recoge el fallo. Los agresores ya habían huido. La situación derivó en un enfrentamiento entre los hermanos y los policías que acabó con tres detenciones.

La familia presentó una querella por detención ilegal y lesiones contra los cuatro agentes intervinientes, representada por el ex ministro Javier Sáenz de Cosculluela, letrado de sus hijos. En el juicio, celebrado en septiembre de 2025, alegaron que fueron «maltratados» y «vejados» sin causa legal. Solicitaban indemnizaciones de 2.000 euros por daño moral para cada querellante, además de las cantidades por lesiones.

El Ministerio Fiscal no respaldó la acusación de detención ilegal. Por el contrario, acusó a los hijos del ex ministro de atentado a agente de la autoridad y a una nuera del ex dirigente socialista de desobediencia grave, solicitando año y medio de prisión para los hermanos.

Detención ilegal rechazada

El tribunal ha rechazado tajantemente la acusación de detención ilegal. La sentencia concluye que «no consta que los agentes de la policía acusados hubieran detenido de manera indebida ni sin causa legítima» y que no «incumplieron las garantías institucionales de carácter legal y constitucional». Los magistrados subrayan que las detenciones estuvieron «justificadas en función de las circunstancias que concurrían».

El fallo destaca que otras personas presentes en el lugar, como otra una novia, una prima y un amigo no fueron detenidas porque su «actitud fue correcta y pacífica». Sólo fueron arrestados quienes presentaban comportamiento hostil hacia los agentes.

Los magistrados han absuelto también a los dos hermanos del delito de atentado que les atribuía el fiscal, considerando que sus acciones no alcanzaron la relevancia penal suficiente. No obstante, han condenado a Pablo por resistencia menos grave.

Según el fallo, uno de ellos «opuso una resistencia que él mismo reconoce» cuando intentó arrebatar la defensa a uno de los agentes. Ambos cayeron al suelo en el forcejeo y fue necesaria la intervención de dos agentes más del indicativo. Durante la reducción resultaron heridos levemente dos policías, con lesiones que tardaron dos días en curar.

El tribunal ha apreciado una circunstancia atenuante: reconocen que actuaba bajo los efectos de un traumatismo craneoencefálico leve y un estado de alteración extrema. En el hospital Gregorio Marañón tuvieron que contenerle mecánicamente debido a su «situación de agitación». Esta valoración ha sido determinante para rebajar la pena y sustituir la prisión por multa.

Las costas se han declarado de oficio, sin que ninguna parte tenga que abonarlas. El tribunal no aprecia «mala fe ni temeridad» en la acusación de la familia, aunque ha sido desestimada, al haberse abierto juicio oral por el delito de detención ilegal.

Cuatro años después de aquella madrugada del confinamiento, la justicia cierra un expediente que enfrentó el apellido de un exministro socialista contra cuatro agentes de a pie. La familia que invocó desde el primer momento la supuesta ilegalidad de su detención ha visto rechazadas todas sus acusaciones. Los policías que fueron señalados públicamente en medios de comunicación salen respaldados por la Audiencia Provincial. Uno de los hijos del exministro, sin embargo, sale condenado por resistirse a quienes, según su padre-abogado, le detuvieron ilegalmente.