Policías y democracia

Una democracia se diferencia en muchas cosas de una dictadura. El pueblo elige a sus dirigentes periódicamente y la sociedad tiene derechos. Las democracias son estados de derecho con ciudadanos protegidos por sus más altas leyes. No existe democracia sin derechos humanos, civiles, políticos, sociales, laborales… y la función del Estado a través de las leyes, la justicia, y sus fuerzas de seguridad es protegerlos.

Nuestra Constitución reconoce derechos en coherencia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (1948) y otros tratados internacionales. La Policía tiene distintas normas: ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; ley de seguridad ciudadana de 2015 (“ley Mordaza”), que sustituyó a la de 1992 (Ley Corcuera). Existen Resoluciones internacionales: 34/169, de 17 de diciembre de 1979 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobando el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; 690 del Consejo de Europa de 1979 sobre la Policía. La Comisión de Venecia, órgano consultivo de expertos constitucionalistas del Consejo de Europa, emitió dictamen el 19 de marzo de 2021 pidiendo al Gobierno de España que revise y modifique la ley de seguridad ciudadana de 2015.

Hace 72 horas, un policía municipal en Madrid quiso identificar a un ciudadano. Éste mostraba su DNI, pero se negó a entregarlo. El policía pudo tomar los datos y sería abuso de autoridad sujetarlo por el brazo, forcejear, tirarlo al suelo y detenerlo. Es lo que hizo, ayudado por otro policía municipal y protegido por UIP. El trabajo policial en seguridad ciudadana en España consiste en identificar a muchas personas para hacer estadísticas que sirvan al mando. Los policías trabajan para sus jefes de espaldas a los derechos de la gente. Se imparte formación a los policías enseñándoles que su autoridad es un valor superior a los derechos de la ciudadanía. Como con Franco. Cuantas más identificaciones, más vulneración de derechos civiles. El Estado de derecho prohíbe molestar a ciudadanos sin causa objetiva. Los mandos deberían controlar las minutas internas y comprobar qué policías abusan del cargo. Si una patrulla presenta cada mes casos de resistencia, desobediencia y 200 identificaciones, y otras patrullas en la misma zona no, está señalando a policías del barrio “chulos de uniforme”. Políticos, mandos y policías no respetan los derechos civiles de la ciudadanía en España.

Los procedimientos policiales son los mismos ahora que en la dictadura o la Segunda República; nunca se han adaptado los protocolos para respetar a la sociedad como ciudadanía con derechos, no como súbditos o vasallos. El dictamen de la Comisión Venecia señala las identificaciones en la vía pública y las sanciones administrativas como materias a modificar. En España un policía puede identificarte y cachearte por capricho (9 millones/año solo Policía Nacional).  En democracias las identificaciones solo son legales con causa fundada para practicarlas. Las sanciones son más lesivas que una condena penal (de 600.000 euros unas, de 30.000 la segunda vez que lleves hachís para fumar un porro en tu casa, otras).

Un juez envía a tres presos a un hospital sin planificación previa, los médicos deciden que no están juntos, sino cada uno en su habitación, y la policía debe dedicar los tres únicos coches de una ciudad a custodiarlos. Que queden 200.000 personas desprotegidas víctimas de robos, violaciones y otros delitos es indiferente. Los ciudadanos, su seguridad y derechos no importan nada a nadie, ni a políticos ni a mandos policiales. Son víctimas del principio de autoridad mal entendido. Es así hoy como en mis 42 años en la policía. ¿Seremos, por fin, una democracia que respeta los derechos civiles?