Las pensiones han de ser reformadas

Aunque el Gobierno lo haya negado, pese a existir borradores aparentemente remitidos por el Ministerio a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, la reforma del sistema de pensiones es algo que es urgente, porque, si no, el sistema estará matemáticamente quebrado. Puede ser duro decirlo, pero es la verdad, y, por tanto, es lo que los responsables políticos deberían decir.

No es, por tanto, cuestión de ideologías sino de matemáticas actuariales. Cada vez tenemos más pensionistas y esos pensionistas cobran una pensión más elevada que las que se cobraban antes, y lo hacen durante más tiempo. Cuando se puso en marcha en España el sistema de reparto, la esperanza de vida al nacer no era mucho más alta de 65 años en los varones, que entonces eran el grueso de la población activa. Ahora, sin embargo, gracias a Dios, la esperanza de vida se encuentra por encima de los ochenta años en ambos sexos (80,52 en el caso de los hombres y 85,89 en el caso de las mujeres, según nos muestra el INE). Este factor, sin duda, eleva el número de años que se percibirá una pensión, que supone, por tanto, un incremento del coste del sistema.

Por otra parte, la tasa de sustitución o de reemplazo de las pensiones en España -esto es, el porcentaje de pensión que se percibe respecto al último salario- no ha dejado de crecer y es la más elevada de Europa, con un 78,7%, según datos de la Comisión Europea, muy por encima de la media de la UE (46,3%) y de la eurozona (49,9%). Esto eleva también el coste del sistema público de pensiones, al ser mayores las pensiones que entran al sistema que las que salen.

El impacto será especialmente importante cuando se jubile el grueso de las cohortes del baby boom, período que tuvo lugar entre 1952 y 1977, pero encontrándose esas cohortes más numerosas en crecimiento de natalidad anual entre 1957 y 1967. Son muchas personas que, por un lado, accederán a una pensión, que, por otra parte, dejarán de cotizar como activos y, por último, percibirán, en términos generales, una pensión mayor que la media actual, con lo que dicha media se elevará y, con ello, el coste del sistema.

Adicionalmente, además de producirse esa salida de la población activa de todas esas personas, no se reemplazará con una entrada similar en el mercado de trabajo de las nuevas generaciones, pues los nacimientos de estas nuevas cohortes fueron ya muy escasos, de manera que la relación entre activos cotizantes y pensionistas caerá de manera importante.

Por eso, si nada se hace, el sistema colapsa matemáticamente, y eso es lo que hay que evitar. Hay que tomar medidas para solucionar el problema y garantizar su sostenibilidad.

Es lógico que se plantee alargar el período de cómputo de la vida laboral para calcular la pensión, como es lógico alargar la edad de jubilación, debido tanto al incremento de la esperanza de vida como de las condiciones en las que se encuentra en estos tiempos una persona de sesenta y cinco años, mucho mejores que las que tenían quienes hace cuarenta, cincuenta o sesenta años cumplían esa edad de jubilación. Al Gobierno le da miedo plantearlo, porque como vive envuelto en la demagogia y en la propaganda, cuando da algún paso sensato se asusta, porque se enfrenta a la cruda realidad, pero ésta es como es.

Lo que no tiene sentido es incrementar las bases de cotización máxima, pues supondrá un desincentivo al trabajo, al talento, incrementará los costes empresariales y supondrá un incremento de la diferencia entre cotización máxima y pensión máxima, que no deja de constituir un engaño para quienes cotizan por el máximo posible. De igual manera desincentivar el ahorro privado con la disminución de la desgravación por aportaciones a planes de pensiones no es ninguna buena noticia. Y tampoco lo es que una parte del déficit de la Seguridad Social vaya con cargo a partidas de los PGE ajenas a la propia Seguridad Social de manera estructural, porque eso aplaza y agranda el problema, no lo soluciona.

Ahora bien, las otras dos medidas -alargar la edad de jubilación y aumentar el cómputo de la pensión- son medidas necesarias, aunque no suficientes. Es complicado cambiar hacia un sistema de capitalización, pero no imposible diseñando -y asumiéndolo en los Presupuestos transitoriamente- una transición que garantizase el cobro de la pensión en las mismas condiciones a los pensionistas actuales y a los activos que por edad ya no pueden cambiar a un sistema de capitalización. Es costoso, pero se limitaría el problema a dos o tres generaciones, no se dejaría sin resolver. Y si se deja sin resolver, puede que estalle y, entonces, sí que habrá recortes. Al menos, habría que intentar llegar a un sistema de cuentas nocionales como el que están poniendo en marcha desde hace algún tiempo los países nórdicos. Lo que no se puede hacer es seguir negando la evidencia. Es un tema que hay que abordar técnicamente, para garantizar el sistema y el derecho de los pensionistas, no para hacer política ni mucho menos para poner en riesgo las pensiones por negarse a aplicar las reformas necesarias que mantengan en pie el sistema.

El Banco de España lo ha advertido en distintas ocasiones, donde ha llegado a alertar de un aumento muy significativo en pensiones contributivas que se está produciendo, que es lo que ha deteriorado rápidamente el saldo de la Seguridad Social. Es más, el 44% del total del déficit de las AAPP se produjo por la diferencia negativa entre cotizaciones y pensiones contributivas. Por todo ello, el Banco de España ha pedido, en varias ocasiones, claramente, que se lleven a cabo reformas estructurales que permitan la sostenibilidad del sistema. También lo han hecho en diversos momentos BBVA Research y Fedea, de momento con escaso éxito. Esperemos que los políticos sean conscientes del verdadero problema que supone no reformar el sistema de pensiones y que lo hagan para garantizar su viabilidad, no con meros parches para la propaganda, sino con reformas estructurales que consoliden y garanticen las pensiones.