La fiscal que consiguió el mail del novio de Ayuso dice al juez que obedeció órdenes de García Ortiz

La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha asegurado este jueves ante el Tribunal Supremo que no filtró los correos del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, sino que obedeció órdenes de su superior jerárquico, el máximo representante del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz. Fue ella quien solicitó a Julián Salto, fiscal del caso de la pareja de Ayuso, los mensajes en los que el abogado de Alberto González Amador expresa su disposición a firmar un pacto de conformidad con el Ministerio Público. La premura con la que exigió ese mail obligó a Salto a salir de un partido de fútbol. Una vez en su poder, Rodríguez se los pasó al Gmail privado del fiscal general del Estado. «No pedí explicaciones, cumplí órdenes», ha declarado.

Rodríguez ha declarado como investigada acusada de revelación de secretos. No obstante, ha optado por asegurar que no hubo absolutamente nada ilegal e inusual en el caso ligado al empresario Alberto González Amador.

Pilar Rodríguez ha contestado a las preguntas de su defensa y, a diferencia del fiscal general, también ha respondido a las cuestiones planteadas por el juez instructor del caso en el Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado. La Fiscalía no ha hecho ninguna pregunta porque, como hizo durante la declaración de García Ortiz, ha optado por defender que la causa es nula. La fiscal provincial ha rechazado responder a la acusación.

La colaboradora del fiscal general ha declarado que envió a una cuenta de correo electrónico genérica el correo objeto de investigación por revelar datos secretos de la pareja de Ayuso. En ese mensaje, el abogado de González Amador mostraba al fiscal de delitos económicos, Julián Salto, su disposición a firmar un pacto de conformidad con el Ministerio Público.

Además, ha detallado que 500 personas tuvieron acceso directo a la denuncia de Fiscalía y al expediente tributario de González Amador desde el día 5 de marzo, una semana antes de que se hiciera público. Y reconoce que 60 personas pudieron acceder al mensaje que protagoniza la investigación. De esta forma, la fiscal provincial ha tratado de argumentar que no mandó el mensaje a ninguna persona que no perteneciese a la institución.

Rodríguez se ha limitado a explicar que ella cumplía con órdenes de arriba. La fiscal provincial se ha remitido al Estatuto Fiscal, que obliga a los que dependen jerárquicamente del máximo representante del Ministerio Público a cumplir con la dación de cuentas.

La colaboradora de García Ortiz ha reconocido ante el juez que envió el correo a la cuenta personal del fiscal general porque éste se lo pidió. A Rodríguez no le extrañó porque pensaba que podría no tener acceso, ya que eran cerca de las 22:00 horas. Además, dice desconocer el correo corporativo de García Ortiz.

Semana de comparecencias

Esta comparecencia se produce en un momento especialmente delicado, apenas un día después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, negara categóricamente haber filtrado o autorizado la filtración del mencionado correo. El caso se abrió en octubre pasado y ha puesto en el punto de mira a tres altos funcionarios del Ministerio Público.

La noche del 13 de marzo se convirtió en un punto de inflexión en este caso. Fue entonces cuando Pilar Rodríguez solicitó al fiscal del caso, Julián Salto, encargado de investigar los presuntos delitos fiscales de González Amador, que le proporcionara todos los correos intercambiados con el abogado del investigado. Esta solicitud tenía como objetivo elaborar una nota de prensa que la Fiscalía publicaría la mañana siguiente. El fiscal especialista en delitos económicos estaba en el Estadio Metropolitano viendo un partido de Champions del Atlético de Madrid y tuvo que abandonar el evento para, con urgencia, reenviar sus polémicos emails con el abogado de González Amador.

Los acontecimientos se precipitaron cuando estos correos, tras ser enviados a Pilar Rodríguez, fueron reenviados por ella al fiscal general. La investigación ha revelado una serie de mensajes y comunicaciones que han llamado la atención de los investigadores, incluyendo una conversación en la que Rodríguez, tras aprobar el contenido de una nota de prensa, añadió el comentario: «Dan ganas de incorporar un poquito de cianuro».

El magistrado del Supremo Ángel Hurtado, encargado del caso, ha encontrado «elementos suficientes» para la imputación de Rodríguez. Entre estos elementos destacan: su disposición a colaborar con García Ortiz su papel como intermediaria en la facilitación del expediente de González Amador y su participación en la transmisión del correo del 2 de febrero a la Fiscalía General del Estado.

La investigación ha incluido registros en los despachos tanto del fiscal general como de la fiscal jefa provincial de Madrid. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha analizado exhaustivamente las comunicaciones realizadas entre el 8 y el 14 de marzo, revelando detalles significativos sobre el manejo de la información. No obstante, no aparece por ningún lado el móvil que usaba ese día el fiscal general.

Por su parte, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, aportó un testimonio revelador durante su declaración el 16 de enero, cuando admitió haber advertido a Rodríguez sobre el riesgo de filtración: «Pilar, los van a filtrar», fueron sus palabras exactas. Luego ella preguntó al respecto a García Ortiz que despejó: «Eso no es lo importante ahora». Desde entonces Lastra no ha vuelto a hablar con Pilar Rodríguez.

La investigación también implica al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, quien deberá comparecer ante el Supremo el próximo 5 de febrero. Hasta el momento, más de una decena de testigos han declarado, incluyendo al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; el ex jefe del PSOE en Madrid, Juan Lobato; y varios periodistas.

Como investigada, Rodríguez tenía la opción de acogerse a su derecho a no declarar o elegir si responde únicamente a su defensa o a todas las acusaciones. Su comparecencia se produce después de la del fiscal general, quien optó por responder solo a su abogado. Se negó a responder al juez.