Denuncian a García Ortiz por prevaricación al usar la Abogacía del Estado contra el novio de Ayuso

El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y dos altos funcionarios de la Abogacía del Estado por presunta prevaricación administrativa en relación con la defensa legal del fiscal general en la causa penal en curso sobre la filtración del caso del novio de Ayuso. La denuncia, recogida por OKDIARIO, señala como denunciados a Álvaro García Ortiz como cooperador necesario y a David Vilas Álvarez, abogado general del Estado; y Zaida Fernández Toro, jefa del Área Penal de la Abogacía del Estado, como presuntos autores directos del delito.

La denuncia sobre la legalidad del uso de la Abogacía del Estado para defender a Álvaro García Ortiz ya está registrada en el Tribunal Supremo. La controversia, según el sindicato que dirige Miguel Bernad, surge porque el fiscal está siendo defendido por la Abogacía del Estado, lo que implica que su defensa se financia con fondos públicos. Álvaro García Ortiz optó porque le defendiera la Abogacía del Estado en vez de contratar un abogado privado, como sí han hecho otros fiscales investigados en el procedimiento.

La denuncia hace especial hincapié en el marco legal que regula la asistencia jurídica a funcionarios públicos. Según la Ley 52/1997 y el Real Decreto 1057/2024, la representación por parte de la Abogacía del Estado solo procede cuando las acciones legales derivan del «legítimo desempeño de sus funciones» o del cumplimiento de órdenes de autoridad competente.

El texto detalla que para que un funcionario pueda ser defendido por la Abogacía del Estado, se requiere una habilitación expresa mediante un procedimiento específico que incluye una propuesta razonada y la verificación de varios requisitos legales. Entre estos requisitos destaca la compatibilidad con los intereses generales del Estado y que los hechos estén relacionados con el ejercicio legítimo del cargo.

Para Manos Limpias ninguno de estos requisitos. El sindicato de Miguel Bernad considera que los hechos investigados no están relacionados con el ejercicio legítimo de sus funciones como fiscal general del Estado. «En la normativa orgánica, funcional y procesal relativa al Ministerio Fiscal no se incluye como función suya, en cumplimiento del Artículo 124 CE, la de dictar y difundir notas informativas relativas a los supuestos y circunstancias de hecho de la relación entre el Ministerio Fiscal y sus actuaciones relativas a ciudadanos particulares y menos con el detalle con que se ha efectuado, trasladando correos personales del Abogado defensor del ciudadano en cuestión», argumenta Manos Limpias.

Y prosigue: «Esta actuación no tiene nada que ver con las atribuciones del Ministerio Fiscal reguladas en su Estatuto Orgánico y reviste particular gravedad cuando se hace, declaradamente, para ‘ganar un relato’ de contenido político contra adversarios políticos legítimos».

Contra la Abogacía del Estado

La denuncia también se dirige contra David Vilas. Se le señala como el responsable político-administrativo principal de la emisión y resolución de acuerdo para que se asuma por parte del abogado del Estado la defensa penal de Álvaro García Ortiz, por ser la autoridad superior en la Abogacía General del Estado, dependiendo de él el director general de lo Contencioso.

El documento también apunta a Zaida Fernández Toro. «Se presumen conocimientos suficientes al respecto, Jefe del Área o Unidad encargada en la Abogacía del Estado de la Jurisdicción Penal, ha aceptado la designación y ha venido ejerciendo la defensa de Álvaro García Ortiz en las actuaciones previas penales que han ascendido a un nuevo y diferente nivel a raíz de declarar Álvaro García Ortiz como investigado formal», explica la denuncia.

Matiza, además, que de Zaida Fernández del Toro «se presumen conocimientos suficientes tanto penales como de los requisitos administrativos para asumir defensa en juicio de autoridades, funcionarios y empleados del Estado».

El expediente

El sindicato pide al juez en su denuncia que se recabe el expediente administrativo completo relacionado con la habilitación del abogado del Estado para la defensa de Álvaro García Ortiz, sugiriendo la posibilidad de que funcionarios de la propia Abogacía del Estado pudieran haberse opuesto a asumir esta defensa. La denuncia se produce en un momento particularmente delicado para la Fiscalía General del Estado, añadiendo un nuevo capítulo a la controversia que rodea la filtración presuntamente orquestada por Álvaro García Ortiz.