La nociva política tributaria del Gobierno

La política tributaria del Gobierno tiene tintes altamente confiscatorios, coronada por las nuevas figuras tributarias que sólo responden a un criterio político, no técnico, que pueden causar un daño enorme al conjunto de la economía y el empleo.

Ya no es que se nieguen a deflactar la tarifa del IRPF para impedir una subida encubierta de impuestos como la que está llevando a cabo el Gobierno a través de la inflación, sino que introducen nuevos impuestos que no tendrán un gran alcance recaudatorio, con tintes electorales y que, muy probablemente, terminarán siendo anulados por la Justicia, ya que o pueden constituir doble imposición -como el impuesto a las energéticas y a los bancos-, o invaden competencias -como el impuesto a las grandes fortunas-, o pueden ser inconstitucionales -todos ellos-, sin olvidar la ineficiencia económica que tendrá la limitación de deducciones en el impuesto de sociedades sin rebajar, en compensación, sus tipos -todo lo contrario, quieren subir el tipo mínimo efectivo de sociedades-.

El impuesto de patrimonio bis, que llaman de solidaridad, a las grandes fortunas, que, realmente, y así lo reconocen hasta en el texto de la proposición de ley, busca armonizar la tributación autonómica como un impuesto de patrimonio paralelo. Es decir, quieren obligar a las regiones gobernadas por el PP que tienen exento -en todo o en parte- el impuesto de patrimonio, a reponerlo por la puerta de atrás. Especialmente va dirigido contra Madrid, que es la única que durante más de una década ha mantenido la exención del 100%, aunque el detonante de la medida del Gobierno fuese, probablemente, el hecho de que Andalucía anunciase la exención completa del tributo. No soportan que alguien haga algo que no siga su política económica y tratan de imponer su voluntad de una manera poco técnica, tanto económica como política, forzando plazos para que entrase en vigor en 2022, que si bien técnicamente no hay retroactividad, al devengarse entonces el impuesto, la hay funcional, pues genera inseguridad jurídica al no permitir planear fiscalmente su estrategia a los contribuyentes con carácter anual.

Todo parece indicar que invaden competencias, duplicando el impuesto, discriminando a contribuyentes y, todo ello, sin reformar ni la Lofca ni la Ley del Sistema de Financiación que, por cierto, ya recoge la aplicación de la recaudación del actual impuesto de patrimonio, transferida vía fondos del Sistema de Financiación Autonómica en aplicación de la lealtad institucional desde 2009. Por tanto, es falso que el impuesto no exista, porque sigue vigente, aunque goce de exención al 100% en algunas regiones; es falso que no se recaude por él, porque sí lo hace vía compensación en el SFA; y es falso que sea otro impuesto, porque persigue el mismo hecho imponible. Perjudican a las CCAA, interfieren en sus decisiones y armonizan por la puerta de atrás sin seguir los cauces normativos ortodoxos. Las CCAA gobernadas por el PP han presentado recurso de inconstitucionalidad que ha sido admitido, siendo el inicio de una feroz batalla legal, en la que todos los damnificados por esta maniobra tributaria del Gobierno de la nación deberían pleitear.

A su vez, en renta, ha aumentado el tipo impositivo de las rentas del capital para rentas de más de 200.000 euros: lo aumentan un punto, de 26% a 27%. Para más de 300.000 lo han incrementado 2 puntos, hasta el 28%. Esto supone un ataque al ahorro, tan necesario para financiar la inversión, así como a los pequeños ahorradores que viven sólo de esas rentas. Por tanto, desincentiva el ahorro, con el elemento perjudicial que supone para la economía vía reducción de la inversión asociada, de manera que va a ahuyentar la inversión y, con ello, la actividad económica, el empleo y también la recaudación.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, la rebaja que propusieron es mínima y a costa de espantar la inversión de las grandes empresas. Así, han rebajado el tipo nominal del impuesto de sociedades del 25% al 23% para pequeñas empresas (cifra de negocio inferior a un millón de euros), pero, en contrapartida, limitan en un 50% la compensación de pérdidas de filiales en grupos consolidados. Es decir, suben los impuestos, por mucho que lo vendan como un aplazamiento, con una previsión de recaudación de 2.439 millones entre 2023 y 2024. Esto puede suponer una deslocalización de empresas o, al menos, una barrera de entrada a nuevas inversiones, con la potencial pérdida de actividad y empleo y, con ello, de recaudación.

En cuanto al impuesto a las energéticas, el hablar de beneficios caídos del cielo en el caso de las eléctricas, cuando el propio Gobierno incrementa la recaudación debido a la inflación y se niega a devolver esa parte a los contribuyentes, porque no quiere ni deflactarles la tarifa del IRPF ni bajarles los impuestos, aunque sea temporalmente, no tiene sentido.

Y el decir que van a gravar a la banca porque se benefician de unos balances más saneados gracias al gasto público que ha frenado, de momento, el desempleo, y que con la subida de tipos se van a aprovechar de la situación con el aumento de los intereses hipotecarios y de los márgenes financieros, en general, es absurdo, porque de no aplicar una política monetaria restrictiva contra la inflación, la economía se habría resentido en general, no sólo la banca, con más desempleo, y porque entonces, por esa regla de tres, habría que haber compensado a la banca durante la década de tipos cero en los que muchos de los préstamos concedidos no han tenido rentabilidad para ellos. Adicionalmente, por enmienda, ampliaron la medida a las entidades extranjeras con sucursal en España, elemento que puede hacer que dichas entidades se marchen, empobreciendo la importancia financiera de España.

El no permitir su repercusión al cliente a energéticas y entidades financieras, por otra parte, es algo imposible, porque terminará sucediendo; es más la banca tiene la obligación de hacerlo para cumplir con su normativa, especialmente con la emanada de Basilea en cuanto a los requerimientos de capital. Se lo ha recordado el BCE, aunque le moleste al presidente Sánchez. Todo ello, además, pone en riesgo la solvencia de las entidades y el negocio bancario, clave para el desarrollo económico. Impuestos, tanto el de las energéticas como el de la banca, que podrían constituir, adicionalmente, una doble imposición, además de ser, también, de dudosa constitucionalidad su aplicación.

Este conjunto de medidas generan una inseguridad jurídica importante que puede expulsar y ahuyentar inversores en los mercados financieros, grandes patrimonios que tributan en España y que nutren, con su ahorro, la inversión, y empobrecen, así, al conjunto de ciudadanos, al atacar la generación de actividad económica y de empleo, mientras el Gobierno se enriquece con la recaudación extraordinaria derivada de la inflación a costa de la asfixia de ciudadanos y empresas. Es una política tributaria que perjudica muchísimo a todos.