Peces-Barba y su último beso a Montesquieu

Fue un beso de despedida, aunque eso lo sabría unos años después. El suyo fue el último gesto de la familia socialista con una justicia despolitizada. Y se produjo en 1978 durante los trabajos de la Comisión constitucional. En estas glosas silenses de la Transición me embebí el pasado martes encerrado en la biblioteca del Congreso de los Diputados, porque no había mejor búnker en la faz de la tierra donde protegerse del terremoto que provocó la renuncia del magistrado Manuel Marchena a presidir un órgano de gobierno de los jueces amañado por el bipartidismo. Una decisión de esas que pueden cambiar la historia de este país.

Y así, protegido por los padres de la Constitución, me encontré con que el representante del PSOE, el profesor Gregorio Peces-Barba, abrazó al filósofo Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, y su teoría de la separación de poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— a la hora de poner sobre la mesa que 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueran elegidos por los propios jueces y no por los grupos parlamentarios. Menuda osadía pensará hoy su compañera de filas Carmen Calvo, quien por entonces todavía no se había convertido en una it-girl de la facultad de Derecho de Córdoba.

Tanto en la ponencia previa (agosto-diciembre 1977) como en la Comisión Constitucional (mayo-junio 1978) hubo consenso en que el cupo de miembros del CGPJ procedente de la propia carrera habría de ser elegido por jueces y magistrados para su posterior nombramiento por el Rey. Así lo atestiguan —de la ponencia no se recogieron las conversaciones al ser reservada— distintas intervenciones realizadas en la sesión del día 8 de junio de 1978 en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso. Por ejemplo, una de ellas fue la de Peces-Barba, defendiendo así que el CGPJ tuviera 20 vocales y no 15: “Respetando las proporciones establecidas, se aumentan dos en el primero de los grupos, pasando de 10 a 12, y se aumentan en el segundo grupo, pasando de cinco a ocho; ampliando —volviendo a la idea del 5 de enero— que los 12 elegidos por jueces y magistrados lo sean en las diversas categorías judiciales”. Los otros ocho, a designar por las Cortes, son juristas o abogados —no tienen por qué ser jueces—.

En esa intervención, Peces-Barba lo decía claro: 12 vocales “elegidos por jueces o magistrados” y no por los grupos parlamentarios. Sin embargo, como explica la profesora Carmen Fernández-Miranda: “No hubo una decisión final mayoritaria que originase su inclusión en la redacción, sino que se dejó a la ley orgánica posterior el regular el procedimiento de elección». Así, la Constitución quedó con esta redacción —susceptible de múltiples interpretaciones— en su artículo 122.3: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

Tan abierto quedó este precepto constitucional que la Ley orgánica del Poder Judicial de 1980, que respetaba ese “entre” y “por” los jueces, —la misma que ha fusilado esta semana el PP para no verse superado por la propuesta de Ciudadanos—, fue cambiada por el Gobierno de Felipe González en aquella famosa reforma del año 1985 que atribuye a Alfonso Guerra la jocosa frase de “Montesquieu ha muerto”. Los socialistas, en un debate de altísimo nivel entre Javier Sáenz de Cosculluela y José María Ruiz-Gallardón, alegaron básicamente que quienes administran justicia a los españoles no pueden elegirse entre ellos, en un gesto de “corporativismo”, sino por los propios españoles vía representantes en el Congreso y el Senado. Este argumento, pero expuesto de manera mucho menos exquisita, fue pronunciado por la vicepresidenta Calvo el pasado miércoles en la sesión de control: “La Constitución establece que la composición de todos los organismos y poderes del Estado salgan de esta Cámara. ¿Ustedes plantean que el Poder Judicial se nombre a sí mismo? ¿A contramano de cualquier principio democrático?”.

Salvando el patinazo de quien es doctora en Derecho Constitucional, pues el Consejo de Ministros, por ejemplo, no sale del Parlamento, sino de la exclusiva potestad del presidente del Gobierno, Calvo hizo de perfecta plañidera de Montesquieu, por el que no siente pena ninguna aunque lo disimule muy bien. Menos mal que Peces-Barba se despidió de él… Veremos si los socialistas se fijan en su padre de la Constitución para volver a un Poder Judicial independiente sin necesidad de reformar la Carta Magna. El PP, rompiendo con décadas de complicidad, y Ciudadanos, ya han dado el paso.