El nuevo modelo de financiación o qué hay de lo mío

Una semana después de que María Jesús Montero haya hecho llegar su borrador de propuesta para cambiar el modelo de financiación a las comunidades autónomas de régimen común (todas menos el País Vasco y Navarra), estamos ya en condiciones de sacar alguna que otra conclusión de por dónde irán los tiros en una negociación que, en principio, podría parecer ardua y compleja ante la dificultad de conjugar los intereses dispares y egoístas de quince taifas distintas. 

Una mirada objetiva a las declaraciones de algunos consejeros de economía autonómicos que se han pronunciado al respecto nos permite dilucidar, envueltas en el ya habitual lenguaje politiqués de rigor, la gran cuestión que se va a dirimir: qué hay de lo mío, es decir, cuántos recursos adicionales va a poner el Estado encima de la mesa para contentar la voracidad de gasto de las autonomías. Un clásico, no por esperado, menos deprimente.

Valencia, en principio una de las grandes beneficiarias del cambio de modelo, ha afirmado que se debe mantener el principio de suficiencia financiera, lo que a su juicio implica más recursos. Baleares, una de las grandes beneficiarias del modelo todavía vigente, ha pedido una mayor aportación de recursos a las comunidades. Extremadura, por su parte, ha exigido que se dote con los recursos necesarios el coste de los servicios públicos que prestan las comunidades, como si la cuantía, la calidad y la cantidad de estos servicios públicos (educación, sanidad, servicios sociales) no los decidiera la voluntad soberana de los parlamentos autonómicos en sus presupuestos anuales. Y ofrecer servicios que no puedes pagar, cabe recordar, debería significar el culmen de la irresponsabilidad en un administrador de las cuentas públicas, a menos que el criterio para cuantificar las necesidades de financiación, sea, tal como afirmara en su día el inefable Carlos Manera, hoy asesor del Banco de España, que “los baleares no tenemos la educación (o la sanidad) que nos merecemos”, dando rienda suelta a gastar lo que a uno se le antoje. 

La Rioja, por otra parte, ya se frota las manos porque el nuevo modelo puede suponer alguna mejora de financiación para la comunidad, ya que recoge como variables correctivas la dispersión, despoblación y costes fijos. Cantabria, una de las grandes beneficiarias del modelo en vigor, ha criticado que la propuesta de Montero no incluya dos factores «clave» como el envejecimiento y la orografía. Galicia, Murcia y Andalucía se han quejado de la propuesta de Montero porque no incorpora “nuevos fondos” adicionales. Castilla y León se ha quejado que factores como el envejecimiento, la dispersión o la superficie pierdan peso, lo que acarrearía perder dinero. 

Así las cosas, resulta obvio que el nuevo modelo de financiación que se proyecta tropezará en los mismos escollos y persistirá en el principal defecto con los que se encontraron los modelos de 2003 -con Aznar en el poder- y 2009, con Zapatero en la Moncloa. Este defecto no es otro que el principio de que “nadie pierde”. Es decir, ninguna comunidad va a recibir menos fondos de los que obtenía con el anterior modelo, lo que, naturalmente, llevará a que el Estado transfiera más recursos a las comunidades autónomas a través de otro incremento de los porcentajes de recaudación del IRPF e IVA cedidos a las autonomías. 

No vayan a creer los menesterosos contribuyentes de a pie que el cambio de modelo de financiación vaya a limitarse a redistribuir la misma tarta de recursos de forma más justa o equitativa, más allá de lo que entendamos por “justo” y “equitativo”, conceptos más que vidriosos y que cada autonomía entiende de forma dispar, como vemos. En absoluto, el cambio que se va dirimir no consistirá en repartirse de otro modo lo que ya se reparte ahora. Ello comportaría que algunas autonomías ganaran y otras perdieran en un juego de suma cero. ¡Quia! El nuevo modelo, como sucedió en 2003 y 2009, será apoyado de forma unánime o cuando menos mayoritaria porque la tarta a repartir va a ser más grande y todos van a seguir recibiendo un trozo mayor, aun a pesar de que todas las cautelas para engordar la ya sobredimensionada y exagerada capacidad de gasto de las autonomías deberían ser pocas cuando, sin ir más lejos, el sistema de pensiones está al borde de la quiebra. Vayámonos preparando en los próximos meses para cantar a coro la misma canción. ¡Que vivan las autonosuyas!