Aquí no dimite nadie si no le obligan y menos Laura Borrás

Que no iba a abandonar fácilmente su poltrona de presidenta del Parlament lo tenían claro todos los catalanes y beyond. La flamante sustituta de Carles Puigdemont metería en un maletero a todos los que estos días le están pidiendo que dimita, aunque no sé si lo abriría en Bruselas o dónde. Amenaza con que «no tiene ninguna intención de dar ningún paso al lado» por la causa abierta por la tontería aquella del supuesto fraccionamiento de contratos cuando hacía y deshacía en la Institución de las Letras Catalanas.

Pero se le ha puesto feo porque un funcionario de la ILC, el informático Roger E., ha contado cosas al tribunal además de aportar archivos de audio e informes de auditoría. Y parece evidente que, a petición de Borràs, se confeccionaron presupuestos ficticios a nombre de otras empresas y personas físicas. Además de esta falsedad documental, el tribunal considera que también se ha producido fraude en la administración y un delito de malversación.

La izquierda y el independentismo suelen pensar que, como ellos hacen las cosas por la nació o por la “justicia social”, no se les deben señalar menudencias que, al fin y al cabo, nunca estarán al servicio de entidades tipo ‘los poderes fácticos’ o la derechona. ¿Por aprobar la adjudicación de hasta 18 contratos menores que beneficiaron aun tal Isaías H. piden su dimisión? Big Laura no lo comprende. Y acusa a los acusadores de malas artes para intentar apartarla de una actividad política a la que tiene tanto que aportar. El molesto asunto de sus triquiñuelas contables, dice, «no habría llegado tan lejos judicialmente si no fuera por quien soy y por el proyecto político que represento». Y, como se la sabe todas, añade que no piensa moverse, no por ella, sino por la “dignidad” del Parlament .

Le duele que algunos se aprovechen de “la injusta autoridad de la justicia española” para apartarla de tan lucido y bien remunerado cargo. Y esos que señala, que en los últimos días hablan sin remilgos de su dimisión, militan principalmente en ERC. Con el pretexto de evitar que la Mesa aplique el artículo 24.5 del reglamento que obligaría a los diputados a retirarle los derechos, tanto la portavoz de ERC, Marta Vilalta, como la ex presidenta del Parlament – condenada por sedición – Carme Forcadell le piden un paso al lado. Hoy mismo, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés también ha evitado apoyarla cuando ha surgido el tema. Dicen que para no “manchar” al movimiento independentista. Y tiene gracia porque lo que caracteriza al independentismo son las propias e indelebles manchas del abuso político.

Aunque de tanto en tanto se les toque la cresta. Por ejemplo, con la reparación del diario e-notícies y del director de este medio, Xavier Rius. La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha sentenciado en contra de la Generalitat por haber vulnerado sus derechos fundamentales. Se retiró la acreditación al periodista por parte de la Generalitat “sin cobertura ni fundamentación legalmente establecida de ningún tipo” lo que vulnera el derecho a la libertad de información. En concreto, el artículo 20.D de la Constitución española. Este fallo obliga a la Generalitat a que “se le restituya la acreditación de prensa retirada” y condena al Govern “al pago de las costas con el límite máximo de 2.000 euros”.

En fin, un paso adelante y otro atrás. Se nos hace eterno. Y más cuando Laura Borràs tiene un incentivo importante para alargar la situación todo lo que pueda: para poder cobrar la pensión vitalicia necesita llegar como presidenta de la cámara hasta el 12 de marzo de 2023.

¡Ánimo, que sólo faltan 8 meses!