El Gobierno aprueba en plena campaña una ayuda de hasta 7.600 € para los ‘nietos del exilio’ que vengan a vivir a España

El Gobierno ha aprobado, por la vía del real decreto, una nueva ayuda económica que beneficiará a los españoles que residan en el extranjero y tengan nacionalidad española de origen. Esto implica que podrán beneficiarse los nacionalizados por la polémica Ley de Nietos si cumplen determinados requisitos que habrán de establecerse reglamentariamente. La cuantía de la ayuda es de 4.000 euros como mínimo, pero puede llegar hasta los 7.600 euros en el caso de que tengan tres o más familiares a cargo.

La medida va incluida en el real decreto, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.

«Persona retornada»

El real decreto reconoce la condición de «persona retornada» tanto a quienes hayan residido previamente en España como a «la persona de nacionalidad española de origen nacida en el extranjero, si se traslada a España para establecer su residencia con carácter definitivo».

Así, por retorno se entiende tanto «el regreso» como «el traslado de una persona con nacionalidad española de origen al territorio nacional para establecer su residencia con carácter definitivo». «El retorno definitivo se acreditará mediante certificado de empadronamiento histórico que demuestre la voluntad de residencia en España».

La conocida como Ley de Nietos otorga la nacionalidad de origen a descendientes de emigrantes españoles, a través de determinados supuestos, como ser hijo o nieto de un español —lo que incluye hasta los emigrantes del siglo XIX, como demostró OKDIARIO—, o de un exiliado de la Guerra Civil y el franquismo.

Igualmente, pueden adquirir la nacionalidad española los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, o los descendientes mayores de edad de quienes les fue concedida la nacionalidad de origen por la Ley de Zapatero o la propia Ley de Nietos.

Esta ley, cabe recordar, ha generado polémica por la interpretación de Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, que amplió extraordinariamente su alcance. En la actualidad, alrededor de 2,5 millones de personas han solicitado la nacionalidad española, de las cuales más de 600.000 cuentan ya con una resolución favorable.

«Situación de vulnerabilidad»

Este colectivo de nacionalizados, por tanto, podría optar a la nueva ayuda del Gobierno, que se desarrollará en el plazo de un año, así como otros españoles que decidan residir en España y cumplan con los requisitos que reglamentariamente se establezcan. Por ejemplo, se sabe ya que una de las exigencias será tener entre 18 y 65 años y estar en «situación de vulnerabilidad económica», algo que queda a definición del futuro reglamento.

La nueva ayuda se recoge en la disposición final primera del Reglamento del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, que determina que «en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, el Gobierno aprobará la regulación de una ayuda económica dirigida a facilitar el retorno a España de las personas de nacionalidad española de origen en situación de vulnerabilidad económica, de 18 a 65 años, con especial atención a las personas españolas víctimas de violencia contra las mujeres».

«La norma determinará, al menos, los requisitos de acceso, el procedimiento de concesión, el régimen de pago, las incompatibilidades, las obligaciones de las personas beneficiarias y las causas de reintegro, y establecerá una cuantía básica de 4.000 euros por beneficiario individual, que podrá incrementarse hasta 7.600 euros cuando se trate de unidades familiares con tres o más familiares a cargo».

Esta medida se produce en plena precampaña electoral y también en plena polémica por la aplicación de la Ley de Nietos, después de que el Tribunal Supremo suspendiera el voto de los nacionalizados que no hubieran demostrado el exilio de sus antepasados.

El Gobierno admitió que sólo 901 de 163.355 nacionalizados por esta ley a los que era de aplicación la suspensión habían acreditado documentalmente que sus familiares eran exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. Por tanto, sólo estos podrán votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre.