El cuerpo del delito

Vi en la2 de TVE el magnífico documental de José Luis López Linares “España, la primera globalización”. Más allá del doble orgullo que me produjo el hecho de constatar que en España tengamos un director cinematográfico de esa categoría y una historia como país que sería la envidia del mundo para todo aquel que la conozca, hubo un dato histórico que me hizo pensar sobre la actualidad: los países que no podían competir ni militar ni políticamente con el imperio español, ni por el control del comercio mundial ni con su tarea globalizadora de cultura, educación, religión y lengua que unía varios continentes, comenzaron a utilizar la propaganda para destruir la imagen de España. La leyenda negra -inventada y propagada por británicos y neerlandeses principalmente – se propagó a través de la imprenta, un instrumento que difusión de bulos que tuvo en el siglo XV un papel similar al que hoy tiene internet.

Los historiadores que participan en el citado documental explican los objetivos perversos de quienes inventaron esa leyenda negra contra el imperio español y se lamentan de que los propios españoles hayamos abrazado todas las mentiras sobre nuestra historia, ignorando la aportación de España a la construcción del mundo civilizado. Carmen Iglesias lo expresa con claridad en una sola frase: la historia de la civilización es la historia de España. La revelación de una historia propia de la que sentirse orgullosos explica que en todos los cines de España el público se levante a aplaudir en cuanto finaliza el visionado de la película.

Decía que la vieja práctica de ganar con malas artes lo que no se puede ganar en derecho me trajo al presente. Y es que se diría que nada ha cambiado en los últimos seis siglos; porque utilizar la propaganda para evitar que la información se abra paso y los españoles conozcan la verdad de los hechos –de cualquier hecho, ya sea sanitario o económico, ya sea presente o pasado- es algo a lo que el impostor que habita en la Moncloa se ha dedicado con total pericia y absoluta falta de vergüenza. Y qué podemos decir de esa pulsión totalitaria que le ha llevado a utilizar la propaganda para destruir la reputación del adversario convertido en enemigo desde el minuto uno de su advenimiento a la Moncloa. Si algo ha demostrado el sanchismo es que en la España del siglo XXI no necesitamos foráneos para destruirnos entre nosotros.

Y así las cosas, asistimos al demoledor espectáculo de ver cómo se suicida en directo el partido político que debiera dedicar todos sus esfuerzos a liderar la oposición contra quienes utilizan las instituciones para destruir la propia nación, lo que resulta muy preocupante en términos democráticos. Porque la guerra intestina que se está librando en el seno del PP tiene efectos muy lesivos para nuestra democracia, pues no sólo está contribuyendo a que se acepte como normal la inversión de la carga de la prueba- en un estado de derecho la presunción de inocencia es sagrada- sino que encelados en ver quien sobrevive dentro del PP olvidemos girar la mirada hacia el lugar en el que, presuntamente, reside el cuerpo del delito.

Porque es muy feo, muy irresponsable, muy impresentable, muy mezquino, muy pueril… -en fin, todos los adjetivos que a ustedes se les ocurra-, lo que ha hecho la dirección del Partido Popular para perjudicar la reputación de una de sus máximas dirigentes, que es a la vez un cargo público elegido democráticamente por los ciudadanos de Madrid. Sin duda, todo ello constituye un ejemplo de mala praxis que debe ser depurada. Pero es que, además, los hechos que hasta hoy ya conocemos certifican que se ha cometido al menos un delito, sin que la determinación de su autoría parezca interesar a nadie.

Digo que se ha cometido un delito al menos porque es delito acceder a datos fiscales de un particular sin su autorización. Es un delito compartir con terceros datos fiscales obtenidos de manera irregular.

Es delito publicar datos fiscales de un particular sin que este lo autorice; es doblemente delictivo que los datos fiscales que se publican resulten ser falsos.

Es delito conocer la comisión de un presunto delito y no ponerlo a disposición de la justicia.

Es delito utilizar datos fiscales obtenidos de manera irregular para intentar chantajear a una tercera persona.

No sé quien accedió a los datos fiscales reflejados en el modelo 347 por el que las empresas comunican a Hacienda los datos de personas con quienes, en el año anterior han tenido facturación superior a 3.000 euros.

No sé si quien accedió fraudulentamente a esos datos reflejados en el impreso modelo 347 es un imbécil, un indocumentado o un malintencionado que desconoce que esos datos globales no corresponden a un único contrato.

No sé de donde obtiene la dirección del PP la cifra 286.000 euros que utiliza para tratar de minar la reputación de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Lo que sé es que esos datos no son accesibles al público, sino que están depositados en la Agencia Tributaria que, como todo el mundo sabe, depende del Ministerio de Hacienda.

Lo que sé es que ahora mismo debiera de estar abierta una investigación por parte de la Fiscalía para determinar quien cometió el delito de acceder a esos datos y quien los compartió con terceros.

Lo que también sé es de quien depende la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda. Pues eso: sigan el delito y encontrarán al delincuente.