Fiscal y parte

Una derivada, y no precisamente menor, del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado es la que tiene que ver con la situación en la que se encuentran los antiguos fundadores de Podemos, citados a declarar por la Fiscalía boliviana que investiga si dinero procedente del narcotráfico sirvió para financiar a organizaciones de extrema izquierda. Con Delgado al frente del Ministerio Público, Sánchez blindará a sus socios de Gobierno ante futuras y eventuales acusaciones formales procedentes de Bolivia.

El Estatuto del Ministerio Público reserva a su titular la obligación de «promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales». Esto es, Delgado podrá disponer de margen suficiente para bloquear las solicitudes procedentes de la Fiscalía de la nación iberoamericana sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos. Bolivia notificó a Margarita Robles, como ministra de Exteriores en funciones, que citaría a declarar a tres de los hombres clave en la implantación de la formación de ultraizquierda: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, además de a Baltasar Garzón, cuya amistad íntima con la nueva fiscal general del Estado es de sobra conocida y, para colmo, es el abogado de Evo Morales. El hecho de que Delgado sea fiscal general y parte interesada en un proceso abierto de investigación judicial es un escándalo de proporciones mayúsculas.

Parece evidente que con Delgado Sánchez cumple el propósito de dificultar cualquier intento de la Fiscalía boliviana de estrechar el cerco judicial sobre su actual vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Lo que viene a corroborar las sospechas de que el Gobierno trató de sacar de la Embajada de México en la Paz a Juan Ramón Quintana, prófugo de la Justicia boliviana que contaría con pruebas fehacientes de la financiación de Podemos.

En suma, el plan de blindaje de Podemos por parte de Pedro Sánchez cuenta desde ahora con una pieza clave: la fiscal general del Estado, que no va a colaborar en absoluto con su homólogo boliviano, sino que hará todo lo posible por dificultar las investigaciones. Resulta un sarcasmo y representa toda una tragedia nacional que quienes van a recibir protección del Estado, a través del Ministerio Público, sean precisamente los golpistas catalanes y la izquierda radical.