El riesgo de una espiral precios-salarios

Sindicatos y patronal alcanzaron hace unos días un acuerdo para recomendar subidas salariales del 4% en 2023 y del 3% tanto en 2024 como en 2025, a la hora de negociar los convenios colectivos. Con ello, están poniendo realmente un suelo al incremento, ya que, recordemos, que en materia salarial y debido a la contrarreforma laboral que apoyó, sorprendentemente, la CEOE, los convenios de empresa no prevalecen sobre los sectoriales en un tema clave, que es la negociación salarial. Así, muchas pymes se verán obligadas a aumentar sus costes a un nivel que no pueden soportar, con presión, además, sobre la inflación, ya que puede desembocar en una peligrosa espiral precios-salarios.

La CEOE ha aceptado este acuerdo porque pensará, imagino, que mejor frenarlo en este punto que correr el riesgo de que el Gobierno, en plena campaña electoral permanente hasta las elecciones generales, tratase de dar un espaldarazo a la propuesta inicial de los sindicatos que era, recordemos, incrementar los salarios hasta más de un 13% en un período de tres años, uno de ellos de manera retroactiva.

Es cierto que eso sería mucho peor, pero la decisión adoptada tampoco es buena, porque incrementa el coste de las empresas: muchas de ellas, lo repercutirán en precios, presionando al alza los precios, dificultando la correcta transmisión de la política monetaria que aplica el BCE para tratar de dominar la inflación, que hará que tenga que mantener una contracción monetaria durante más tiempo y de manera más intensa, que perjudicará, vía encarecimiento de la financiación, a muchas familias y empresas, que ven, además, como el coste de todo lo que compran, aumenta. Otras empresas, por su parte, ni siquiera podrán repercutir el incremento de costes laborales a sus precios, porque perderían cuota de mercado y haría inviable la continuidad empresarial, que, si subirlos, también se complica por la caída de márgenes.

Pero no sólo eso, sino que esto puede ser sólo el pistoletazo de salida para que se produzcan nuevas peticiones sindicales -recordemos sus consignas y advertencias de protestas del pasado uno de mayo- de mayores incrementos y que recuperen su idea inicial de indexar salarios a precios. Esa indexación de los salarios a la inflación generaría lo que se llaman los efectos de segunda ronda, desatando una espiral precios-salarios que sólo desembocaría en mayores precios, pues al subir los salarios, se incrementarían los precios; esa subida de precios, presionaría al alza a los salarios, que volverían a incrementar costes y a motivar una subida de precios, y, así, indefinidamente. Es más, cuando se inicia dicha espiral, crecen mucho precios y salarios, pero terminan creciendo más los precios, con lo que no sólo no se mantiene el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que se les empobrece por haber presionado al alza los salarios, además de que muchos, en ese tiempo, habrán perdido su empleo, con lo que su renta nominal también se verá mermada.

Vivimos unos tiempos de incremento de costes industriales y de distribución, impulsados tanto por los precios de la energía como por la escasez de algunos elementos y por el encarecimiento del transporte. Esos costes minan la competitividad de la economía española. Este acuerdo no contribuye, desde luego, a mejorar dicha competitividad, ni la marcha de las empresas ni la de las familias, pues estas últimas pueden ver incrementado su salario nominal un 4%, pero la presión sobre los precios que ello generará será mayor, con lo que lo único que se producirá es una pérdida de salario real, que sólo mejorarán si se logra dominar los precios, primero, y rebajarlos, después. Ésa es la realidad, aunque la CEOE haya aceptado para evitar males mayores -que aun así no está garantizado que se eviten- y ninguna formación política haya dicho nada, ya que es entendible que es un tema con el que se puede hacer mucha demagogia fácil, con el riesgo de perder votos, pero lo cierto es que esta medida no ayuda a la mejora de la economía ni a la lucha contra la inflación, sino que las empeora, intensificando la pérdida de productividad y competitividad de la economía española sobre un problema estructural de la misma.

Por eso, las subidas en los salarios deben ir ligadas a mejoras en la productividad; si no, sólo generarán inflación y perderán más poder adquisitivo. La economía española cuenta con un gran problema estructural en su seno: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados. Lo mismo sucede si hablamos de la productividad del factor trabajo, donde el producto por hora de trabajo no es tan elevado como en la mayoría del resto de países.

Eso provoca que nuestra economía sea más sensible a las variaciones del ciclo económico, de manera que lidere la creación de empleo en los momentos de crecimiento y sea la economía que más empleos destruye en los momentos de caída económica. ¿Cuáles son los motivos? Una elevada dualidad en el mercado de trabajo, una creciente inseguridad jurídica, las rigideces en el mercado laboral o los desincentivos para lograr una mejor organización en el trabajo son algunos de ellos. Esos elementos podrían haber sido mejorados si el Gobierno, en lugar de aprobar la contrarreforma laboral, hubiese mejorado la reforma de 2012, flexibilizando más el mercado de trabajo y eliminando las rigideces mencionadas.

Las mejoras en productividad y competitividad son imprescindibles. Si la economía española quiere lograr un aumento importante de su crecimiento potencial, debe lograr incrementar de manera sostenible su productividad. Hubo un primer avance entre 2012 y 2016, ajeno a las ganancias de productividad por mera destrucción de empleo, ya que en ese período sí que hubo un incremento estructural de productividad, pero luego volvió a perderse.

Por eso, en estos momentos se hace más esencial que nunca incrementar la productividad y la competitividad de la economía española, que nos permita abordar la adecuación del sistema económico español a las nuevas circunstancias, fortaleciendo los ya existentes, como el turismo, el comercio o la hostelería, y reforzando sectores tecnológicos e innovadores, al tiempo que se extienda la eficiencia y, por tanto, la productividad y competitividad al conjunto del tejido productivo. Esa productividad no se consigue con un incremento del gasto público sin medida, sin objetivo y sin resultados. No se trata de gastar por gastar, sino de mejorar el entorno económico y laboral que permita que la economía mejore de manera eficiente. Y esa productividad y competitividad tampoco se consigue con más rigidez en el mercado de trabajo, ni con subidas salariales inflacionistas. Tampoco con una política energética equivocada. Se conseguirá con la aplicación de reformas profundas que dinamicen el mercado laboral, que contenga salarios y que ligue su evolución a la de la productividad, para que no contribuyan al alza de precios, y con una política energética que apueste por la energía nuclear para poder abaratar costes.

Por eso, resulta esencial eliminar todas las barreras que se opongan al emprendimiento, a la actividad económica y al empleo, conseguir recobrar una seguridad jurídica que dé tranquilidad y confianza a inversores, empresarios y profesionales para incrementar la actividad y el empleo, impulsar la unidad de mercado y eliminar trabas al emprendimiento y al trabajo. Sólo con flexibilidad, seguridad jurídica y eliminación de barreras podrán remontar la productividad y la competitividad en la economía española, esenciales para aumentar el crecimiento potencial y el empleo, es decir, lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno con su política económica.