Esto es terrorismo fiscal

Que el Gobierno, a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, filtró a sus terminales mediáticas las supuestas comisiones de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, es una evidencia: horas antes de que la información viera la luz, la ministra afirmó que se había enterado por la prensa de que Ayuso vivía con su pareja en un piso pagado «con fraude a la Hacienda Pública». Resulta obvio que la vicepresidenta primera se sirvió de información privilegiada de la Agencia Tributaria y que la utilizó con fines partidistas permitiéndose la osadía de imputar delitos a un contribuyente por hechos que ni siquiera han sido juzgados, facilitando, además, información fiscal de carácter reservado e incumpliendo de forma flagrante el deber de secreto y sigilo que deben cumplir los responsables del fisco.

El comportamiento de la número dos del Gobierno es más propio de la Gestapo que de una vicepresidenta y revela el grado de ignominia del PSOE, capaz de saltarse la ley y de hacer públicos datos confidenciales de los ciudadanos con fines espurios. Si Cristóbal Montoro, su antecesor en el cargo, se caracterizó por ir marcando a empresas y personajes públicos revelando información reservada, María Jesús Montero -y ya es difícil- lo ha superado, porque lo que ha hecho es susceptible de querella por revelación de secretos y denuncia falsa al imputar a la pareja de Ayuso un comportamiento delictivo. Lo que subyace de fondo es un comportamiento mafioso que quiebra de raíz la seguridad jurídica más elemental, instrumentalizando políticamente un organismo público que debe velar por la reserva y el sigilo. Si la ministra de Hacienda ha sido capaz de utilizar datos e información de un contribuyente para dañar políticamente a la presidenta madrileña no estamos sólo ante un acto de suprema obscenidad, sino ante un comportamiento delictivo, impropio de la vicepresidenta de un Gobierno que tiene la obligación de cumplir la ley.