Presupuestos: cuestión de confianza, inmigración, deuda, fiscalidad y amnistía

Cada día que pasa se incrementan las razones para considerar una ignominia inaudita la que está provocando Sánchez a la nación española, para que sencillamente pueda seguir «estando» en el Gobierno. Un mínimo de ética pública (y privada), hubiera debido bastarle para asumir, tras ser derrotado en las urnas el 23J,-que necesitar el apoyo de los separatistas y de Bildu para seguir en La Moncloa-, le exigía renunciar a la investidura. Pagar ese precio personal y político es inaceptable para cualquier gobernante con un mínimo de conciencia respecto a lo que significa la obligación de trabajar por el bien común de los ciudadanos y el interés general del país al que debe servir. Pretender que se puede cumplir con ese deber, que es una obligación prioritaria e inexcusable de todo gobernante digno de tal consideración, necesitando para ello el apoyo de quienes tienen como objetivo supremo precisamente todo lo contrario a esos fines, es una contradicción existencial.

Por si alguna duda le quedase a alguien a estas alturas, es recomendable conocer las declaraciones de la actual portavoz de Puigdemont en el Congreso de los Diputados. Precisamente ascendida por su jefe a vicepresidenta de Junts, por su discurso netamente independentista y directo. Tanto que en la Sesión de Control al gobierno la pasada semana literalmente emplazó a Sánchez a «mover el culo» para cumplir los compromisos pactados si quiere seguir contando con su apoyo. Son los 7 votos del separatismo etnicista que entre otras cuestiones exige la transferencia total de las competencias vinculadas al control de fronteras, inmigración y extranjería, todas ellas competencia exclusiva del Estado.

Aceptar esa exigencia sería de una gravedad política extraordinaria por tratarse de funciones directamente vinculadas a la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial del Estado. Retirar a la Guardia Civil y la Policía Nacional de los puertos y aeropuertos de Cataluña para el control de esa competencia sería tanto como crear una frontera de Cataluña con el resto del territorio nacional. En estos momento en que la inmigración irregular «es un problema de Estado» y que la UE está tratando de promover acuerdos entre los 27 estados que la componen resulta descabellada esa transferencia. Más que nunca necesaria para hacer frente de manera coordinada y eficaz a la actuación de las mafias, y conseguir una efectiva cooperación económica y política con los países de origen y tránsito de los inmigrantes. Y que luego tienen libertad de circulación por los países signatarios del Tratado de Schengen en la UE. «Condonación de deuda, inmigración, fiscalidad, y amnistía» constituyen el precio a pagar por el Estado español a Junts para que Sánchez siga en la Moncloa. Esa es una parte de la factura del separatismo catalán porque junto a ella está la expedida por su adversario político catalán Oriol Junqueras, también con 7 votos, y reelegido al frente de ERC.

Por cierto, mientras la patriota catalana Marta Rovira anuncia que regresa a residir a Suiza, país también elegido en su día por Anna Gabriel de la Cup. Es el ejemplar patriotismo de estos separatistas «progresistas» que por cierto no eligen para irse a vivir a Venezuela, ni a Cuba o Corea del Norte, por ejemplo. En cuanto al separatismo vasco, Bildu con 6 votos, quiere seguir con su «blanqueamiento» social y político de la mano de Sánchez, excarcelando sin arrepentimiento alguno a los terroristas previamente trasladados a cumplir sus condenas al País Vasco a cuyo gobierno nacionalista también transfirió la competencia de gestión de las Instituciones penitenciarias.

El último acreedor de la lista es el PNV con sus 5 diputados que le dieron la victoria en la moción de censura que llevó a la Moncloa al sanchismo. Su actuación fue una felonía al efectuarlo una semana después de haber pactado los primeros presupuestos de la legislatura con el gobierno de Rajoy. El fallo de la Gürtel hizo obligado ese «gesto de dignidad contra la corrupción» por parte de dichos nacionalistas «progresistas». Ahora según Puigdemont, el Gobierno debe someterse a una cuestión de confianza en el Congreso. Mientras, sigue el carrusel de su familia, su gobierno, y su partido por los Juzgados. Comenzando por Aldama este lunes, en una «semana negra» judicial y política para el sanchismo.