¡Álvaro, sé fuerte!

Con frecuencia escuchamos a tertulianos sabelotodo repetir que Pedro Sánchez no puede cesar al fiscal general del Estado si Álvaro García Ortiz se niega a dimitir aún después de que el Tribunal Supremo haya decidido sentarlo en el banquillo de los acusados por la comisión de un delito de revelación de secretos para perjudicar políticamente a una rival del presidente del Gobierno. Es mentira. El artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que se le podrá cesar por cinco motivos: a petición propia, por incurrir en las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la Ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto. La ley también establece que la apreciación de las cuatro primeras causas descritas corresponde exclusivamente al Consejo de Ministros.

En su condición de jefe superior y representante del Ministerio Fiscal, entre las funciones del fiscal general del Estado están, entre otras, velar por los derechos y libertades de los ciudadanos y por el cumplimiento de la legalidad, así como actuar como defensor de los intereses de las víctimas. El auto de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo que agota todas las vías de Álvaro García Ortiz para evitar ser procesado, destaca que, para desmentir un bulo, que es la excusa utilizada por el fiscal, «no era preciso revelar información reservada». Es de cajón, lo sabemos todos, las autoridades no pueden cometer un delito para perseguir otro. La presunción de inocencia es un principio jurídico que implica que nadie puede ser condenado sin que se demuestre su culpabilidad; pero este principio afecta a los tribunales, no a la opinión pública ni mucho menos a los cargos políticos nombrados a dedo por el Gobierno donde el principio que debe prevalecer es el de la ejemplaridad.

Como bien señalan los hasta quince jueces que han avalado la decisión de llevar a juicio a Álvaro García Ortiz, existen sobrados indicios de que cometió el delito del que está acusado, entre los que destaca el borrado de todos los correos electrónicos y mensajes telefónicos, ya que ni el más tonto borraría unas pruebas que demostrasen una inocencia en la que ya sólo dicen creer Pedro Sánchez y sus ministros. Es ahí precisamente donde opera el principio de presunción de inocencia para que todos esos indicios alcancen la consideración de pruebas antes de condenarlo. Pero para los ciudadanos sometidos al poder de ese Estado del que él es fiscal general, esos indicios, son lo suficientemente claros como para demandar que Álvaro García Ortiz sea cesado inmediatamente para sustituirlo por alguien sobre quien no recaigan tan fundadas sospechas de parcialidad.

Tal y como vimos al principio, una de las causas previstas en el Estatuto Fiscal por las que Pedro Sánchez podría cesar a Álvaro García Ortiz es «por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones», entre las que también hemos comprobado que se encuentra la de «velar por los derechos y libertades de los ciudadanos y por el cumplimiento de la legalidad». El Tribunal Supremo y la opinión pública conocemos los hechos que indican que el fiscal general ha incumplido gravemente sus funciones, quebrantando la legalidad en detrimento de los derechos y libertades de los ciudadanos y para beneficio político del Gobierno, razón por la cual estaría más que justificado su cese en el Consejo de Ministros. Se constata así que si Pedro Sánchez no cesa a Álvaro García Ortiz es, sencillamente, porque él fue el principal beneficiado de sus actuaciones tan presuntamente delictivas, como demostradamente inmorales.

¡Álvaro, sé fuerte! ¡No dimitas! ¡Aguanta hasta que seas condenado e incluso después, recurre tu condena y sigue aguantando! Pedro Sánchez necesita que «su fiscal general» le aguante al menos los dos años que faltan hasta las próximas elecciones generales. Lo utilizará hasta entonces para que le defienda a él de toda la corrupción que lo tiene enfangado hasta las cejas y lo que le pase luego ya le da igual. Con su mujer, su hermano y sus dos manos derechas imputados, Sánchez necesita que una marioneta como Álvaro García Ortiz sea quien dirija la fiscalía así que ni lo va a echar ni le dejará dimitir.