Otra treta de Sofía Puente permitirá que el 29-N voten hasta los tataranietos de los falsos exiliados

La suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos presenta varias lagunas. La decisión del Tribunal Supremo sólo afecta a los beneficiarios de un supuesto concreto, el apartado 1. Es decir, los nacidos fuera de España «de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles» y que no hayan acreditado el exilio de sus antepasados. Sólo 901 de los 163.355 afectados por esta suspensión han justificado su condición de descendientes del exilio, por lo que el resto tienen el voto suspendido. Sin embargo, se da la paradoja de que los descendientes de éstos sí podrán votar. Cualquier descendiente mayor de edad que haya adquirido la nacionalidad española en virtud de la misma Ley de Nietos, pero a través de otro supuesto no analizado por el Supremo.

El Tribunal Supremo rechazó este lunes suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la Ley de Nietos, de forma que podrán votar el 29-N. La cifra de este colectivo, 189.678 personas, es superior a la de los destinatarios de la suspensión cautelar ya acordada. El Alto Tribunal lo justifica en el «breve lapso temporal» hasta las elecciones, por lo que «iniciar ahora un proceso de revisión del CERA resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral».

La cuestión es que esa concesión no se limita a los hijos, como reza literalmente la Ley de Memoria Democrática, sino a cualquier descendiente mayor de edad. Y esto, según una interpretación de Sofía Puente, entonces directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, de mayo de 2023.

La maniobra de Sofía Puente

La Ley de Memoria Democrática prevé varias formas de acceder a la nacionalidad.

Por un lado, la opción que ha sido analizada por parte del Tribunal Supremo: «Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».

Como se ha comentado, 163.355 personas fueron nacionalizadas por esa vía, pero sólo 901 han podido probar el exilio de sus antepasados y, por tanto, podrán votar.

Pero hay otros dos caminos de acceso a la nacionalidad: el apartado a, que se refiere a «los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978». Y el apartado b: «Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad» a través de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero (2007) o de la Ley de Memoria Democrática (2022).

Nacionalización «sin límite»

El embrollo está en este tercer supuesto: Sofía Puente no limitó el acceso a la nacionalidad a los «hijos e hijas mayores de edad» de los nacionalizados, sino a cualquier descendiente «sin límite generacional».

Lo hizo en respuesta a un consulado, el de Montreal, que planteó esta duda: «Si los hijos mayores de edad del nacido en 1930, nacidos en los años 1950, podrían obtener la nacionalidad en base al apartado 1.b) de la Ley de Memoria como hijos mayores de edad del que hubiera adquirido la nacionalidad por la Ley de Memoria esto, a su vez, abriría el camino a la obtención de la nacionalidad a los nietos nacidos en 1980 y así sucesivamente (bisnietos nacidos en los años 2000, tataranietos nacidos en los años 2020)». En resumen, ¿existe algún límite para obtener el pasaporte español?

La respuesta de Puente fue que no. Ni la Ley de Zapatero ni la Ley de Memoria Democrática, alegó, establecieron «ningún límite generacional» para acceder a la nacionalidad.

Por consiguiente, según la hermana del ya ex ministro: «Si el ciudadano nacido en 1930 obtuvo la nacionalidad española por la opción de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 o por la Disposición adicional octava de la Ley 20/2022, sus hijos mayores de edad, por ejemplo nacidos en 1950, podrán optar a la nacionalidad española por el apartado 1.b) de esta misma ley, si éstos a su vez tuvieran hijos mayores de edad, por ejemplo nacidos en 1970 u 1980, también podrían optar por el mismo apartado, puesto que son hijos mayores de edad de alguien que obtuvo la nacionalidad por la opción de la Disposición adicional octava de la Ley 20/2022 y la siguiente generación, nacida en el año 2000, estaría en el mismo caso, serían hijos mayores de edad de quien obtuvo la nacionalidad por la opción de la Disposición adicional octava de la Ley 2022, no así los nacidos en el año 2020, que son menores de edad».

En consecuencia: los bisnietos de un ciudadano nacionalizado por la Ley de Memoria de Zapatero, o por la Ley de 2022 sí podrán votar porque no se nacionalizaron por el supuesto 1 -suspendido-, sino por el 1.b. Con ello, hasta tataranietos de emigrantes que, por lógica, no tienen nada que ver con el exilio español y que habrían salido de España, por ejemplo, a finales del siglo XIX podrán participar en los comicios. OKDIARIO ya reveló que los consulados estaban nacionalizando a descendientes de emigrantes que habían emigrado 54 años antes de la Guerra Civil.