El novio de Ayuso ya exige en los tribunales 455.000 € a 12 cargos del PSOE y Más Madrid

Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, reclama un total de 455.000 euros a 12 miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE y Más Madrid, a los que acusa directamente de lanzar falsas informaciones sobre él. La cuantía más alta es la que le exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haberle llamado «delincuente». Si el jefe del Ejecutivo no rectifica sus palabras, González Amador interpondrá contra él una querella por injurias y calumnias en la que le reclamará ese dinero, según la solicitud de conciliación presentada por el empresario en los juzgados de Madrid.

La siguiente cuantía más elevada es la que le pide al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, por intromisión en el derecho al honor y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por llamarle «delincuente confeso». Para ambos, la cifra alcanza los 50.000 euros

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también se enfrenta a una querella que la pareja de Ayuso registró en noviembre y en la que pide a la socialista 40.000 euros.  González Amador optó por acudir al Supremo después de que Montero no acudiese el pasado 2 de octubre al acto de conciliación, tras la demanda que interpuso con relación a unas declaraciones de la ministra relativas al presunto delito fiscal cometido por este. Montero anunció en el Senado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, podría «estar viviendo en un piso que se pagó con fraude».

Otros 40.000 euros es lo que pide a la ministra de deportes, Pilar Alegría, por sus palabras en una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros. Alegría acusó falsamente al empresario de ser «el origen del delito» en el caso que se sigue en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado.  Esa fue la respuesta que ofreció la ministra de Sánchez a la prensa, cuándo se le preguntó por la citación como imputado de Álvaro García Ortiz por la revelación de secretos, precisamente, del empresario.

Por otro lado, González Amador también reclama 30.000 euros al que fuera director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, y la misma cantidad para el propio grupo parlamentario socialista por los bulos lanzados contra él.

El empresario también ha exigido 20.000 euros a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, después de que ambas partes no llegaran en el mes de noviembre a un acuerdo en el acto de conciliación al que fueron citadas. La ministra manifestó, en alusión a González Amador, que «la mayoría de españoles y españolas no cometen delitos para acceder a la vivienda».

Esta misma cantidad, 20.000 euros, es la que el novio de la líder regional reclama a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. La propia diputada regional fue quien lo anunció en sus redes sociales: «Acabo de recibir una querella del novio de Ayuso y pretende pedirme 20.000 euros. Una querella para intentar silenciarnos, para que no digamos lo que sabe ya toda España. Señor Amador: Ya tiene mucha tarea en los juzgados como para andarse querellando. Ojo con Quirón», escribió Bergerot.

A la diputada de Más Madrid, González Amador, le pedía que se retractara de un comentario escrito por ella en el mes octubre en el que le llamó delincuente.

Otros 20.000 euros son los que le reclama a la exministra y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, por las declaraciones que realizó a los medios tachándole, de nuevo, de «defraudador confeso».

En la franja de los 15.000 euros entran Rita Maestre, Diana Morant, y la agrupación Más Madrid. En el caso de Maestre, la concejal escribió en sus redes sociales una serie de preguntas poniendo en duda la transparencia y legalidad en la compra del ático en el que vive con su pareja Ayuso.

«¿Quién ha pagado el ático de Ayuso y su novio y a cambio de qué? ¿Por qué oculta Ayuso el nombre de su generoso mecenas?», se preguntaba la portavoz de Más Madrid. Si no se retracta, el empresario le exigirá 15.000 euros, la misma cantidad que a su formación.

A la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, también la denunció por intromisión al honor. El pasado 15 de enero la ministra  manifestó «parece que se nos olvida que hay unos delitos reconocidos por el novio de Isabel Díaz Ayuso y, en vez de hablar de quien ha cometido el delito, se habla del que lo persigue, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz». Si no llegan a un acuerdo en el acto de conciliación, le exigirá 15.000 euros.

La cuantía más baja es la que pide para el diputado del PSOE José Zaragoza.  En concreto, el novio de Ayuso reprocha a Zaragoza que, el pasado 29 de agosto, compartiese una imagen titulada «la trama PPopular de Corrupción»  acompañada de una fotografía suya y la siguiente afirmación: «Cobró 3,7 millones de comisiones de Quirón. Imputado por defraudar a Hacienda 350.000 euros. Vivienda de más de dos millones de euros y un Maserati que disfruta con Ayuso».

El acto de conciliación fue el pasado 24 de enero y como no llegaron a ningún acuerdo, González Amador va a interponer una querella en la que le pedirá 10.000 euros.

Periodistas demandados

El empresario también ha anunciado acciones legales contra el periodista Xabier Fortes de TVE y los colaboradores Enric Juliana, Luis Arroyo y Pablo Simón por llamarle en un programa «defraudador confeso».

En concreto, se ha presentado una solicitud de conciliación contra Fortes y los tres colaboradores, que es el requisito previo a la interposición de una querella, sin perjuicio de que finalmente se acuda a la vía civil. La querella se extiende también a la propia RTVE.

Aclaración del Supremo

Este lunes, sin embargo, el juez del Tribunal Supremo, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefa de Madrid, María Pilar Rodríguez, ha negado en un auto que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, sea «un defraudador confeso», como se había publicado en varios medios de comunicación.

El magistrado instructor Ángel Luis Hurtado señala en su resolución que esta consideración apareció «en determinados medios y ámbitos» tras la filtración de un correo electrónico confidencial del 2 de febrero de 2024, causando «el daño reputacional que ello conlleva» a González Amador.

En el auto, fechado este lunes  27 de enero de 2025, el juez mantiene las declaraciones como investigados del fiscal general García Ortiz para el 29 de enero y de la fiscal jefa de Madrid para el 30 de enero, rechazando la petición de sus defensas de posponer estos interrogatorios hasta la práctica de nuevas diligencias.

El Supremo, por su definición, está por encima del resto de tribunales y juzgados y, por tanto, el hecho de que no consideren a la pareja de Ayuso como un delincuente fiscal, aproxima a González Amador a tener la razón y que finalmente sí sea más fácil que se les imponga el pago de estas cantidades a los 12 políticos que tienen un frente judicial abierto con el empresario.