Que toneladas de Ley caigan sobre ellos

Este miércoles se ha consumado una «patada a la democracia» en el Parlamento de Cataluña, como bien ha definido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La presidenta de la Cámara catalana —quien ocupó ese magno sillón al día siguiente de abandonar el despacho subvencionado de la ANC— se ha saltado no sólo las órdenes del Tribunal Constitucional, que ella misma no reconoce aunque sí pide la recusación de sus magistrados, sino también el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma.

Lo hizo cuando obvió el artículo 25.4 de la Ley 2/2009 de 12 de febrero del Consejo de Garantías Estatutarias. El texto que regula el funcionamiento de la llamada ‘corte constitucional’ catalana dice expresamente que una vez solicitado un dictamen al Consejo por parte de un grupo parlamentario «el procedimiento legislativo correspondiente queda suspendido y se retoma cuando el Consejo de Garantías Estatutarias emita el dictamen o si transcurre el término de un mes y el Consejo no ha transmitido el dictamen a la Mesa del Parlamento».

Precisamente eso es lo que había solicitado el Grupo de Ciudadanos después de que los independentistas impusieran el cambio en el orden del día del pleno de la Cámara catalana. Para detener la tramitación de una norma ilegal. Pero Forcadell, con sonrisa displicente, ya había denegado la reconsideración de la inclusión de la ley en el Pleno y en ese momento se limitaba a responder al portavoz naranja Carlos Carrizosa que «se ha aprobado la votación».

La vicepresidenta del Gobierno ha comparecido de inmediato desde el Palacio de la Moncloa y —tras recordar que el presidente del Gobierno ha solicitado al Constitucional la ejecución de sus sentencias— ha anunciado la orden a la Abogacía del Estado para que estudie la persecución de un delito penal contra la presidenta del Parlament y los miembros de la Mesa. Esto se suma a la querella por desobediencia y prevaricación que presentará la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma.

«La señora Forcadell no sabe lo que es una democracia y lo que no», ha dicho Sáenz de Santamaría, «bajo su mandato ha muerto la democracia en Cataluña». Y es así. Ahora resta asistir no sólo a los esperpentos políticos que sin duda seguirán liderando Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y sus socios antisistema de la CUP, sino a las respuestas de las instituciones legítimas, «desde la ley pero con toda la ley» —como ya dijo el presidente Rajoy remedando a Torcuato Fernández-Miranda—, para defender la soberanía nacional de todos los españoles.

En España rige el Estado de Derecho «y la ley se cumple», advirtió este lunes Mariano Rajoy. El artículo 544 del Código Penal define el delito de sedición como impedir «por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».

Si la pena por sedición a una autoridad del Estado oscila entre los 10 y 15 años de cárcel, nada encaja más en ese texto que lo ocurrido este miércoles en el Parlamento de Cataluña.