La demagogia del impuesto a las grandes fortunas

El Gobierno ha anunciado que impondrá un nuevo impuesto, en este caso, a las grandes fortunas, que será por dos años -aunque María Jesús Montero deja la puerta abierta a que después se prorrogue, cosa que si continúan gobernando entonces los socialistas seguro que ocurrirá-, sin dar ningún detalle técnico.

Este impuesto es un tributo absolutamente demagógico, una muestra más de los estertores políticos de Sánchez, que ya no sabe qué hacer para tratar de remontar en las encuestas y tener, así, alguna posibilidad de reeditar su alianza con comunistas, independentistas y con el antiguo brazo político de la banda terrorista y asesina ETA, y seguir gobernando tras las elecciones generales.

Es meramente electoralista porque Sánchez pretende, así, atraer al electorado de la izquierda más radical, para mitigar en parte la pérdida absoluta del votante moderado del PSOE, de centro-izquierda, que ya lo ha abandonado desde hace mucho tiempo. La recaudación del impuesto será pequeña, pero políticamente lo venderá como un episodio más de su lucha fantasiosa contra lo que él llama “los poderosos”, en ese intento desesperado por ganar tiempo en La Moncloa y conseguir su reelección.

Aunque hay que esperar a ver cómo lo diseñan jurídicamente, puede llegar a suponer un caso de doble imposición, al existir ya el impuesto de Patrimonio, si se aplica a todos. Por otra parte, si se aplica sólo a los contribuyentes que tributan en regiones donde el impuesto goza de exención, entonces podría llegar a constituir un problema de invasión competencial y de dudosa legalidad, pues se estaría tratando de armonizar por un camino no previsto ni en la LOFCA ni en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre del Sistema de Financiación Autonómica. Además, si se diseña como un sustitutivo del impuesto de Patrimonio en las regiones en las que se tenga exento este último, ¿por qué ha de quedarse los ingresos la Administración General del Estado, si el de Patrimonio, al que pretendería suplir en esos casos, está cedido a las CCAA tras la modificación de la norma iniciada en diciembre de 2013?

No tiene sentido ahuyentar la riqueza en ningún lugar, pero menos donde hace tanta falta la inversión como en España. Los socialistas utilizan siempre este impuesto -con el nombre que sea- con carácter electoral: Zapatero fue a las elecciones de 2007 prometiendo suprimir Patrimonio y ahora quieren ir a las elecciones bajo su mantra de lucha contra los ricos y poderosos, pero lo que es recaudar, no recaudará una cantidad significativa, abrirá una batalla legal y, probablemente, al igual que el impuesto a la banca y a las empresas energéticas, puede que el siguiente Gobierno se encuentre con decisiones judiciales que lo anulen y que obliguen a devolver lo recaudado con ellos.