El objetivo del fiscal general era dañar políticamente a Ayuso

Es la historia de una cacería política: la pieza mayor era Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, cuya relación sentimental con el empresario Alberto González Amador excitó a la cúpula de la Fiscalía General del Estado. Cuando el pasado 12 de marzo saltaba a la prensa la noticia de que la Fiscalía Provincial de Madrid había denunciado a este empresario y a otras cuatro personas por, supuestamente, defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 se consumaba un plan diseñado al efecto de dañar políticamente a la presidenta madrileña.

El 8 de marzo, el Fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto Torres, que llevaba el asunto de González Amador, recibió la llamada de la Fiscal Jefe Provincial, Pilar Rodríguez, «y le informó» de que éste «tenía un vínculo con la presidenta de la Comunidad de Madrid y le pidió copia de la denuncia ya visada». Esa llamada se habría producido, por tanto, cuatro días antes de que la información sobre el presunto delito cometido por el empresario ocupase los titulares.

El hecho de que el fiscal Torres fuera advertido por sus superiores del «vínculo» de Amador con Ayuso es significativo. González Amador no habría merecido especial atención por los dirigentes del Ministerio Público si no fuera por su noviazgo con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Todo lo que vino después, la nota de prensa de la Fiscalía desvelando datos secretos de la pareja de Ayuso por orden del fiscal general, Álvaro García Ortiz -ahora imputado por el Supremo-, se enmarca en el plan del Ministerio Público de socavar la imagen de la jefa del Ejecutivo madrileño.

En el plan también estaba implicada la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota. Aunque no tiene la condición de aforada, el auto explica que ambos comportamientos -el del fiscal general y el de ella- guardan una conexión inescindible que impide la incoación de causas separadas. Esta es la historia: el fiscal general del Estado, mandado de Pedro Sánchez, se pasó de frenada. Por eso está imputado.