Los socios de Sánchez lanzan la campaña para ilegalizar a Vox: «Si no, lamentaremos muertes muy pronto»

Sumar, el partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y socios de Pedro Sánchez en el Ejecutivo, ha lanzado la campaña para iniciar un debate «sobre la ilegalización del fascismo de Vox». El diputado sumarita Alberto Ibáñez, que pertenece a Compromís, ha indicado desde el Congreso de los Diputados que España no puede permitir «partidos fascistas».

Ibáñez ha comparecido este martes en una rueda de prensa en el Congreso y desde ahí condena la «violencia institucional racista» a la que achaca los disturbios que se viven en la localidad murciana de Torre Pacheco. El diputado de Compromís ha abogado por que España afronte un debate «sereno, pero rápido sobre la ilegalización del fascismo de Vox», escudándose en que en una democracia como la española «no se puede permitir la coexistencia de partidos filofascistas».

«El fascismo nunca es una opinión, es un crimen. Y en una democracia sana y consolidada no se puede permitir la coexistencia de partidos filofascistas», ha declarado Ibáñez. Asimismo, ha valorado el «debate» que, en su opinión, debe decidir sobre «la ilegalización del fascismo de Vox» en aplicación del artículo 10 de la ley de Partidos Políticos. El diputado sumarita ha advertido de que «lamentaremos muertes muy pronto» si no se toman medidas para evitar este tipo de discursos.

El mencionado artículo 10 de la ley de Partidos Políticos al que apela el diputado de Sumar se refiere a la disolución judicial de un partido político que «será acordada por el órgano jurisdiccional competente» siempre y cuando el mismo «incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal» o bien «vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos».

Asimismo, también indica que se podía dar su disolución «cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático». Por último, se refleja que la suspensión judicial de un partido político «sólo procederá si así lo dispone el Código Penal», aunque también podría acordarse como medida cautelar.

Además de Alberto Ibáñez, la diputada de los Comunes, Aina Vidal, ha asegurado que «no es casualidad que la misma semana que Vox flirteara con el trumpismo prometiendo más devoluciones masivas de vecinos españoles, aparezcan grupos de cacería contra vecinos magrebís». «Vox apunta y los nazis disparan», ha añadido Vidal.

El Gobierno culpa a Vox

Las declaraciones del miembro de Compromís se suman a la versión del Gobierno, reflejada el lunes de forma pública por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien asegura que los disturbios en Torre Pacheco son «culpa de Vox» y de sus «discursos simples» que «buscan la emoción».

Marlaska sostiene que detrás de la violencia en esta localidad murciana están «grupos organizados» y que, según «corroboran» las estadísticas de su ministerio, «no hay ninguna identificación entre delincuencia e inmigración» en estos sucesos. Estas declaraciones del ministro del Interior, en la Cadena Ser, contrastan con las tres detenciones de marroquíes, dos de ellos en situación ilegal, por la paliza a un anciano de 70 años en Torre Pacheco.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció a través de su cuenta oficial de X, en las redes sociales, y se centró en que «el racismo es incompatible con la democracia». Destacando que «España es un país de derechos, no de odio», el jefe del Ejecutivo también eludió hablar de las detenciones de –por entonces– dos inmigrantes ilegales marroquíes. «Debemos alzar la voz, actuar con firmeza y defender los valores que nos unen», añadió, en su publicación del lunes.

Denuncia a Antelo

La Fiscalía Superior de Murcia ha decidido abrir diligencias de investigación procesal penal contra José Ángel Antelo, presidente de Vox Murcia, para investigar un posible delito de odio a raíz de sus declaraciones públicas relacionadas con los altercados registrados en Torre Pacheco.

PSOE, Izquierda Unida y Podemos han presentado una denuncia conjunta que provoca la apertura de las diligencias por un posible delito de odio. Los tres partidos de izquierda se han ordenado para llevar ante la Fiscalía las declaraciones del presidente regional de Vox.

Antelo ha reaccionado este martes a la denuncia y critica el «nerviosismo» del PSOE en la Región de Murcia. «Ya he perdido la cuenta de cuántas denuncias llevan, cuando fui vicepresidente tenía una cada tres o cuatro días. Decir la verdad nunca será un delito de odio. Siempre hemos defendido la deportación de quienes vienen ilegalmente o a delinquir, es lo más razonable. Si los del PSOE o Podemos quieren a estos delincuentes en sus casas, que levanten la mano y se los entregamos uno por uno», ha destacado.