Ayuso ahorra 1,6 millones al año con su plan energético mientras Sánchez la acusa de «irresponsable»

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, tiene vigente desde hace cinco años su Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos con el que cada año ha ahorrado 1,6 millones de euros.

El plan, de aplicación en los 3.812 edificios públicos de la región, se publicó en octubre de 2017 con una estimación de ahorro energético anual de 17,5 GWh y una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de casi 4.000 toneladas al año.

Además, el plan de ahorro energético de Ayuso contempla la sustitución de gasóleo para usos térmicos por gas con una estimación de reducción de la emisión de óxidos de nitrógeno (NOX) en más de 7 toneladas anuales y eliminación de la emisión de partículas vinculada a ese uso.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, en este tiempo de vigencia de estas medidas del plan de ahorro de Ayuso, en el que las actuaciones realizadas han superado las 3.000 con un coste de 148 millones de euros, se han ahorrado 25.895 toneladas equivalentes de petróleo y se han reducido las emisiones de CO2 en 82.622 toneladas.

Tal y como recordó la consejera del ramo, Paloma Martín, en la conferencia sectorial de energía celebrada el pasado 28 de julio y presidida por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, Madrid consideró cuando aprobó este proyecto «que era importante llevar a cabo medidas de mejora de la eficiencia energética en edificios públicos, tanto para conseguir reducir sus consumos energéticos, como por el valor ejemplarizante de estas actuaciones».

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tildado este martes a Díaz Ayuso de «egoísta e irresponsable» por haber anunciado que la Comunidad de Madrid no va a aplicar las nuevas medidas en su plan de ahorro energético impuestas por el Consejo de Ministros, entre las que se incluye no bajar el aire acondicionado a menos de 27 grados en verano ni subirlo a más de 19 grados en invierno en los comercios, la obligatoriedad de instalar un sistema de cierre automático de puertas y de apagar los escaparates a partir de las diez de la noche.

Madrid no se apaga

«Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?», ha escrito la presidenta madrileña en sus redes sociales, donde también se ha preguntado quién va a sufragar los gastos de las reformas de comercios que Sánchez ha impuesto y que además deben estar operativas antes del 30 de septiembre.

Además, el portavoz y vicepresidente del Gobierno, Enrique Ossorio, ha avanzado que los servicios jurídicos de la Comunidad van a analizar «seriamente» el Real Decreto del Gobierno para comprobar su constitucionalidad y, en su caso, recurrirlo.

«Todo aquello que nos parezca negativo para los madrileños y también, por supuesto, para los españoles, la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, que no sea normativa básica, evidentemente no lo va a aplicar», ha subrayado.

Las medidas de Sánchez deben servir para cumplir con el acuerdo de los ministros de energía de la Unión Europea, que se comprometieron días atrás a rebajar un 15% el consumo para ahorrar de cara al invierno y a la vez no depender tanto del gas ruso. Sánchez considera, en relación con la posición de Ayuso, que «cualquier comportamiento unilateral, egoísta e insolidario no representa el compromiso europeísta de la sociedad española».

El Gobierno madrileño puso en marcha su plan en 2017 en cumplimiento de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, que establece que el sector público debe desempeñar un papel ejemplarizante y le impone una serie de obligaciones, y la Directiva 2010/31/UE, sobre eficiencia energética en los edificios, establece que después del 31 de diciembre de 2018 los edificios nuevos que estén ocupados y sean propiedad de autoridades públicas sean edificios “de consumo energético casi nulo”.

En ese momento, la Comunidad de Madrid enumeró los beneficios del plan en los siguientes puntos:

– Ahorro energético, con la reducción de los consumos de los edificios.

– Ahorro económico, con la correspondiente reducción de las facturas de los productos energéticos.

– Mejora medioambiental, por una parte, porque al reducirse los consumos se reducen las emisiones, y, por otra parte, porque las nuevas instalaciones son más eficientes (por ejemplo, las calderas nuevas realizan mejor la combustión), con lo que también se reducen las emisiones, que afectan a la calidad del aire de las zonas urbanas.

– Mejora del confort para los trabajadores, ya que con la rehabilitación energética de un edificio se actúa sobre las condiciones de iluminación, ventilación y confort térmico.

– Reactivación económica, al generar actividad para las empresas constructoras, instaladoras, etc.

– Efecto ejemplarizante de la Administración, y, específicamente, mentalización en el sector de oficinas de la mayor facilidad de alquiler y, por tanto, mejor precio, de los inmuebles con buena calificación energética.