Los niños de Infancia Libre son Melodie Nakachian

Si combates la ideología de género, y la presentadora de un debate político televisado es consciente, 10 segundos es más o menos el tiempo que tienes para explicarte antes de que la conductora del debate recurra a algún torpe recurso como para cortarte en la mesa desde que pronuncias las palabras “Ley de Violencia de Género” y “Los hombres son víctimas”. Y 5 segundos son los transcurridos entre esas frases y su mirada de Torquemada con laca clavada en tus pupilas.

“Ese no es el debate de hoy” o “centrémonos en la cuestión que nos ocupa” acompañada del clásico corista izquierdoso que, mientras explica el caso de la cuarta secuestradora de niños de Infancia Libre, miente deliberadamente al insistir en que la nueva delincuente subvencionada es “solamente un caso aislado” y “secuestradora” es la palabra que nunca pronuncia. Las cuatro cabecillas de la trama sólo son el extremo del hilo de un número impredecible de denuncias que la unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de la Plaza de Castilla está investigando focalizada en el tipo de “Organización Criminal” incluido en el artículo 570 bis del Código Penal: “…se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos”, y la mayoría de los medios de comunicación nos están silenciando al impedirnos la palabra obligándonos a compilar en 10 segundos el brutal epítome que sostiene el delito.

Epítome que ya observamos con el caso de Juana Rivas quien, con la ayuda de las asociaciones feministas vinculadas al PSOE de la extinta Junta socialista de Andalucía, diseñó una diligente estrategia de supuesto maltrato e incluso una simulación de abuso sexual por parte del padre de sus dos hijos para que el juez, por supuesto, apartara cautelarmente a Arcuri de los críos. Este plan, lejos de ser un hecho aislado, es el esquema de manual de una amplísima red de cómplices de la cuerda izquierdista: abogados, políticos como Ione Belarra y Clara Serra, y médicos de la Sanidad Pública como la pediatra Narcisa Palomino que, inequívocamente, tienen una responsabilidad penal en todos estos asuntos que han devastado y seguirán devastando la vida de miles de casos de padres y sus hijos gracias al monstruo que parió todo esto, la Ley Integral de Violencia de Género que convierte al hombre en “maltratador” con una simple denuncia, aún sin sentencia.

Los secuestros de niños ejecutados por María Sevilla, Patricia González, , y Rocío de la Osa no difieren casi en nada con los secuestros de Emiliano Revilla a manos de Boye y resto de la patulea etarra, o con el de Quini a manos de la gentuza que le metió en un zulo de Zaragoza, o el de la pequeña Melodie Nakachian secuestrada en Marbella para exigir el pago de 16 millones de dólares en 1987. Todos tienen en común un plan, una logística, colaboradores necesarios, una financiación (en este caso pública), y un objetivo económico; el cobro de un secuestro, soltar a una víctima a  cambio de liberar presos de una cárcel, o, como en este caso, la millonaria subvención por parte de la administración pública a estas criminales que han mantenido a sus propios hijos en un cautiverio, privados de sus padres, entre 2 y 5 años.

No hay ninguna diferencia entre Boye y estas tías. Y no difieren casi en nada, pero sí en una cosa: En que los secuestradores de una organización criminal como una banda terrorista eran fulminante y contundentemente condenadas y perseguidas por los medios de comunicación que, hoy, supralegitiman moralmente a estas delincuentes y otras que se están formando gracias a los incentivos de nuestros legisladores. Mujeres que, como un secuestrador de zulo, deciden que sus hijos han de permanecer en la oscuridad, con sus movimientos, visitas, y su entorno vital supeditado a su propio control.