Agujeros negros (II)

El Gobierno elige, sin concurso, contratar una productora de televisión por 22 millones de euros para rodar una serie de televisión -cuatro capítulos- a mayor gloria del presidente del Gobierno. ¿Es legal, es ético? En fechas próximas a esta contratación, el presidente Sánchez compromete donar 130 millones a una fundación internacional contra enfermedades contagiosas, y 100 millones más a otro organismo internacional para políticas feministas. Coincidiendo con las tres decisiones económicas anteriores (252 millones de euros), Sánchez anuncia que optará a la presidencia de la Internacional Socialista. Dinero público, promoción personal. Ni somos ni podemos parecer una autarquía bananera al servicio del presidente, ¿o sí? ¿Existe control político, legal, administrativo… suficiente sobre estas decisiones? En España hay hoy cientos de miles de personas en colas de hambre y 13 millones en la pobreza.

España es una democracia de partidos cuyos presidentes de Gobierno llegan al cargo siendo clase media/alta y salen acaudalados o millonarios, desde González a Sánchez pasando por Aznar, Zapatero y Rajoy. Ni siquiera vivir años con todos los gastos pagados puede justificarlo: luz, agua, vivienda, comida, ropa, servicio doméstico, vehículos, transporte, vacaciones… que además son una inmoralidad contra el principio de austeridad en el uso del dinero público. Los salarios conocidos no permiten el nivel de enriquecimiento evidenciado; deben percibir otras cuantiosas cantidades que no se conocen. No me consta que el presidente del Gobierno disponga de 60.000 euros diarios de libre disposición y uso discrecional de fondos reservados. Si así fuera, disponiendo cada día sólo de la mitad, 30.000 euros, sumaría 11 millones de euros cada año libre de impuestos, que pueden viajar por valija diplomática a cualquier país del mundo (Marruecos, Suiza, Venezuela, República Dominicana…). Lo mismo puede hacer cualquier ministro y otros cargos que disfruten de inmunidad diplomática y reciban contraprestación por contratos de su ministerio. No existe ningún control sobre las élites políticas.

Además de por baja calidad democrática, los agujeros negros existen en países con medios de comunicación mediatizados con subvenciones y publicidad institucional. Han existido siempre: atentado contra Carrero Blanco, 23F, GAL, Yak-42, “chivatazo” a ETA -bar Faisán- o 11M, entre otros. Agujeros negros son también prácticas policiales que vulneren libertades civiles de la ciudadanía en democracia. En España estas prácticas son apoyadas por los partidos mayoritarios (PSOE, PP, VOX y otros) desde la ley Corcuera de 1992 a la todavía vigente “Mordaza” de 2015. La Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mozos y las policías locales son formadas en identificaciones y sanciones indiscriminadas y masivas, muchas en cuantías desproporcionadas, con fines estadísticos y recaudatorios vulnerando derechos constitucionalmente protegidos en un Estado de derecho. Millones de identificaciones y sanciones cada año sustentadas en el principio de autoridad per sé, sin razón objetiva y justificada que permita identificar como exigen los tribunales Constitucional y Supremo. Se pisotean derechos civiles como rutina profesional.

La UE financia a sus países miembro con miles de millones de euros (sin devolución unos y a devolver en años posteriores otros), para paliar los efectos de la pandemia. En España, la esposa del presidente del Gobierno se anuncia en actos públicos como “faro” de las empresas y organizaciones que quieran tener una mejor proyección en el futuro. ¿A qué suena? La mujer del presidente haciendo de guía de empresas a las que asesora mientras su marido puede decidir el destino de grandes inversiones económicas. ¿Es posible un lobby vinculado a Moncloa para dirigir miles de millones de euros a determinados sectores productivos y empresas? Sin controles externos, luz, taquígrafo y máxima transparencia, este puede convertirse en un agujero negro que deje pequeños todos los demás.