Cataluña: a la búsqueda del Gatopardo perdido

Cataluña: a la búsqueda del Gatopardo perdido

Abordar lo que está aconteciendo con lo que podríamos considerar, todavía, el desafío secesionista, nos sitúa tanto ante un enésimo Día de la marmota como en un escenario que va mostrando una cada vez mayor disintonía entre los distintos actores de los diversos acontecimientos. Como si en Donna fugata estuviéramos, parece que se busque un Gatopardo que haga ver que todo cambia para que todo siga igual. Por una parte, continuamos estando sin gobierno en Cataluña lo cual, aparentemente, no parece tan malo como objetivamente debería ser, puesto que, huida continuada de empresas y profesionales al margen, la economía va funcionando, la administración autonómica visualiza continuamente su hostilidad a todo lo que huela a constitucionalismo, los partidos políticos realizan sus representaciones con sus líderes al frente en diversos lugares de la geografía europea y la ciudadanía, enfrascada en sus problemas del día a día, no parece en general muy dada a tomar posiciones, salvo cuando es llamada a rebato para las performances o para el entrenamiento “revolucionario” de los CDR.

Vuelve a estar sobre la mesa, tras varias investiduras frustradas, la opción secesionista de un Gobierno de Puigdemont. Pretenden modificar la Ley del Gobierno para ello, para permitir lo que el Tribunal Constitucional ya advirtió que no era posible. Es decir, una investidura a distancia por plasma o por delegación vulnerando con ello la naturaleza institucional de la investidura. Para hacerlo, además de incorporar también esta posibilidad procedimental al Reglamento del Parlament, antes de que termine el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura frustrada —fue en la persona de Turull— y evitar la disolución automática del Parlament, deberían aplicar la reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña sobre la que el Tribunal Constitucional también advirtió que, para que pudiera ser considerada constitucional, era necesario que los partidos de la oposición pudieran presentar enmiendas a discusión y votación, como en todos los sistemas democráticos. Pero el Reglamento del Parlament no ha sido reformado al respecto ya que tanto su presidente como la Mesa están mucho más entretenidos en sus confabulaciones de siempre que en el trabajo parlamentario real.

Legitimidad internacional

Precisamente en los momentos en que estoy escribiendo estas líneas, el president Torrent se encuentra en Ginebra, explicando a algunos periodistas catalanes desplazados allí —perdón, también estaba la Agencia Reuters— que va a Naciones Unidas a protestar por la vulneración de derechos humanos que sufre Cataluña. Nada más y nada menos. Se va cerrando, por otra parte, la instrucción de los procesos penales realizada por el magistrado Llarena, con el procesamiento por rebelión —además de por otros delitos según los casos— de los principales protagonistas del procés. Un cierre con cambio de estrategia. Los procesados ya no se presentan ante el instructor como mansos corderitos que han abandonado la unilateralidad, que prometen que no van a repetir los hechos… Ahora sacan pecho, acusan a Llarena de falta de independencia, de convertirlos en presos políticos. Es un cambio de estrategia medido, dirigido sobre todo a dejar constancia de indicadores que les permitan impugnar la instrucción ante el tribunal sentenciador y, previsiblemente, ante al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, jurisdicción subsidiaria ante la que tienen que alegar lo que hayan constatado previamente en los juicios internos. Tengámoslo en cuenta. No dan puntada sin hilo.

También sigue su curso la controversia sobre la orden de detención y entrega solicitada a Alemania sobre Puigdemont, a la espera de que la Fiscalía alemana decida si presenta una solicitud de reconsideración al Tribunal del land de Schelswig-Holstein para que finalmente el prófugo expresidente pueda ser entregado para ser juzgado también por rebelión en España, lugar de la comisión de los hechos. Aunque falta todavía la decisión de si se le entrega para ser juzgado por malversación, ya que está pendiente, este asunto, del envío de mayores informaciones por parte de España. Eso si no interfiere la desafortunada e inquietante afirmación del ministro de Hacienda español, señor Montoro, cuando ha manifestado que ni un solo euro ha sido dedicado a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Llarena manda

De hecho, ha tenido que matizarla, a requerimiento formal del propio magistrado Llarena, señalando que se refería al FLA, puesto que con su aseveración el ministro Montoro ha estado a punto de dar al traste con todo lo expuesto en la solicitud de euroorden. ¿Ha sido de verdad un “despiste” o hay algo más detrás del “lapsus”? Porque acabamos de conocer también que han sido nombrados —interinamente afirman— dos personas manifiestamente secesionistas para suplir las tareas de la Dirección del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, cuya directora fue cesada por su colaboración activa en ese mismo referéndum del pasado 1 de octubre. Demasiadas coincidencias, quizás.

Los guiños del Gobierno al secesionismo están siendo tan frecuentes en estos días como escasa la empatía mostrada por aquél con la sociedad catalana no nacionalista. Como si lo más importante, en todo este asunto, fuera el ir apaciguando los distintos fuegos que el secesionismo alumbró. Como si fuera prioritario que el secesionismo formara Gobierno —está en su derecho, por la mayoría parlamentaria, aunque no social, que ostenta— a cualquier precio, mientras no sea mediante la anticonstitucional investidura a distancia. Como si incluso ese tibio 155 que suavemente nos acompaña constituyera un estorbo por exceso, cuando lo está constituyendo por defecto.

Como si nadie de ese Gobierno que es quien tiene a su cargo la dirección política de la administración catalana percibiera la compulsiva invasión, física y verbal, del espacio público por parte de toda la simbología secesionista/populista acerca de los presos políticos, incluyendo la falta, dicen, de libertades en lo que denominan la democracia española de baja calidad mientras depuran a profesores que defienden una enseñanza sin adoctrinamiento y conforme al orden constitucional. Es posible que no lo perciban, pues no es frecuente su presencia en la Cataluña real, la que está asfixiada, cuando se ponen a ello, por los Comités de Defensa de la República, la que tiene que aguantar día a día, rotonda a rotonda, balcón municipal tras balcón municipal, tertulia a tertulia, escuela tras escuela, entrevista sobre entrevista, todo lo que, para el secesionismo, constituye una muestra palmaria de la progresiva conquista de su república. ¿Encontrarán finalmente a ese Gatopardo que permita que todo cambie para que todo siga igual? ¿O lo enviarán a bailar a los salones de Lampedusa? Mientras tanto, se sortean carnets de baile…

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