El imputado García Ortiz niega la filtración pero no responde a las preguntas del juez del Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comparecido este miércoles durante una hora y media ante el Tribunal Supremo en calidad de investigado por la presunta filtración de información relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En su declaración, García Ortiz se ha opuesto a responder al juez y sólo ha contestado a su abogado. Ha negado haber filtrado los correos electrónicos en cuestión, aprovechando su derecho como investigado a no decir la verdad en su testimonio. Argumenta una vez más que publicó una nota de prensa oficial para desmentir un bulo.

El fiscal general ha arremetido contra el juez del Supremo Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa, acusándole de «partir de una certeza» que le «impide descubrir la verdad», según fuentes judiciales. Además, ha calificado como «allanamiento» el registro de su despacho en la Fiscalía General del Estado y ha afeado que se estaban «vulnerando sus derechos» con la instrucción.

García Ortiz también ha desmentido a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que declaró como testigo en el caso. Allí afirmó que había preguntado al fiscal general si había sido él quien filtró los datos de González Amador y él le respondió: «Eso ahora no importa». Sin embargo, el máximo representante de la Fiscalía ha negado haber dicho eso y ha argumentado que, si la fiscal superior de Madrid ha declarado eso, es porque está «desafecta con la gestión de la Fiscalía».

El fiscal general ha insinuado que la nota de prensa tendría que haberse publicado antes y que la fiscal superior de Madrid es la persona culpable de no haberla dado con anterioridad. Y es que, a ojos de García Ortiz, esa cuestión era competencia de Lastra.

Señalamiento a Almudena Lastra

En ese mismo sentido, ha opinado que la fiscal superior también debería estar imputada porque ella también tenía los correos. Y ha argumentado que, en un artículo de El País se citaban «fuentes de la Fiscalía de Madrid», para insinuar que Lastra podría haber sido quien filtró la información a la prensa.

Fuentes presentes en el juzgado también han destacado lo «singular» de que García Ortiz llegara antes y «estuviera departiendo» con la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, encargada de la acusación en la causa. Y, a pesar de ello, la fiscal no ha realizado ninguna pregunta a García Ortiz. En su lugar, ha realizado «un alegato» sobre por qué considera «inconstitucional todo el proceso» y que, por esa razón, no iba a formular cuestiones al acusado. En su opinión, la entrada y registro fue ilegal y consideraba que el querellante había sido «desleal».

El máximo representante del Ministerio Público no ha contestado al juez ni a la acusación, algo que las fuentes presentes describen como «inusual» en este tipo de procesos. El fiscal general ha argumentado su negativa a responder al juez  y a la acusación en que, según él, la instrucción sería nula y, por tanto, estaría vulnerando su derecho a la defensa.

Además, ha explicado la razón por la que pidió los mensajes intercambiados entre el fiscal de delitos fiscales Julián Salto y el abogado de González Amador. Según él, lo hizo para «contrarrestar» las informaciones publicadas en los medios de comunicación.

Seis borrados en cuatro años

También ha asegurado que borra los datos de su teléfono móvil porque mantiene conversaciones con «altas instituciones del país» que podrían «afectar a la seguridad nacional». Y, por ello, ha declarado haber cambiado seis veces  de teléfono en cuatro años, amparándose en el reglamento de protección de datos europeos. Ha aclarado que la última vez que lo cambió, es decir, tras ser imputado, lo hizo porque era cuando tenía tiempo.

La histórica comparecencia, al ser la primera vez que un fiscal general declara como investigado por la Sala de lo Penal, se produce apenas un día después de que el propio Supremo avalara su renovación como jefe del Ministerio Público. García Ortiz está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos, junto a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe.

El caso se centra en la filtración a la Cadena Ser y El Plural de un correo electrónico del 2 de febrero en el que el abogado de González Amador se ofrecía a reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo. Según el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, existen «elementos objetivos» que «apuntan a que solo tras la recepción por parte de García Ortiz del correo (…) a las 21:59 horas es cuando tiene lugar su difusión».

La investigación se ha visto dificultada por la ausencia de mensajes en los dispositivos del fiscal general, lo que ha llevado al instructor a solicitar información a WhatsApp y Google, así como al departamento de informática de la Fiscalía General sobre posibles formateos de los móviles de García Ortiz. García Ortiz no quiere colaborar y, de hecho, reconoció haberse cambiado de teléfono tras saber que estaba imputado.

La declaración se produce después de que varios testigos ya hayan comparecido ante el Supremo, incluyendo a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, o el ex jefe del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que recibió el email procedente de Moncloa minutos antes de que lo publicara El Plural. También declarará, en su caso como imputados, la fiscal provincial de Madrid y el próximo 5 de febrero el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, mano derecha de García Ortiz.

Sumario

La investigación judicial pone el foco en las comunicaciones nocturnas que el fiscal general desplegó esa noche, en lo que se ha revelado como un «frenético intercambio de comunicaciones» con los integrantes de lo que sería denominado como «el equipo de Fortuny», según lo describió en sus propios mensajes la fiscal jefe madrileña, Pilar Rodríguez. Fortuny hace referencia a la calle de Madrid donde se ubica el despacho oficial de García Ortiz. Los tiempos documentados muestran que el correo confidencial llegó a la bandeja personal de Gmail del fiscal general a las 21:59, apareciendo publicado parcialmente en la Cadena SER apenas dos horas después, a las 23:51.

Las indagaciones han puesto de manifiesto cómo Rodríguez se puso expresamente «a disposición» del fiscal general, facilitando posteriormente documentación que acabaría siendo filtrada.

Para el juez instructor, la secuencia de mensajes, llamadas y correos entre los investigados evidencia una «operación coordinada, propia de una labor de equipo». En este contexto de comunicaciones, destaca un intercambio por WhatsApp donde los investigados ironizaron sobre incluir «un poquito de cianuro» en el comunicado oficial sobre González Amador, ante lo que García Ortiz respondió con un escueto «OK». Se demuestra la inquina personal que tenían a González Amador por ser pareja de la líder política de la Comunidad de Madrid.

Las investigaciones han sacado además a la luz conversaciones de WhatsApp recuperadas del dispositivo móvil del anterior dirigente socialista madrileño, Juan Lobato, que sugieren una estrategia política más amplia. En ellas, su jefe de gabinete, David del Campo, explicita que «en Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo tiempo posible» asuntos como las elecciones catalanas o la ausencia de presupuestos, añadiendo reflexiones sobre la persistencia de Ayuso y otros temas políticos pendientes como «la Ley de Amnistía, la autodeterminación, la consulta, Koldo, las elecciones en Cataluña, que van a ser como Gran Hermano VIP». Ante este análisis, Lobato se limitó a responder con un clarificador «Yes».