Un difícil horizonte económico

Tras los resultados de las elecciones generales del domingo 28, la aplicación de los programas del PSOE y de Podemos dibujan un panorama en el que, en materia económica, España se adentrará profundamente en el socialismo, con una elevada intervención del sector público en la economía y una limitación de la libertad económica de los individuos, bien sea por restricciones que puedan ponerle a la actividad económica, bien sea por la subida de impuestos que a buen seguro acometerá el nuevo Gobierno.

Como parece descartado que el PSOE llegue a un acuerdo con Ciudadanos, ya que Sánchez se encuentra más cómodo con los comunistas y con el apoyo externo de los independentistas, y Rivera tampoco desea pactar con Sánchez para tratar, así, de erosionar al PP como principal partido de la oposición, hay dos opciones posibles.

La primera de ellas, es un gobierno de coalición con Podemos, donde haya ministros de ambas formaciones. La segunda, que el PSOE gobierne en solitario, con el apoyo externo de podemitas e independentistas. Si ha gobernado en solitario con 84 diputados nada le va a frenar para hacerlo con 123.

En cualquier caso, el PSOE actual sin el freno de un partido que impusiese la ortodoxia en la economía, es un PSOE que no se aleja mucho, en sus planteamientos económicos de los de Podemos. De hecho, dicho programa ya se trazaba en el fallido proyecto de Presupuestos Generales del Estado que fue devuelto al Gobierno.

¿Y qué decía, dice y dirá, a buen seguro, dicho programa? Que incrementará la demanda vía aumento del gasto público. El Banco de España ya estimaba un exceso de déficit para 2019 de alrededor de 14.500 millones de euros, cifra cercana a la desviación que estimaba el FMI, que era de unos 12.000 millones de euros.

Dicho programa no sólo incrementará el gasto, sino que subirá los impuestos de forma importante: hasta 4 puntos el IRPF, impondrá un tipo mínimo medio efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades, subirá hasta 15 puntos el impuesto a las SOCIMIS, gravará las transacciones financieras un 0,2%, lanzará un impuesto sobre determinados servicios digitales del 3%, aumentará el impuesto al diésel un 31% y, seguramente, homogeneizará impuestos cedidos a las regiones para obligar a subir tipos impositivos.

Del mismo modo, seguirá por el camino iniciado en enero y continuará subiendo el salario mínimo. Si en enero lo subió un 22,3%, para situarlo en 900 euros, ahora pretende llevarlo a 1.200 euros. En materia de energía, también primará las energías renovables e impondrá mayores gravámenes para el conjunto energético, de manera que los costes de la industria subirán.

En definitiva, el panorama es desolador también en materia económica. Con la economía desacelerándose, lo último que necesita España es un programa expansivo de gasto público, al que se le añade un incremento voraz de impuestos y un nivel de intervencionismo en la economía que lastrará su desarrollo y que, por tanto, perjudicará al empleo.

España tendrá que estar preparada para afrontar una nueva crisis que esta política económica puede provocar o profundizar. Ahora no se ve todavía, pero, salvando las distancias, tampoco se percibía en 2007 y luego transcurrieron largos años de desempleo. Lo óptimo era haberlo evitado ahora, pero eso ya no tiene remedio. Ojalá no se materialice la crisis, pero, si sucede, habrá que estar concienciados para poder enmendar la política económica y superarla.