El grave error de minimizar la importancia del déficit

Llevamos viviendo muchos años con un gasto público desmedido en España, redoblado por la flexibilidad de la Unión Europea con el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, que mantiene suspendidos. Desde la anterior crisis, toda esa disciplina se ha perdido: varios de los diferentes países de la Unión Europea, por ejemplo, no terminan de alcanzar el equilibrio presupuestario, es habitual que los distintos gobiernos nacionales -como hizo el presidente Sánchez antes de la pandemia, cuando no se encontraba suspendido el pacto de estabilidad- traten de renegociar sus objetivos de déficit y deuda, para que la Comisión Europea les conceda un mayor margen, flexibilizando, así, su cumplimiento.

En España, desde que Sánchez llegó al Gobierno y, especialmente, desde que formó uno de coalición con Podemos y Sumar, su empeño en incrementar el gasto público es una cuestión que aparece en cada declaración gubernamental. Cuando gobernó con profusa utilización del real decreto desde que fue investido hasta las elecciones de abril de 2019, aprobó medidas que venían a suponer casi 10.000 millones de euros de manera estructural, en aquello que el Ejecutivo llamó los viernes sociales y la oposición bautizó como viernes electorales, pues fueron decisiones tomadas con carácter previo a la
celebración de las mencionadas elecciones de abril de 2019, una vez ya convocadas las mismas. Con la pandemia, aceleró el gasto hasta un déficit de dos dígitos, con el problema añadido de convertir la mayor parte de ese gasto en estructural. Ahora, sigue incrementando, porque es lo que mantiene a la economía a flote e el corto plazo, pero con severo deterioro estructural de la economía.

España no necesita más gasto, sino gestionar de manera eficiente el que tiene e incluso reducir el que no sirve de nada, para así, precisamente, mantener el grueso de los servicios esenciales. Y España no necesita más impuestos, sino mantenerlos sin subir y bajarlos en cuanto sea posible, especialmente los directos y las cotizaciones sociales, aunque fuese a costa de redefinir con los indirectos el mix impositivo, que son mucho más neutrales para la actividad económica. Nadie discute el gasto coyuntural derivado de la pandemia, pero sí el hecho de haber convertido el grueso del mismo en estructural. Y si ahora se incrementa el gasto en defensa, que es necesario, habrá que reducir de inmediato otras partidas equivalentes de gasto, no sumarlas, mientras se trata de flexibilizar la economía para disminuir los cuellos de botella que se forman. Sin embargo, todo el gasto se incrementa y nada de ello se hace.

Las administraciones públicas, y toda la sociedad, deberían mirar hacia el lado del gasto y preguntarse si podemos permitirnos el nivel del mismo que tenemos. Toda familia, empresa y persona hace eso en su día a día; por tanto, como sociedad debemos hacernos la misma pregunta, extensible principalmente a quien administra los recursos públicos, que es la Administración. Es obvio que estamos en unos niveles de gasto que no podemos sufragar. Eso no quiere decir que haya que perder el grueso de actuaciones de gasto, sino que hay que circunscribirlas a las que son más necesarias, con una gestión eficiente que permita aprovechar mejor los recursos. A la sociedad le debe quedar claro que ese “gasto, gasto y gasto” se traduce por “impuestos, impuestos e impuestos”, y que, además de ser confiscatoria, una subida de impuestos empobrecería a ciudadanos y empresas, sin conseguir, además, su objetivo recaudatorio.

Por ello, para poder garantizar el equilibrio de las cuentas públicas e ir disminuyendo la enorme deuda en valores absolutos, no sólo sobre el PIB, hay que reducir gasto. No es una elección, sino una imperiosa necesidad que habrá que hacer más temprano que tarde y que cuanto más se retrase, más recorte supondrá, de una manera más dura y, posiblemente, entonces, vendrá ordenado desde fuera. Nuestra estructura económica no soporta este nivel de gasto, y si queremos recuperarnos no se pueden subir los impuestos, especialmente los directos. Si no somos capaces de darnos cuenta de esto y las administraciones públicas se empeñan en su error, el estancamiento de nuestra economía, desde el nivel de empobrecimiento de estos años, que hay sido intenso, pese al aparente crecimiento, pues el PIB per cápita no deja de alejarse de la media de la eurozona, puede durar mucho tiempo. Hoy, como hace más de cien años, necesitamos responsables de Hacienda como Fernández-Villaverde y Echegaray, que reduzcan el gasto, estabilicen la economía, logren superávit y reduzcan la deuda, porque es lo que puede garantizar los servicios esenciales y la viabilidad de la economía, todo lo contrario de lo que hace Sánchez y de lo que muchos políticos impulsan con su gasto desmedido, olvidando «el santo temor del déficit».