APUNTES INCORRECTOS

El fin de la prensa global e independiente

El fin de la prensa global e independiente

Hace un tiempo se decía aquello de que una de las condiciones para ser un país libre era contar con una prensa independiente del poder político, que por supuesto no viviera de los favores estatales ni de la subvención. Pero de esto hace mucho. El primer ejemplo de la degradación ha venido, como todo lo nocivo en la última época, de los Estados Unidos. Allí la mayoría de los medios de comunicación más importantes trabajaron para destrozar a Trump con argumentos espurios, con las mentiras más grandilocuentes de que el ser humano es capaz, y ahora trabajan para proteger a Joe Biden a pesar de la desastrosa retirada de Afganistán.

No hay precedentes en la historia de una derrota más humillante para la reputación de la primera potencia del planeta por el momento, pero los principales periódicos y cadenas de televisión han forjado un pacto de sangre para cuidar a su mascota. Esa que ya no da ruedas de prensa, que admite sólo preguntas pactadas, que se duerme en presencia del primer ministro de Israel, que ha defraudado a los familiares de los marines muertos en Oriente, y que gobierna una economía menos robusta de lo que parece, con una inflación rampante, sometida a los dictados del ecologismo, propia de un líder que carece de base electoral detrás como tuvo siempre Trump, y que da muestras de estar muy por debajo de las exigencias del cargo.

En España, el estado de los medios de comunicación es similarmente deplorable. Las cadenas de televisión más importantes trabajan para Sánchez, de la misma manera que sucede en Estados Unidos. Gran parte de la prensa digital, también, con notorias excepciones como las de OKDIARIO. En la radio el pluralismo es más notable, y en los periódicos de papel sucede lo mismo. Pero hay días en que se producen hechos sorprendentes que merecen una reflexión sobre el prurito profesional, la ética personal, la moral pública y la contribución imperativa de los medios a la educación ciudadana. Estos sin ir más lejos se produjeron el pasado jueves 2 de septiembre. Ese día le hicieron una entrevista en la Ser, la cadena amiga del Gobierno, al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ése que nos vendieron como el remplazo del Rasputín Iván Redondo que iba a acabar con su afán de protagonismo y su soberbia, y que iba a centrar el Gabinete. Y va el señor Bolaños y dice textualmente que “en una democracia plena ni los jueces pueden elegir a los jueces ni los políticos pueden elegir a los políticos, pues la soberanía reside en el pueblo”.

Quizá a algún lego en derecho o a otros ayunos de conocimientos sobre el desenvolvimiento más eficiente de las sociedades abiertas esta afirmación les parecerá la más cabal y democrática del mundo. Pero no lo es. Es un atropello a las reglas que ordenan las comunidades más civilizadas y dispuestas para lograr el bien común. No todo en esta vida es cuestión de votos. Por eso jamás un país decente ha sometido a sufragio de ninguna clase la política fiscal, pues las personas, inclinadas naturalmente a servir sus instintos se pronunciarían indefectiblemente en contra de subir los impuestos, salvo los de los demás, y propondrían que se les ayudara lo más posible a cargo también del resto. Por eso hace tiempo que los países más prósperos desvincularon algunas instituciones clave del dominio partidista.

Todavía recuerdo vivamente la satisfacción que sintió el ministro de Economía de la época Carlos Solchaga cuando el Gobierno socialista de Felipe González aprobó la ley de autonomía del Banco de España, precisamente con el propósito de que la política monetaria no dependiera de las veleidades partisanas del momento. E igual ha sucedido con otras instituciones más o menos independientes como la Comisión de la Competencia, la Comisión del Mercado de Valores o la Comisión de Telecomunicaciones. En todos estos casos, el Gobierno ha renunciado explícitamente, por el bien común, a su soberanía, que creía con razón mejor depositada y gestionado en manos de personas valiosas y formadas ajenas al control de los aparatos del Estado.

Con la Justicia venía pasando lo mismo desde el inicio de la democracia. Doce de los veinte vocales del Poder Judicial eran elegidos libre y directamente por los propios magistrados, pero en 1985, persuadido por el vicepresidente Alfonso Guerra -y su famosa sentencia: no podremos cambiar el país si no nos libramos de estos carcas-, Felipe González cambió la ley a fin de que todos los vocales fueran elegidos por el Parlamento, es decir, por el partido que tuviera la mayoría suficiente para gobernar, que en aquel momento y hasta 1996 fue el socialista. También se aprobaron otras normas para flexibilizar el acceso a la carrera judicial y poblar la magistratura de lacayos y profesionales adictos a la causa, naturalmente agradecidos por su nueva ocupación. Cabe decir, para ser justos, que ni Aznar ni Rajoy, a pesar de haber contado los dos con mayorías absolutas, cambiaron esta norma tan inicua, de la que vienen estos lodos.

Ahora parece que la situación ha cambiado. El líder del PP, Pablo Casado, se opone con razón a renovar el Poder Judicial, que lleva más de un año interino, si el presidente Sánchez no se compromete a cambiar la ley para que regrese a su espíritu original, de manera que la mayor proporción posible del Poder Judicial sea elegido por la carrera, al margen de connotaciones políticas, tal y como ha recomendado la Comisión Europea, como ha sido siempre el espíritu del Tribunal Constitucional, y como es corriente en otros países de nuestro entorno tan importantes como Francia o Italia.

Pero me estoy dando cuenta de que voy acabando el artículo sin haber dicho lo que quería decir ni haber enlazado con el principio. Y este es un error monumental que debo corregir inmediatamente. Lo que quería transmitirles es que, un día después de las declaraciones del señor Bolaños, la niña bonita del nuevo Ejecutivo, el diario El País, publicó en portada el siguiente titular: “Casado vuela los puentes de los pactos institucionales”, al acusar al ministro de la Presidencia, a mi juicio con razón, de hacer unas declaraciones propias de un totalitario que lo inhabilitan como interlocutor en cualquier clase de pacto institucional. Ese mismo día el diario ABC tituló en portada sobre el mismo caso lo siguiente: “Bolaños revienta cualquier opción de acuerdo para el Poder Judicial”, justamente por la clara intención del Ejecutivo de politizar la Justicia, contra la que se muestran en contra la mayor parte de los magistrados del país con sentido común y esclavos de la ética profesional.

¿Cuál de los dos titulares les parece el correcto? ¿Cuál de las dos interpretaciones está ajustada a los hechos, que son las declaraciones realizadas por el ministro Bolaños, que son textuales y poco capaces de tergiversación? Yo creo que desde luego el honor sólo puede estar de un lado, y es del ABC. Lo otro es el signo de los tiempos, es un ejemplo palmario de la degradación imparable de los medios de comunicación, de su servilismo, de su falta de ética profesional, de su ausencia de prurito moral y de sentido cívico. En estas condiciones, el PP no debe avenirse a reformar el Poder Judicial jamás, bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia, por mucho que griten las fieras histéricas y equivocadas.

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