El juez pide a Whatsapp y Google los datos de las cuentas del fiscal general para acceder a sus mensajes

El Tribunal Supremo ha ordenado un exhaustivo análisis de las comunicaciones por WhatsApp del imputado Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Según revela un auto del magistrado instructor Ángel Luis Hurtado Adrián, fechado este lunes, se autoriza a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a realizar un volcado completo de datos del teléfono Samsung A54 5G perteneciente a Álvaro García Ortiz.

La decisión judicial supone un importante impulso a la investigación del líder de la Fiscalía General del Estado. El auto autoriza específicamente el análisis de las comunicaciones realizadas entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, un período que los investigadores consideran crucial para la causa por la filtración de los correos electrónicos privados del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Para garantizar la efectividad de la investigación, el instructor ha ordenado emitir comisiones rogatorias internacionales dirigidas tanto a WhatsApp LLC como a Google Inc. Se les requiere que aporten toda la información disponible sobre las cuentas vinculadas al fiscal general, incluyendo mensajes enviados y recibidos, copias de seguridad de chats y archivos multimedia, así como los registros detallados de todas las comunicaciones realizadas.

La UCO ha explicado al magistrado instructor las complejidades técnicas que implica la recuperación de mensajes borrados. Según detalla el auto, este proceso «depende de muchos factores, entre ellos, el funcionamiento propio de la aplicación, el tipo de almacenamiento utilizado por la misma, el tiempo transcurrido desde el borrado de los mensajes o, incluso, la existencia de copias de respaldo de la información».

Los investigadores han señalado que WhatsApp almacena los datos de dos formas diferentes: mediante copias de seguridad locales en el propio dispositivo y a través del almacenamiento virtual en la nube de Google. Esta doble vía de almacenamiento podría facilitar la recuperación de información incluso si ha sido eliminada del teléfono.

El auto judicial concede amplias facultades a los investigadores, autorizándoles expresamente a «conectarse a aquellos repositorios de información donde pudieran encontrarse archivos susceptibles de contener la información de interés al objeto de proceder a su descarga, procesado y posterior análisis».

Esta nueva fase de la investigación se produce después de que el 7 de enero el instructor ya solicitara información preliminar a las compañías telefónicas sobre la posibilidad de recuperar contenidos de mensajería instantánea vinculados a determinados números de teléfono.

En el caso específico de Google, el Supremo requiere información exhaustiva sobre la cuenta de Gmail vinculada al fiscal general, incluyendo datos almacenados en diversos servicios y productos, copias de seguridad de dispositivos y aplicaciones de terceros, así como registros completos de todas las comunicaciones realizadas.

La investigación se centra especialmente en WhatsApp al ser la aplicación de la que «se ha extraído información que se considera de interés para el esclarecimiento de los hechos», según señala el propio auto. Los investigadores destacan que esta aplicación permite la recuperación de mensajes borrados mediante software informático forense, pudiendo acceder a contenidos almacenados desde la instalación de la aplicación en el terminal.

El auto establece salvaguardas para garantizar la integridad de la investigación, ordenando la realización de una copia de trabajo del volcado de información completo del teléfono antes de proceder a su análisis. Esta medida busca preservar la cadena de custodia y evitar cualquier alteración de las evidencias originales.

«Cero mensajes»

Esta decisión del juez del Supremo tiene lugar después de que los investigadores de la Guardia Civil informaran al magistrado de que habían hallado «cero mensajes» en los dispositivos que le fueron incautados a García Ortiz durante el registro en su despacho. En un primer momento se pensó que los había borrado. Posteriormente la decisión de García Ortiz fue aún más drástica: desechar el móvil antiguo y empezar a usar uno nuevo. El fiscal general argumentó que se trata de un protocolo interno de seguridad. Sin embargo, varios fiscales han desmentido ese extremo. En este contexto, el otro presunto actor en la conversación que dio fruto a la filtración, el presidente Pedro Sánchez, también se ha cambiado de número y teléfono en las últimas semanas.