El PP carga contra el Gobierno por cambiar el examen MIR sin consenso con comunidades ni expertos

El Gobierno de Pedro Sánchez, con la complicidad de su ministra de Sanidad, Mónica García, está poniendo en riesgo uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario español: el proceso MIR. Lo que durante décadas ha sido un modelo ejemplar, basado en el consenso, el rigor y la independencia técnica, hoy se ve amenazado por una gestión autoritaria, improvisada y sin diálogo.

Los cambios unilaterales impuestos, que han provocado la dimisión en bloque de los expertos encargados de elaborar el examen, reflejan un desprecio absoluto por los profesionales, las comunidades autónomas y los miles de aspirantes que preparan con años de esfuerzo su acceso a la especialización médica. Estamos ante un ataque sin precedentes a la credibilidad del sistema sanitario por parte de un gobierno que prefiere el control político al criterio técnico.

El Partido Popular ha reclamado al Ministerio de Sanidad una «rectificación inmediata» ante el riesgo de que la convocatoria del MIR 2026 se vea comprometida por el «caos generado» tras la dimisión en bloque del comité técnico encargado de preparar las pruebas.

En un comunicado, el diputado popular Antonio Martínez Pastor ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que asuma responsabilidades y que restablezca el diálogo con los expertos y las comunidades autónomas para garantizar un proceso «riguroso, transparente y profesional, como ha sido hasta ahora».

Según Martínez Pastor, el Ministerio ha decidido modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo, la retribución y la estructura de los comités técnicos encargados de elaborar los exámenes de acceso a las especialidades sanitarias. Esta decisión habría provocado la salida masiva de profesionales de áreas clave como Medicina, Farmacia, Enfermería, Física y Química.

«Estamos ante una situación inédita. El Ministerio ha dinamitado un modelo que funcionaba, basado en el consenso y en la independencia técnica, y lo ha sustituido por un sistema opaco, centralizado y sin garantías», ha advertido el diputado, mostrando su máxima preocupación por el futuro del proceso MIR.

El PP denuncia además que Sanidad ha reducido de 15 a 5 el número de colaboradores por experto, y ha rebajado la compensación por cada pregunta elaborada, de 15 a 9 euros. Asimismo, critica que parte de la organización del proceso pasará del Ministerio de Sanidad al de Función Pública, una decisión que «aumenta la incertidumbre» y rompe con el modelo previo.

Martínez Pastor ha alertado de que esta situación se produce cuando el proceso de selección de preguntas para el MIR 2026 ya debería haber comenzado, y ha advertido que la falta de previsión puede comprometer seriamente los plazos.

Por otro lado, ha lamentado que el Ministerio siga sin dar respuesta al déficit estructural de médicos de familia, que asciende a 4.500 profesionales según reconoce el propio Gobierno. «Este año solo se han incrementado en 36 las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, una cifra ridícula y muy alejada de las necesidades reales del sistema», ha denunciado.

«El Ministerio de Sanidad no puede seguir jugando con el futuro de miles de aspirantes ni con la planificación del sistema sanitario. Lo que está ocurriendo con el MIR 2026 es gravísimo, y el Gobierno no puede mirar hacia otro lado», ha concluido.

Madrid también ha criticado a Mónica García

La Comunidad de Madrid ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de «crear problemas donde no los hay» con el examen MIR (médico interino residente), que considera que funciona «bien y es excelente».

Así lo ha remarcado la consejera del ramo, Fátima Matute, a los medios de comunicación durante una visita a las obras del nuevo centro de salud de Torrejón de Ardoz.

Esta semana se conocía que el Ministerio de Sanidad prevé introducir cambios en el comité de expertos encargado de diseñar el examen MIR, que han provocado la dimisión de varios de sus miembros. El departamento de García ha destacado que estas modificaciones no afectan al rigor del proceso, sino que «buscan fortalecer su legitimidad y adecuación al marco normativo actual».

Matute ha reprochado que «ahora de repente y sin contar con las comunidades autónomas» se ha buscado reformar este examen. «Lo que más me llama la atención es que ha pasado de depender del Ministerio de Sanidad al Ministerio de Función Pública», ha lanzado Matute, quien ha reconocido desconocer el «porqué» y ha criticado que no se haya explicado a las autonomías.

También ha censurado que se haya reducido el número de expertos y que las CCAA no estén representadas, al tiempo que se han «quitado sedes en ciudades que tienen mala comunicación».

A renglón seguido, ha puesto en el foco a los estudiantes que se presentarán a esta prueba el próximo curso y que «no saben qué va a ocurrir con ellos porque cambian los expertos, el tipo de preguntas, cómo se formulan…».

«Es una situación de bastante estrés, te la preparas con muchísima antelación y te la preparas en relación con cómo ha sido el examen otros años. Entonces ahora esa incertidumbre que se está generando entre nuestros estudiantes de medicina, pues tampoco es de recibo», ha espetado.