PP y Vox pactan eliminar los informes de impacto de género para hacer planes urbanísticos en Madrid

PP y Vox han cerrado un acuerdo este viernes para aprobar en la Asamblea de Madrid la conocida como Ley Ómnibus, en la que incluirán la eliminación de la obligatoriedad de realizar informes de impacto de género en el planeamiento urbanístico de la Comunidad de Madrid.

Esta era una de las principales exigencias del grupo liderado por Rocío Monasterio para votar a favor de este Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de Justicia, en el cual se modifican 50 textos normativos, entre los que se encuentran un total de 31 leyes y tres decretos, así como seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos. Además, la norma incluye la derogación total o parcial de cuatro leyes y otros cuatro decretos.

Monasterio ha celebrado este logro porque este tipo de informes provocaban «el retraso de obras públicas y de creación de vivienda, con la consiguiente paralización de la inversión en la región porque suponen una traba más – de las muchas que ya existen- en la creación de riqueza».

Desde el Partido Popular reconocen que la obligatoriedad de dar estos informes, que se deriva de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid, ha resultado «ineficaz».

En concreto, detallan que «el texto acordado entre PP y Vox también supone la adaptación de la normativa autonómica de Urbanismo y Medio Ambiente a las nuevas realidades sociales y económicas de la región, dotando al marco normativo de la flexibilidad necesaria para favorecer el dinamismo empresarial de forma compatible con la protección de nuestro entorno natural. Así, a través de la modificación de la Ley del Suelo se permite que en la tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico no sea necesario solicitar los informes de impacto de género recogidos en las leyes LGTBi de la Comunidad de Madrid por resultar ineficaz».

El grupo parlamentario Vox celebra también haber llegado a otros «importantes acuerdos» con el equipo del Gobierno regional como «la agilización de licencias urbanísticas, mejoras laborales para los médicos, respeto a la dignidad humana con el impulso a los cuidados paliativos o el apoyo a agricultores, ganaderos y cazadores, entre otros».

Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha señalado que esta ley busca, por una parte, «impulsar la actividad económica, en especial después de la pandemia del Covid-19 y la guerra de Ucrania», algo que si bien ha sucedido con posterioridad a la presentación de este proyecto de ley «sus consecuencias hacen que este texto sea aún más bienvenido para reactivar la economía en Madrid».

Asimismo, ha insistido Ossorio, otro de los fines principales de la norma es “modernizar la Administración regional e ir adaptándola continuamente a los cambios que se producen en la sociedad y en la economía madrileña” para, además, “eliminar cargas innecesarias a los ciudadanos y empresas” en términos de burocracia y gestión.