Manga ancha a los «nietos del exilio»; trabas a los judíos sefardíes

Fue la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, la que, a través  de una instrucción, desvirtuó por completo la denominada Ley de Nietos, para extenderla más allá del periodo fijado en la Ley de Memoria Democrática; esto es, a partir del exilio de la Guerra Civil española. Por la vía de esa artimaña se han concedido nacionalizaciones hasta a los descendientes de quienes abandonaron España mucho antes de la contienda fratricida, por ejemplo en 1890. Es una de las razones que han llevado al Supremo a suspender la norma, al constatar la ausencia de rigor en las identificaciones.

Y, sin embargo, la manga ancha de Sofía Puente con los exiliados del franquismo contrasta, y mucho, con las condiciones para la nacionalización exigidas para los judíos sefardíes, pues el Ministerio de Justicia ha denegado multitud de solicitudes alegando falta de «rigor probatorio» y exigiendo un vínculo real, profundo y actual con España. De esa forma, los expedientes de solicitud están sufriendo enormes retrasos.

En suma, que para los judíos sefardíes —los descendientes de las comunidades judías que vivieron en la península ibérica hasta su expulsión a finales del siglo XV— la nacionalización se ha convertido en una aventura tortuosa, obligados a un proceso complejo en el que se les demanda una enorme documentación, algo que contrasta con las facilidades dadas en la Ley de Nietos.

Será que los descendientes del exilio, a quienes no se les ha exigido un vínculo real, profundo y actual con España –más bien, todo lo contrario–, son, para el Gobierno, potenciales votantes socialistas, mientras a los sefardíes se les mira como si fueran un bulto sospechoso. La doble vara de medir del Ejecutivo de Pedro Sánchez es escandalosa y el grado de sectarismo de Sofía Puente, inconmensurable. A los potenciales votantes del PSOE, manga ancha; a los sefardíes, manga estrecha.