La alcaldesa de Alcorcón mantiene a dos cargos puestos a dedo condenados a 3 años de inhabilitación

La alcaldesa socialista de Alcorcón, Natalia de Andrés, mantiene en sendos cargos designados a dedo a dos ex concejales socialistas que, al igual que ella, han sido condenados a inhabilitación por la quiebra de una empresa pública.

Se trata de Manuel Lumbreras Fernández y de Francisco Siles Tello, ambos contratados actualmente como personal eventual en el Ayuntamiento de Alcorcón y que, al igual que la socialista, formaban parte del consejo de administración EMGIASA, la empresa municipal de vivienda del municipio, y que han sido condenados a tres años de inhabilitación para administrar -por sí o dentro de órgano colegiado- bienes ajenos de titularidad pública o privada.

Sin embargo, la alcaldesa de Alcorcón no tiene ninguna intención de destituirles, al igual que no la tiene de dimitir, tal y como ha confirmado ella misma en rueda de prensa este miércoles, por lo que ambos continuarán por el momento en sus respectivos puestos en el Consistorio.

Lumbreras ocupa, desde el 2 de enero de 2020, el puesto de coordinador de Alcaldía-Presidencia cuyo cometido es el de «apoyo directo e inmediato al órgano para el que presta servicios, a través de tareas de coordinación, asistencia o funciones de asesoramiento», mientras que Siles trabaja desde el 16 de septiembre de 2019 como coordinador en la Concejalía de Mantenimiento con idénticas funciones atribuidas que las de su compañero.

Lumbreras estuvo imputado por presuntos delitos de prevaricación y malversación por la realización de una serie de pagos con dinero público en contra de los informes de Tesorería Municipal y la Intervención durante su época como concejal de Hacienda en el Ayuntamiento entre 2008 y 2011 pero que, finalmente, un juzgado de la localidad desestimó en 2016.

Para De Andrés, la sentencia dictaminada por el Juzgado de lo Mercantil nº6 de Madrid, que la condena a ella, a estos dos ‘enchufados’, así como al ex alcalde socialista Enrique Cascallana, al propio Ayuntamiento de Alcorcón y a otras cinco personas,  es «desproporcionada» y no recoge «la realidad» de lo ocurrido en EMGIASA.

Por eso, ha anunciado que recurrirá el fallo con el convencimiento de que instancias superiores le den la razón y ha asegurado que no va a dimitir como alcaldesa de Alcorcón porque la condena se limita a inhabilitarla en el ámbito mercantil y no en el político.

De Andrés pidió la elaboración de un informe sobre la sentencia a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que concluyeron que ésta no afecta «al normal desarrollo» de sus funciones como alcaldesa.

Además, Podemos, socio de coalición del PSOE en el quipo de gobierno alcorconero, ha avanzado que no va a romper el Ejecutivo y que su intención es agotar la legislatura, a pesar de que toda la oposición en bloque se ha lanzado a pedir la dimisión de la alcaldesa por estos hechos.

El juez ha dado por válida la acusación de la Fiscalía que entendía que la situación de quiebra que alcanzó la empresa fue consecuencia directa de una gestión «negligente» por una «conducta dolosa» que «agravó la situación de insolvencia». En concreto, el Fiscal se apoyaba en dos actuaciones, en las que la dirigente socialista votó a favor.

En primer lugar, la decisión de repartir dividendos (16,1 millones) y el traspaso a ‘reservas voluntarias’ del beneficio registrado de 19,4 millones, a sabiendas de que el consejo de administración debía hacer frente a los pagos (114 millones de euros) de la construcción del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA). Una macro obra del alcalde Cascallana que nunca llegó a completarse. La empresa no reflejó como debía en sus cuentas el sobreprecio por las sentencias definitivas de las expropiaciones del Ensanche Sur.

En segundo término, las relaciones comerciales que Emgiasa mantuvo con Gesmansur. Según el fiscal, «no estaban amparadas en una contratación administrativa válida, pues se prescindió total y absolutamente de los trámites administrativos legalmente previstos». En este punto, el fiscal explica que la insolvencia vino por «el sobreprecio existente en la facturación que Gesmansur presenta a Emgiasa», cuantificada en 1,5 millones de euros.