¿A quién benefició el borrado de mensajes del fiscal?

Sólo siete horas después de que Álvaro García Ortiz se enteró de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo le iba a investigar por el presunto delito de revelación de secretos en el caso relacionado con la filtración de información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el fiscal general borró los 5.877 mensajes de WhatsApp que había en su móvil; 15 minutos más tarde repitió todo el proceso de borrado para asegurarse de que no quedaba ni rastro de sus comunicaciones electrónicas; a continuación eliminó la cuenta de Gmail en la que se hacían las copias de seguridad del dispositivo, activando una nueva copia en blanco que sobrescribiera todas las anteriores; además realizó un restablecimiento completo del terminal a los valores de fábrica, eliminando cualquier rastro de información que pudiera quedar; y no contento con todo eso, cambió de móvil, haciendo desaparecer el Samsung Galaxy A52S que había utilizado los días que ocurrió la filtración, sustituyéndolo por un nuevo Samsung Galaxy A54 que fue el móvil limpio de polvo y paja que le intervino la UCO de la Guardia Civil.

En su declaración del pasado 29 de enero ante el juez instructor D. Ángel Luis Hurtado, a pregunta de su abogado, García Ortiz declaró que lo borró todo siguiendo un protocolo establecido por la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia. Protocolo de borrado que fue desmentido por Julián Salto, el fiscal de delitos económicos que investigó a González Amador que, además, es precisamente el fiscal delegado en cuestiones digitales de la Fiscalía de Madrid y, en consecuencia, una autoridad en esta cuestión. Lógicamente, los datos sensibles que maneja la fiscalía gozan en España y en toda la Unión Europea de una especial protección y precisamente por este motivo es por lo que está imputado el fiscal general, quien parece haber venido a decir que él tiene un protocolo propio que dice que, en caso de resultar imputado, debe borrar todas las pruebas. Presuntamente, claro.

«Cui prodest scelus, is fecit», le dice Medea a Jasón en la obra de Séneca a la que da nombre. «El que recibe el provecho de un crimen, ese es el que lo ha cometido». Esta locución latina, también expresada como «cui bono» que sería algo así como preguntarse, ¿quién sale bien de ello?, es considerada como uno de los principios básicos del Derecho Romano, muy utilizada en la actualidad por los autores de novelas negras que intentan primero descubrir quién es el delincuente para a continuación buscar las pruebas que lo incriminan y confirman sus sospechas. Tendríamos que responder, por tanto, dos cuestiones. ¿A quién iban dirigidos los mensajes borrados por el fiscal para que no cayeran en manos de la Justicia? ¿Quién se benefició de la filtración de información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso?

Fue el ex líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, el primero que usó públicamente la filtración de la que se acusa a García Ortiz, y el mismo Lobato ha contado que desde La Moncloa le pidieron que utilizara esta información contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, antes de que apareciera publicada. Quien más intentó beneficiarse de la filtración contra Isabel Díaz Ayuso fue, sin duda, el presidente del Gobierno, en cuyo entorno la UCO ha demostrado que el escrito filtrado a la prensa circuló horas antes de que fuera publicado. Si esto fuera una novela de Agatha Christie o una comedia de Plauto, ya habríamos llegado al desenlace, porque ya se sabe quién fue el culpable. Pero, por fortuna, nuestro derecho penal es más garantista que el Derecho Romano, así que el juez Hurtado, que también sabe quién se benefició del borrado de mensajes del fiscal general del sanchismo, tendrá que encargar a la UCO que siga trabajando hasta conseguir demostrar lo que para todos ha quedado ya acreditado: que Álvaro García Ortiz sólo trabaja a beneficio de Pedro Sánchez.