El Gobierno de Ayuso avanza que Feijóo reformará el Código Penal para combatir la okupación

El Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso ha avanzado, por boca de su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, modificará, si llega al Palacio de la Moncloa, la legislación vigente para combatir con mayor firmeza la okupación ilegal.

«Uno de los objetivos del Gobierno de Feijóo va a ser dotar de instrumentos jurídicos adecuados la protección a la propiedad en un país que cree en la propiedad», ha lanzando López en la presentación del nuevo servicio 112 Ocupación que ofrecerá atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados por la okupación con tan sólo una llamada de teléfono.

Tal y como ha explicado el responsable de Justicia del Ejecutivo Madrileño, una de las medidas que deben llevarse a cabo es la modificación del Código Penal para que el delito de allanamiento de morada no castigue sólo a quien okupe una «morada», entendiéndose como tal únicamente la vivienda habitual, sino cualquier tipo de apropiación de la propiedad privada.

Además, López ha expuesto la necesidad de elevar la pena para quien en el delito de usurpación ocupe, sin violencia o intimidación, un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituyan morada, o se mantenga en ellos contra la voluntad de su titular, actualmente castigado con multa de tres a seis meses y no con prisión.

El consejero también ha urgido a que, a través de un procedimiento tramitado, previsto en una ley orgánica, un juez pueda en el plazo máximo de 72 horas pueda expulsar al okupante de una vivienda que carece de título de la misma en un procedimiento «con todas las garantías».

Pero, por el momento, y hasta que Feijóo, si así lo deciden las urnas, llegue a presidente del Gobierno de España y pueda efectuar estos cambios legislativos, el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que conformarse con, en la medida de sus competencias -entre las que no se incluye la seguridad ciudadana- poner instrumentos al alcance de los madrileños para paliar la okupación, cifrada en 4.300 viviendas en la región en la actualidad.

Así, el Ejecutivo ha puesto en marcha ese servicio 112 Ocupación, uno de los compromisos que adquirió Díaz Ayuso en su discurso de investidura, en el que, a través de una simple llamada telefónica, los perjudicados por una okupación en la Comunidad de Madrid tendrán a su disposición todos los recursos públicos disponibles de la Administración autonómica.

De esta forma quedará establecida una actuación exprés, con la activación inmediata de todas las administraciones implicadas, la tramitación rápida del expediente de recuperación, la movilización de las áreas de inspección y sociales y la plasmación del Informe Socioeducativo.

Una vez recopilada la información de los Servicios Sociales se notificaría a los Juzgados, y nada impediría la adopción de las medidas pertinentes para prevenir situaciones de exclusión residencial.