El procés, un compendio de malas artes

El procés, un compendio de malas artes

El patético desvarío en que se ha convertido lo que dio en llamarse procés rindió ayer uno de sus episodios más insólitos. Tras desayunarnos con la noticia de que el candidato al que Puigdemont había dado el visto bueno, Jordi Sánchez, ex presidente de la ANC, renuncia a la actividad política —sí, en efecto, el círculo de Waterloo había propuesto como presidente de la Generalitat a un preso en desbandada—, supimos que el siguiente participante en el casting para el papel de jefe del Govern, Jordi Turull —el tercero de los Jordis—, ha sido citado el viernes por el juez Llarena —junto con Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira— para una vistilla de medidas cautelares, con el ingreso en prisión en el horizonte. El que fuera fiel escudero de los Pujol, y que ha quedado como único representante de cierto relieve en Junts Per Catalunya de la antigua Convergència —no en vano, fue el gran valladar del partido en los casos Palau y 3%—, figura imputado en la macrocausa que se sigue en el Supremo contra los instigadores del intento de secesión.

Recordemos, a este respecto, que Turull, uno de los diputados más obstinadamente marrulleros que ha visto pasar la institución desde su restablecimiento en 1977, ya sabe lo que es dormir entre rejas. Con todo, el principal obstáculo para su elección no es la cárcel, sino la CUP, que lo ve como la encarnación de la Convergència más opaca, corrupta y sectaria. Llegados a este punto, y pese a lo risibles —por ridículos— que puedan parecer los estertores del procés, conviene recordar que se trató de un golpe contra el orden constitucional, para el que el nacionalismo hizo valer todo un arsenal de malas artes. Véase, sin ir más lejos cómo Romeva previó destinar 200.000 euros a la contratación de un equipo de observadores internacionales que, obviamente, y dada la tarifa, no habrían sino validado el referéndum y aun la aparición de la virgen de Montserrat, si hubiera terciado. Asimismo, anteayer trascendió que Puigdemont ocultó un documento que alertaba de que la salida de Cataluña de la UE “sería muy negativo para la economía, con descensos del 45-50% de las ventas al Estado español, y del 18% de las exportaciones a Europa”.

El informe, además, pronosticaba un descenso del PIB del 20%, advertía de las consecuencias del llamado “efecto frontera” y ahondaba en la pérdida de vínculos comerciales con el resto de las comunidades españolas: “En caso de independencia, las ventas catalanas a las diferentes comunidades autónomas del Estado bajarían por la desvinculación [sic], cosa que implicaría un descenso importante de las ventas totales, teniendo en cuenta que Cataluña comercializa productos con el Estado español por valor de 38.861 millones de euros (el 37% del total de las ventas al exterior)”. En resumen, un país al borde del colapso. Llama la atención el hecho de que la cuenta de correo de donde la Guardia Civil extrajo este archivo correspondía a Santi Vila, el traidor.

¡A saber si el motivo de su traición fue precisamente dicha información! Ambas noticias se suman a las que, la semana pasada, desvelaron cómo los mossos d’Esquadra no sólo acordaron hacer la vista gorda ante el asalto a los colegios el 1-O, sino que en muchos casos aleccionaron a los Comités de Defensa del Referéndum acerca de las condiciones en que debían operar. En suma, ante la humanísima tentación de la comicidad, volvamos la vista a los días de octubre en que este hatajo de insurrectos trató de cortar amarras con España. A sabiendas, claro está, de que nos conducía a la ruina. También a la económica.

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