Ayuso pone en marcha una oficina antiokupación para combatir el «secuestro de la propiedad»

Una de las promesas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el arranque de su segunda legislatura fue la de poner en marcha una oficina antiokupación, algo que ya contempla en el proyecto de Presupuestos para 2022.

El Gobierno autonómico ha puesto el foco en un problema que en los nueve primeros meses de 2021 creció en la región casi un 25% respecto al mismo periodo del año anterior con 1.282 okupaciones, según los últimos datos ofrecidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se trata de un fenómeno creciente no sólo en Madrid -donde a día de hoy 2.000 de las 25.000 viviendas de titularidad pública están okupadas- sino en el conjunto de España, donde ha crecido un 18,3% en un año, de 11.319 de enero a septiembre del 2020 a 13.389 okupaciones de inmuebles en los mismos meses del año recién concluido.

La oficina antiokupación es un servicio que se va a enmarcar dentro del Centro de Coordinación Municipal (CECOM), según han informado a OKDIARIO fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, y que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros.

Tal y como avanzó el Gobierno de Ayuso en la presentación de sus cuentas para el próximo año, la Consejería que encabeza Enrique López ha incrementado su presupuesto un 8,6% respecto a este año, hasta los 914,4 millones de euros, 72,2 millones más.

Un incremento con el que se busca, entre otras cosas, «reforzar y potenciar el servicio de atención 012 como servicio multicanal, así como la implantación y coordinación de la puesta en marcha de nuevas funciones de atención al ciudadano en sus relaciones con la administración a través de medios electrónicos».

En concreto, en Coordinación de emergencias 112, la inversión va a crecer un 8,7%, 23,6 millones hasta situarse en los 293,8 millones de euros, mientras que en Seguridad el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso va a destinar 4,1 millones más que en 2019, es decir, un 4,4% más hasta los 94,3 millones.

La oficina Madrid 112 anti okupación por su nombre oficial, tiene como objetivo unificar y coordinar las acciones dirigidas para combatir la okupación de viviendas tanto públicas como privadas.

Además, en esta misma línea el Gobierno de Ayuso también adjudicará de forma temporal casas de la Agencia de Vivienda Social a las víctimas de la okupación que se hayan visto privada del uso de su residencia habitual.

En el texto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Asamblea Regional el pasado 22 de diciembre, figura en el ámbito de la Agencia de Vivienda Social que «seguirá trabajando para ofrecer soluciones a personas y familias vulnerables, en defensa del derecho a la vivienda de todos los madrileños».

Con este fin, prosigue, «en 2022 se desarrollarán obras de construcción de edificios de los que se beneficiarán ciudadanos de doce municipios de la región, incluido Madrid capital. Asimismo, se financiará el arrendamiento de viviendas construidas mediante cesión del derecho de superficie y trabajos de conservación y rehabilitación del patrimonio de la agencia».

La presidenta manifestó en su discurso durante el Pleno de investidura que la okupación ilegal «es una lacra que afecta especialmente a las clases medias que ven injustamente secuestrada su propiedad».

De acuerdo con los datos oficiales, en 2020 se produjeron en España 14.675 okupaciones, 4.793 de ellas en la Comunidad de Madrid, unos datos que para el titular de Justicia madrileño «no son una broma».

«Nuestro deber es proteger a las familias que deciden ahorrar e invertir y no a quienes se benefician ilegalmente de su esfuerzo y de la falta de legislación», ha señalado la presidenta cuando se ha referido a la necesidad de poner en marcha esa oficina.

«Por eso es un error de calado atacar la propiedad privada, dejar cada vez más desprotegido al propietario e intentar controlar los precios como se está intentando hacer en España», ha agregado.

Además, otra de las estrategias que va a seguir Ayuso para combatir la okupación es la de «personarse en las acciones judiciales que se desarrollen en aquellos asuntos que pongan en grave riesgo la seguridad personal de los ciudadanos o de sus propiedades, ante infracciones administrativas o penales provocadas por grupos organizados o individuos», tal y como se comprometió en el último de los trece puntos acordados con Vox para que diera su apoyo a las cuentas públicas de 2022.