El impuesto al trabajo: un freno al empleo

Hace unas semanas, decía en OKDIARIO que las cotizaciones sociales eran un desmedido impuesto al trabajo, a raíz de la última propuesta del ministro Escrivá para tratar de compensar el desequilibrio adicional al ya existente que generará el abandono del factor de sostenibilidad de las pensiones. Entonces, hace sólo unos días, su propuesta, equivocada, era el incremento de medio punto de las cotizaciones a la Seguridad Social. Ahora, incluso ha subido su intención de subida en una décima más, hasta 0,6 puntos. Esta medida, insisto, es tremendamente negativa para la actividad económica y, por tanto, para el empleo, y si lo es para el mercado laboral terminará siéndolo para la recaudación por cotizaciones sociales, pues si hay menos empleo, habrá menos recaudación.

Ministerio y sindicatos han pactado, sin la CEOE, dicha subida, en un alarde de intervencionismo y de espíritu confiscatorio, con la miopía que les impide ver que si las empresas ven aumentar sus costes, reducirán su producción y, con ello, los empleos que ofrecen. Parecen ignorar que los números son fríos y que las empresas no soportan una nueva carga sobre sus ya maltrechas cuentas tras la pandemia.

Frente a ello, el ministro Escrivá dice que “todo el mundo tiene que entender que el Estado del bienestar hay que pagarlo”. Precisamente, porque hay que pagar el Estado del bienestar hay que evitar mermar sus ingresos con elementos que perjudican a su recaudación, como es la subida de los tipos de las cotizaciones, que lo único que conseguirán, como digo, es frenar la actividad -cuando no destruirla- e incrementar la inestabilidad del sistema.

Las cotizaciones a la Seguridad Social no son un impuesto formalmente, pero actúan realmente como tal, al suponer un porcentaje superior al 30% que se aplica sobre la base de cotización, que es igual que decir que se aplica sobre el sueldo de los trabajadores hasta llegar a la base máxima de cotización. Por tanto, es un sobrecoste que han de asumir las empresas como coste y los trabajadores como menores ingresos, que en la parte que paga directamente la empresa por cuenta del trabajador ni siquiera perciben, pues no aparece reflejado en sus nóminas.

Este sucedáneo de impuesto, que grava más de un 30% el trabajo, supone un freno al empleo y un incentivo a la economía sumergida, pues muchas empresas no contratarán -o despedirán- al no poder soportar ese incremento de costes. Paralelamente, muchas personas, las más débiles laboralmente, se verán empujadas hacia la economía sumergida, que es una lacra que hay que erradicar, pero que se incentiva indirectamente con este tipo de medidas.

Subir ahora el ya altísimo porcentaje de cotización supondrá un encarecimiento adicional y actuará de freno a la actividad y al empleo, máxime cuando llueve sobre mojado, al incrementar tanto la base mínima como la máxima de manera muy importante, con lo que el aumento del porcentaje se aplicará, a su vez, sobre una base mayor. Esta última, la máxima, se verá elevada en los próximos años hasta el entorno de los 60.000 euros, y aunque promete incrementar las pensiones máximas, es de temer que la subida no será proporcional al incremento en la cuota pagada, lo que constituirá un nuevo agravio para los administrados.

Este afán confiscatorio hiere a la economía y puede contribuir a paralizar más una recuperación que parece ralentizarse, ya que la productividad, que lleva descendiendo siete meses consecutivos, caerá más, empeorará nuestra competitividad y, con ello, la economía y la generación de puestos de trabajo.

Como consecuencia de ese deterioro económico que provocará, lo que gane por el lado del incremento de los tipos de las cuotas, lo perderá por el número de cuotas que habrá si se destruye empleo con esta medida, cosa muy probable. Al final, habrá incrementado costes y empobrecido a la economía para que la recaudación no se fortalezca. No hay que subir el tipo de las cotizaciones, sino bajarlo, como hay que bajar los impuestos directos, reordenando, si fuese necesario, los indirectos, que distorsionan menos la economía, siempre dentro de un proyecto de bajada neta global de impuestos.

No terminan de entender que lo que hay que procurar es incrementar el número de contribuyentes y bajarles el tipo, no lo contrario, que sólo conduce al empobrecimiento de la sociedad y a una menor sostenibilidad recaudatoria.

La Seguridad Social tiene un problema que no se soluciona con este tipo de parches, que, además, perjudican, sino con reformas profundas, creíbles, duraderas, que la hagan sostenible. El ministro elige caminar por este sistema de parches mientras rechaza no ya el sistema de capitalización, sino el sistema de cuentas nacionales, porque dice que no es de aplicación inmediata. Tiene razón el ministro, pero si queremos una viabilidad estructural del sistema tenemos que trazar un cambio estructural que lo permita, y mientas se asienta se puede mantener un período transitorio.

Sólo entonces serviría un parche, de manera provisional, no como propone el ministro, de manera aislada, porque entonces será un parche permanente y, en ningún caso, ese parche puede consistir en subir más las cotizaciones sociales, porque terminarán por expulsar la generación de actividad y de puestos de trabajo y no habrán arreglado ningún problema, sino que lo habrán enquistado, agrandado y aplazado. Esta medida del Gobierno supone una profunda equivocación, una más, en su política económica.