El Constitucional desmonta al trilero de La Moncloa

Pedro Sánchez urdió una de esas tretas propias de los tahúres políticos: servirse de un decreto ley para colar por la puerta de atrás a Pablo Iglesias en la comisión delegada en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los reales decretos tienen que justificarse por razones de «extraordinaria y urgente necesidad» y Sánchez se parapetó tras las crisis desatada por el Covid. Es decir, Iglesias tenía que estar en el CNI a consecuencia de la pandemia. El Tribunal Constitucional le ha dicho a Sánchez, con retórica jurídica, que se deje de milongas: que la presencia del que fuera su vicepresidente en el CNI no podía vincularse a la pandemia, porque eso era tanto como confundir la velocidad con el tocino, Consecuencia: que la nueva vicepresidenta, Yolanda Díaz, no podrá sustituir a Iglesias en esta comisión que supervisa a los espías españoles. Iván Redondo, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, también queda fuera de este órgano sobre la inteligencia nacional. De modo que el TC le mete un bofetón con la mano abierta al presidente del Gobierno y declara la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición incluida en el decreto ley de medidas económicas para hacer frente a la pandemia con la que Sánchez pretendía blindar a Iglesias en la comisión que controla el CNI. Esos son los hechos.