La UCO demuestra al juez que García Ortiz borró sus whatsapps el mismo día que el Supremo le imputó

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un nuevo informe al juez Ángel Hurtado del Tribunal Supremo que demuestra que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró sus mensajes de WhatsApp en «dos ocasiones» el 16 de octubre de 2023, el mismo día que la Sala Segunda decidió imputarle por un presunto delito de revelación de secretos en el caso relacionado con la filtración de información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Los investigadores de la UCO han descubierto, además, que García Ortiz ha eliminado «recientemente» su cuenta personal de Gmail, un hecho que se suma a la destrucción de las conversaciones de WhatsApp y que podría ser relevante para la investigación en curso. Según el informe, no ha sido posible conseguir la información de la cuenta personal de email pero apunta que «quizá se pueda recuperar».

La causa contra el fiscal general del Estado se centra en la presunta revelación irregular de datos confidenciales relacionados con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El borrado de estas comunicaciones digitales le sitúa como un imputado que, de nuevo, quiere dificultar la investigación judicial. Es clave que García Ortiz no quiere entregar su terminal móvil en desuso que no ha devuelto a la Administración pública.

Por otro lado, la UCO pone de relieve que un periodista llamó a García Ortiz la misma noche del 13 de marzo –cuando tuvo lugar la presunta filtración que investiga el Supremo–, concretamente a las 21:38, antes de que al fiscal general le llegara el email en cuestión, que se le reenvió desde la Fiscalía de Madrid a las 21:59. Sin embargo, esa llamada no tuvo respuesta, detalla la Guardia Civil.

La UCO también pone el foco en las llamadas que se intercambiaron García Ortiz y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Diego Villafañe, también imputado, entre el 11 y el 12 de marzo.

Cabe recordar que Villafañe fue quien requirió a la Fiscalía de Madrid toda la documentación referida a las pesquisas contra Alberto González Amador el 8 de marzo. La UCO concluyó que, como la Fiscalía General ya tenía ese material en esa fecha, la filtración de la noticia de que se investigaba al empresario por delitos fiscales –que se publicó a las 6:00 horas del 12 de marzo en ElDiario.es–, tuvo que partir de la Fiscalía General.

Martes día clave

Por su parte, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo estudiará este martes los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra el registro efectuado el pasado 30 de octubre en el despacho oficial de García Ortiz. Tres magistrados -Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres- deberán decidir si, como sostiene el Ministerio Público, se produjo una «vulneración de derechos fundamentales» que invalidaría tanto este registro como el realizado el mismo día en el despacho de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Sánchez Melgar fue precisamente fiscal general de 2017 a 2018 y conoce la forma de funcionar del Ministerio Público

La decisión es crucial para el futuro de la causa, ya que gran parte de los indicios recabados por el instructor Ángel Hurtado se basan en el material incautado durante estos registros y su posterior análisis por la UCO. Durante la entrada en el despacho de García Ortiz, que se prolongó más de diez horas, los investigadores realizaron un volcado completo de sus dispositivos electrónicos, incluyendo dos teléfonos, un portátil, un ordenador de mesa, una tablet y varios USB.

La teniente fiscal del Supremo y estrecha colaboradora de García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde, ha calificado el registro como «insólito» y sostiene que los autos que lo autorizaron «no contienen razonamiento alguno para justificar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas acordadas». Además, la fiscal del caso advierte que la documentación incautada afecta a asuntos de «enorme trascendencia» cuya divulgación podría comprometer operaciones en curso.

La postura de la Fiscalía quedó especialmente patente durante el interrogatorio al fiscal general celebrado el pasado 29 de enero, cuando Sánchez Conde se negó a formular preguntas por considerar que ello supondría validar una investigación que considera nula de raíz. En aquella comparecencia, expuso hasta varios motivos por los que considera inconstitucional la entrada y registro, destacando su «extensión desmesurada» y «nula proporcionalidad».

Un elemento significativo de la investigación es que la UCO no encontró mensajes en los dispositivos de García Ortiz, quien justificó la ausencia de comunicaciones alegando que suele borrarlas siguiendo un protocolo de seguridad y protección de datos. Sin embargo, los investigadores sí pudieron acceder a conversaciones de WhatsApp de los interlocutores. Por ejemplo, en el teléfono de la fiscal provincial de Madrid, también imputada. Aparecieron intercambios con García Ortiz que no aparecían en el terminal del fiscal general.

El instructor ha intentado recuperar estas comunicaciones solicitando información a Google y WhatsApp, en un esfuerzo por reconstruir el flujo de información que podría haber llevado a la publicación de datos confidenciales sobre el caso. La Fiscalía, por su parte, argumenta que ni la solicitud de documentación ni la elaboración de notas informativas constituyen acciones irregulares o delictivas.