Descarrila la política energética del Gobierno

El Gobierno ha perdido la votación del llamado «decreto antiapagones», y lo ha hecho por no asumir ninguna responsabilidad en el episodio sufrido el lunes 28 en España, con el apagón generalizado en todo el territorio peninsular, en el que nos quedamos sin energía, sin metro, sin tren, sin teléfono, sin luz, sin comunicaciones, con el consiguiente desasosiego y, también, con el coste económico que conlleva, no tiene precedentes. Unido a ello, la ausencia de declaraciones durante mucho tiempo tanto por parte de Red Eléctrica como del Gobierno, más allá de palabras con poca profundidad; la indeterminación en la respuesta y, sobre todo, la inexistencia de unas explicaciones claras sobre lo que ha ocurrido, convirtieron aquella jornada en desastrosa.

Ahora, han perdido tanto por no reconocer la culpa del mismo sino porque el propio decreto se queda cojo. Siguen sin querer alargar la vida de las centrales nucleares, cuando no sólo habría que alargar la vida de las actuales, sino abrir nuevas, con los modernos reactores, de menor inversión y más rápida realización. El fundamentalismo medioambiental de la actual política energética parece que fue el causante, en gran parte, del apagón total de abril de este año, pero el Ejecutivo sigue sin reconocerlo.

De los 10.000 millones de euros de producción que pudieron perderse en las cerca de diez horas que duró el apagón generalizado, el impacto en el PIB que pudo tener podría alcanzar los 1.162 millones de euros, con un efecto directo de 433 millones, uno inducido de 376 millones y un efecto renta de unos 353 millones de euros. De hecho, hemos visto los primeros efectos negativos en las cuentas de resultados del primer semestre de algunas empresas energéticas.

El problema es que tenemos un sistema energético sumamente frágil ante posibles picos de tensión que se puedan generar, y no por falta de tecnología o de saber hacer, sino por la intervencionista legislación basada en el fundamentalismo medioambiental, que desdeña la entrada de energías estables, preparadas para ajustarse ante los picos de demanda y oferta energética, frente a la apuesta por la participación preferente en el mix energético de las energías renovables, que no cuentan con esa capacidad para amortiguar esos picos de tensión.

Así, las energías tradicionales, como la nuclear, el carbón, el gas y las hidroeléctricas (esta renovable es desdeñada por el fundamentalismo medioambiental), emplean grandes turbinas sincronizadas en su velocidad de rotación con la frecuencia de la red. Eso hace que esa energía rotacional actúe como amortiguador, de manera que ante un súbito incremento de la demanda o ante un exceso de generación de energía, dichas turbinas ceden o absorben energía, respectivamente, con la modificación de la velocidad de rotación, logrando mantener el equilibrio, que permite que se ajuste la producción eléctrica.

Sin la participación en proporción importante de estas energías, se carece de suficiente energía con inercia rotacional que corrija esos desajustes, de manera que se pueden provocar desviaciones en la frecuencia. ¿Cuáles son las energías sin esa capacidad de inercia rotatoria? Las renovables (salvo la hidroeléctrica).

Como la normativa introduce la priorización de la entrada de las renovables en el mix energético, en momentos de gran producción de energía renovable no hay suficiente energía tradicional que pueda estabilizar el sistema en caso de que se produzca una perturbación por cambios significativos en la demanda o en la generación de electricidad. Cuando se produjo el apagón, alrededor del 70% de la energía generada procedía de las renovables, que impidió que el desajuste producido en la tensión fuese estabilizado por la inercia rotatoria de las energías tradicionales.

Esta obcecación en dejar fuera a la energía nuclear – que es por la que España debería apostar claramente, sin dejar al margen las otras fuentes- y al gas, basado en un fundamentalismo medioambiental que niega el carácter no contaminante de la energía nuclear, provoca incremento de costes, que deriva en subida de precios y en pérdida de poder adquisitivo de los agentes económicos, así como en merma de competitividad de la economía española; y, por otro lado, deja el sistema energético en una situación de fragilidad que nos puede llevar a situaciones tercermundistas como la vivida en abril. Debe rectificarse con urgencia esta política energética y apostar por la energía nuclear y el gas dentro del mix energético, sin descartar el resto de energías.

Debe haber una legislación que allane el camino para que no se repita un apagón de esa naturaleza, pero sólo será útil si se comienza por asumir responsabilidades y reconocer dónde estuvo el gran error. Sin ello, sólo será un parche, aunque pudiese salir adelante en Las Cortes en el futuro.